Se prevén recompensas a quien ayude mediante informes

Impulsarán diputados del PRI ley contra el secuestro

Devolución del rescate a familiares de la víctima, otro punto

ENRIQUE MENDEZ

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados impulsará una ley contra el secuestro, la cual pretende definir las bases de cooperación entre los gobiernos federal, estatales y municipales para que puedan actuar de manera coordinada y simultánea, independientemente del ámbito de su competencia, para abatir ese delito. El proyecto considera, entre otros puntos, recompensas a quienes ofrezcan información para la localización de las víctimas, así como la devolución del rescate a los familiares de secuestrados.

La posibilidad de que el dinero pagado por la liberación de un familiar sea recuperable despertó tal interés entre las organizaciones convocantes de la marcha del domingo 27 de julio que hoy se reunirán en San Lázaro representantes del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y de México Unido contra la Delincuencia con diputados del tricolor que redactaron la iniciativa, entre ellos el presidente de la Comisión de Seguridad, Jorge Uscanga Escobar.

La iniciativa -con proyecto de decreto- de los legisladores del PRI plantea que la urgente demanda de que se restaure la seguridad pública y sean protegidos el patrimonio, la libertad, la integridad física e inclusive la vida de los mexicanos, exige que en el combate a los secuestros participen todos los sectores.

Con ese ánimo, los priístas plantean el establecimiento de las bases de coordinación entre los tres niveles de gobierno para establecer las reglas de investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas a quienes cometan el delito de privación ilegal de la libertad. También propone integrar un sistema nacional de combate al secuestro, considerar al plagio, por regla general, como delito del fuero común y por excepción, del fuero federal, y que el Consejo Nacional de Seguridad Pública promueva la unificación de los dispositivos legales en la materia, con el objetivo de establecer un trato uniforme en todo el país.

Para agilizar la persecución del delito, se plantea que se proceda de oficio en la indagatoria de un plagio en el momento en que la autoridad tenga conocimiento de que se ha cometido dicho ilícito. La iniciativa señala que, con base en las circunstancias en que se hayan cometido los hechos delictivos, el Ministerio Público de la Federación pueda ejercer la facultad de atracción y que las autoridades judiciales federales sean competentes para conocer del ilícito, y se considera que para la prescripción del delito se duplique el tiempo. El capítulo 2 propone que las personas que aporten información cierta y eficaz para la liberación de las víctimas, y la localización y detención de los secuestradores, sean recompensadas y su identidad sea mantenida bajo reserva.

Otro punto para agilizar el combate al secuestro es obligar a los jueces a resolver una solicitud de orden de cateo a más tardar en las seis horas siguientes después de ser presentada, y se incluye la posibilidad de que, después de vencido ese plazo, el Ministerio Público, tras valorar la urgencia del caso, ordene por escrito la intervención.

Plazos similares se establecen para la intervención de comunicaciones y, en el caso de conversaciones telefónicas, el Ministerio Público podrá ordenar la transcripción de aquellas que hayan sido grabadas, siempre y cuando sean sustanciales para la averiguación previa.

El capítulo 5 considera la posibilidad de que el Ministerio Público incaute de inmediato los bienes que se encuentren en poder de los secuestradores y, previa autorización judicial, los entregue a la brevedad posible a sus dueños, si se entregaron como rescate para la liberación de la víctima.