Integrantes del Comité Ciudadano se reunieron con el titular de la Femospp

Ofrece Carrillo Prieto "consignaciones de muy alto nivel" para el 15 de julio

Generales y Luis Echeverría, posibles detenidos por la represión del 10 de junio de 1971

BLANCHE PETRICH Y JESUS ARANDA

El titular de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femoscpp), Ignacio Carrillo Prieto, "ofreció todas las seguridades" a los 11 integrantes del Comité Ciudadano de Apoyo a esa fiscalía de que el 15 de julio "se hará algo contundente", y "habrá consignaciones de muy alto nivel, incluidos generales y el ex presidente Luis Echeverría Alvarez", como responsables de algunos de los casos históricos de represión que ha investigado esta instancia en sus 30 meses de trabajo, aseguraron dos miembros del comité, Sergio Zermeño y Salvador Martínez della Rocca.

Entre las acciones contundentes que prometió Carrillo se encuentra la configuración de causas penales muy claras, que impidan que los jueces puedan evitar o rehuir el dictado de órdenes de aprehensión, como se intentó en varias ocasiones antes de la única consignación lograda hasta el momento por la Femospp, la de Miguel Nazar Haro, titular de la extinta Dirección Federal de Seguridad.

Carrillo fijó como plazo el 15 de julio luego de que el Comité Ciudadano manifestó internamente su extrañeza y sus dudas por el largo periodo de investigación de los casos y por la falta de resultados tras dos años y medio de trabajos de la fiscalía especializada.

La fiscalía está por concluir la integración de la averiguación previa por los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971, en la que considera como presuntos responsables por genocidio al ex presidente Luis Echeverría Alvarez; el ex secretario de Gobernación Mario Moya Palencia; los ex procuradores Julio Sánchez Vargas y Pedro Ojeda Paullada.

En caso de que sea consignado el general Manuel Díaz Escobar, quien fue jefe del grupo de choque conocido como los halcones, se sentará un precedente importante, ya que sería el primer militar involucrado en acciones de represión política juzgado en el fuero civil. En los halcones participaban más de 260 jóvenes adiestrados para llevar a cabo actos de provocación durante las protestas estudiantiles de 1968, pero tres años después tuvieron una participación central en la matanza perpetrada el Jueves de Corpus (10 de junio) de 1971.

También está pendiente que la fiscalía actúe penalmente contra el jefe del Estado Mayor Presidencial de Gustavo Díaz Ordaz, general Luis Gutiérrez Oropeza, quien según informes de testigos y documentación obtenida en el Archivo General de la Nación, envió por lo menos a 10 francotiradores a la plaza de las Tres Culturas (Tlatelolco) el 2 de octubre de 1968, lo que dio inicio a la masacre y la represión contra los líderes estudiantiles.

Sobre las pesquisas relacionadas con la guerra sucia de los años 70, hasta la fecha sólo han sido consignados penalmente los generales Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro Escapite -ante la Procuraduría General de Justicia Militar-, acusados de asesinar al menos a 189 campesinos en el estado de Guerrero, quienes habrían sido tirados al mar desde aviones de la Fuerza Aérea Mexicana en el contexto del combate a la guerrilla de Lucio Cabañas. Pero estos fueron juzgados por un tribunal castrense.

Aun cuando se ha mencionado la participación de otros generales de división que tuvieron cargos de importancia en el estado de Guerrero durante esa etapa de represión -empezando por Enrique Cervantes Aguirre, ex secretario de la Defensa Nacional; José Domingo Ramírez Garrido Abreu, actual secretario de Seguridad Pública de Nuevo León-, lo cierto es que no se ha iniciado acción penal en su contra, ni por la Femospp ni por la procuraduría militar.

Martínez della Roca y Zermeño señalaron que, después de 30 meses de investigación sobre hechos históricos suficientemente documentados, es necesario definir acciones. Aseguraron tener esperanza después de las "seguridades" que ofreció el fiscal de que el 15 de julio "a más tardar" se conocerán algunas consignaciones de personajes claves. "Carrillo ha dicho que, si bien las torturas se aplicaban en los sótanos, las decisiones y las órdenes se tomaban en el penthouse. Espero que el día 15 veamos consignados algunos dueños de esos penthouse", comentó Martínez della Roca, ex delegado de Tlalpan.

Zermeño reveló que "en la medida en que pasaba el tiempo y la fiscalía no llegaba a conclusiones, algunos empezamos a cuestionar si la existencia de este comité tendría sentido". Las declaraciones del secretario de la Defensa, Gerardo Clemente Vega García, y las del subprocurador Santiago Vasconcelos sobre la conveniencia del perdón a los responsables de la guerra sucia, la semana pasada, "nos hizo cuestionar muy a fondo el papel que estamos cumpliendo ante la Femospp".

Martínez della Roca confirmó lo anterior y añadió: "Si las cosas se siguen atorando vamos a tener que tomar una decisión sobre si seguir o no como comité."

El lunes 28, los 11 integrantes del Comité Ciudadano demandaron la "impostergable" consignación de los responsables del 2 de octubre y del Jueves de Corpus, el arresto de Luis de la Barreda y Juventino Romero, prófugos desde hace ocho meses, cuando fueron libradas las respectivas órdenes de arresto, y el cumplimiento de la promesa del presidente Vicente Fox de vencer todas las resistencias para que esos delitos no queden impunes.

Tras esa fecha se desencadenaron hechos que hicieron temer que el trabajo de la Femospp no culminara. El martes 29 la Suprema Corte de Justicia dictaminó en favor de la no prescripción del delito de desaparición forzada, aunque reguardó al Ejército al determinar que los delitos cometidos en el marco de la llamada guerra sucia pertenecen al fuero militar. El miércoles 21 el secretario de la Defensa apeló "a la reconciliación y al perdón" sin precisar nada más. Al día siguiente el subprocurador Vasconcelos ligó esta frase a las investigaciones en curso sobre los crímenes históricos de represión política del pasado.

Entre las múltiples reacciones, destacó la del ex diputado priísta Gustavo Carvajal Moreno, quien señaló que si lo que se pretende es consignar a ex gobernantes como Echeverría y Mario Moya Palencia se podría llegar "al rompimiento del tejido social y al enfrentamiento innecesario".

Esta cadena de declaraciones -dijo Zermeño- "abrió una vía muy compleja" y revivió el dilema de algunos miembros del Consejo Ciudadano de la Femospp. "Sabemos que el fiscal tiene una noción muy clara de que hay delitos que perseguir y responsables al más alto nivel que merecen castigo. Y que dejar sin sanción matanzas históricas es muy mala señal para la transición democrática. Si no lo hace, será muy difícil continuar en el comité".

Es en ese marco donde, según Zermeño y Martínez, Carrillo Prieto aseguró que este día 15 "habrá un quiebre" en la tendencia que hasta ahora ha tenido la Femospp de postergar decisiones. Martínez della Roca añadió que el día 15 fue un plazo fijado por él mismo. "Y si bien es cierto que no debe haber plazos fatales, tampoco puede haber plazos indefinidos. Ya llegamos a tiempos de definiciones".