El Reporte de Competitividad Global 2003-2004 del Foro Económico Mundial coloca la calidad del sistema educativo de nuestro país en el lugar 74 de 102, por debajo de países con economías mucho más pequeñas que la nuestra, como Uganda, Ghana, Serbia, Zimbabwe, Kenia y Jamaica. En las tablas de evaluación del organismo México aparece por debajo del renglón 50 en investigación científica y tecnológica, cantidades relativas de científicos e ingenieros, gasto en investigación y desarrollo y disponibilidad de tecnologías de información y comunicación en las escuelas. En la calidad de la educación científica y la enseñanza de matemáticas nuestro país ocupa el lugar 80, por debajo de Uruguay, Colombia, Argentina, Chile, Brasil y Panamá, y abajo inclusive que Malí, Malawi y Ghana.

Nadie puede llamarse a sorpresa ante las cifras referidas. En meses recientes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), grupo de naciones desarrolladas a las que se incorporó la nuestra a instancias del salinato, ha colocado a México en el último lugar -el 30- en inversión en conocimiento, innovación tecnológica y porcentajes del PIB asignados a ciencia, investigación y desarrollo, y recientemente el organismo deploró el nulo interés oficial hacia la investigación educativa en enseñanza básica.

En un informe del Banco Mundial (BM) dado a conocer anteayer en estas páginas, se señala, por otra parte, que la media de instrucción escolar entre los indígenas mexicanos -pobres entre los pobres- es de apenas cuatro años. El desastre de la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología en nuestro país está a la vista en muchos otros informes y documentos nacionales e internacionales.

Es obligado reconocer que esa catástrofe tiene componentes heredados de los tres recientes gobiernos priístas (1982-2000), en los que la administración pública fue puesta al servicio de la especulación financiera, se desmanteló la presencia estatal en la economía mediante una política regular de privatización de activos y socialización de pasivos, se destruyó buena parte de la planta industrial y del tejido socioeconómico agrícola con aperturas comerciales indiscriminadas y se desatendió la obligación pública en materia de salud, vivienda, regulación laboral, educación y cultura. Pero debe señalarse también que, en esos terrenos, el presente gobierno no sólo no ha hecho nada por revertir los saldos de sus antecesores sino que, por el contrario, ha emprendido una visible ofensiva contra la educación pública -presupuestal, conceptual, administrativa, de contenidos- en sus distintos ciclos.

El proyecto del gobierno en curso en materia educativa es meridianamente claro: transformar la enseñanza en un instrumento de estratificación oligárquica de la sociedad, impulsando escuelas y universidades privadas en detrimento de las instituciones públicas, y constreñir el acceso al conocimiento a los sectores medios y altos.

Los vencidos de la historia y los derrotados de la economía no merecen, en esa lógica, ni siquiera una mención en los libros de texto. Una expresión particularmente ofensiva de esta lógica es el caso de los indígenas, el sector poblacional con menor acceso a la educación primaria. Ahora el foxismo busca, además, eliminar las referencias a los pueblos prehispánicos en los programas de secundaria.

Los resultados de la visión gubernamental en materia educativa -excluyente, eficientista, clasista y frívola- están a la vista: nuestro sistema educativo es, en términos más generales, más malo que los de Malí, Uganda y Ghana. ¿Se hará una referencia a este dato en el próximo informe presidencial?