Ricardo Robles

Justicias coyunturales

Casi de moda, como la inseguridad, está el tema de la diferenciada administración de la justicia, acomodada a conveniencias, coyunturas o tratos especiales para rescatar o hundir. El trasfondo suele ser político; el conducto suelen ser los medios televisivos en tono de escándalo, por aquello del impacto. Mientras más públicas sean las personas afectadas, mayor es el ruido, porque mayor es el peculio político que reditúa el caso. Paradójicamente el blindaje de los afectados notables es también mayor. Resulta costoso políticamente desaparecerlos o eliminarlos, y olvidarlos en prisión es casi imposible.

Pero la discriminación y el racismo agravan los atracos de tal justicia politizada. Los pobres, los anónimos, los indios, los casi todos, no tienen el blindaje protector de los reflectores. Pueden ser eliminados, desaparecidos, destruidos, olvidados en las prisiones. Basta que sean incómodos o que resulten oportunidad para que alguno presuma de un desplante justiciero. No obstante, alguna vez, y cada vez más, hay amigos solidarios que luchan estos casos perdidos.

Por conveniencias, compadrazgos o indolencias, la justicia cerró los ojos en el caso de Isidro Baldenegro y Hermenegildo Rivas, ahora recientemente liberados. Sólo cuando el ruido internacional fue ineludible y logró entrar a las televisoras fueron liberados, y aun entonces con reticencias. Las pruebas sembradas en su contra se habían desmoronado. Las pruebas de descargo quedaban claras, pero ignoradas. Año y meses estuvieron presos sin razón por defender sus bosques, su identidad, su mundo. Resultaban incómodos para los caciques, por organizarse, por protestar y proteger lo suyo. El mismo 29 de marzo de 2003, cuando los aprehendieron, sesionaba en Pericos una asamblea que aseguró el predominio mestizo en el ejido y autorizó reanudar la explotación forestal. Eran molestos, eran indios. Eliminarlos sin más era escandaloso. Había que acabarlos, sembrarles pruebas, enjaularlos como escarmiento para los demás. Así se hizo en Coloradas de la Virgen. Y de paso a Baborigame y a la prisión de Parral, la judicial se detuvo en Pericos para rendir cuentas a los caciques.

En este caso, el proceso que se siguió luego ejemplifica lo acomodaticio de la administración de justicia que también agrede en Tarahumara. No es el manoseado estado de derecho lo que importa, las conveniencias político-económicas marcan el paso.

El 16 de junio pasado supe por la prensa de dos hechos prácticamente simultáneos y discordantes. Se notificaba la pronta liberación de Isidro y Hermenegildo; cesaba una injusticia. Al mismo tiempo la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con el florido lenguaje que bien le va, declaraba en Chihuahua que en la CDI no ca-bían "ni ladrones ni huevones". Aludía a un asunto que lleva ya cinco años y que no detallaré aquí. El caso es que un fraude, en el entonces Instituto Nacional Indigenista (INI), involucraba al director del Centro Coordinador de Guachochi, Nicolás Víctor Martínez Juárez, y a la señora Monserrat de la Cruz Islas Leyva, encargada de la contabilidad y administración de los fondos regionales. El robo no había sido detectado en auditorías realizadas por el INI federal, ni en supervisiones mensuales que el instituto estatal realizaba. Las actas administrativas registran que la señora Islas Leyva reconoció haber sustraído el dinero: más de millón y medio de pesos. Lo confirma otra auditoría que al fin descubrió el robo. Los proyectos productivos de las comunidades indígenas se cancelaron o quedaron a medias.

La contraloría interna del INI determinó en diciembre de 2002 que la responsabilidad del director era exclusivamente administrativa, no económica. Se le sancionó y, cumplida la sanción, renunció al cargo. Y ahora, por error de un abogado del INI en México que, según se dice, estuvo mal informado, revive el caso, ya que la demanda por peculado se hizo contra ambos. La señora Islas Leyva desapareció con el dinero y la policía judicial no la encuentra. Así, el único acusado que queda a la mano es el señor Martínez Juárez. Por eso el 2 de junio se dictó contra él orden de aprehensión, el día 21 auto la formal prisión, y logró un amparo.

En la misma Tarahumara, por esos días, unos salieron libres porque fue necesario políticamente. Otros, al parecer, son nuevas víctimas de la oportunidad política. Y permanece la duda sobre la red de auditorías, informes y funcionarios que por años ignoraron el saqueo.