Propuso a diputados convertir en deuda pública 220 mil millones de pesos

Plantea el IPAB asumir la deuda de los bancos; luego, auditarlos

Destaca la ''conveniencia'' de hacer el canje de pagarés del Fobaproa Su estrategia no permitiría reducir el costo fiscal del rescate bancario, advierte el asesor económico Di Costanzo

ENRIQUE MENDEZ

La junta de gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) propuso a los diputados de la Comisión Investigadora del Rescate Bancario constituir un nuevo programa de capitalización y compra de cartera, a través del cual también se busca legalizar la compra de créditos y cartera vencida que se convertirían en deuda pública por más de 220 mil millones de pesos.

En un documento que entregó a los legisladores, el IPAB plantea argumentos favorables a los bancos, y destaca la ''conveniencia'' de realizar el canje de pagarés del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), para después llevar a cabo las auditorías ordenadas por la Cámara de Diputados. Si de las mencionadas revisiones se desprende que hubo irregularidades, sólo entonces plantea buscar que se finquen responsabilidades a los involucrados.

La intención del IPAB es convertir en deuda pública los 220 mil millones de pesos derivados de la aplicación de los Programas de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC) a los bancos Banamex, BBVA-Bancomer, HSBC (Bital) y Banorte.

El texto -distribuido entre los legisladores que sostuvieron una reunión ''de acercamiento'' con los funcionarios del IPAB- que se tituló Formalización del nuevo programa a que se refiere el artículo quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, realiza una interpretación favorable a los bancos, pero altera el texto original de dicho artículo así como otros apartados de la misma legislación, aunque en estricto sentido no tienen relación con el canje de pagarés.

Por ejemplo, indica que ''de conformidad con lo establecido en la ley del IPAB, existe la obligación de celebrar un 'nuevo programa', para lo cual se cancelarán los pagarés de Fobaproa, y el IPAB emitirá nuevos instrumentos de pago''.

Sin embargo, el llamado ''Nuevo programa de capitalización'', así como sus bases, ya fueron publicadas, y las reglas de operación fueron aceptadas por los bancos desde 1999, cuando el IPAB informó que ''si como resultado del proceso de revisión se detectan créditos ilegales, el instituto podrá optar por rechazar y devolver los mismos a las instituciones'' que los originaron.

En ese entonces, el instituto había señalado, con base en el párrafo séptimo el artículo quinto transitorio, que ''cuando la ilegalidad del crédito sea atribuible a la administración del banco, ésta deberá absorber su costo (y) el instituto devolverá los créditos y reducirá el monto del instrumento de pago''.

En su documento, la junta de gobierno del instituto ahora interpreta que ''sólo en el caso de que la ilegalidad sea atribuible al banco, el IPAB debe reducir el monto del pagaré que emitió a favor del banco''.

Además, el instituto da por hecho que ''las auditorías ordenadas por la cámara ya concluyeron y la única razón de la existencia del Fobaproa es la de administrar las operaciones del PCCC'', de manera que ''es necesario que el IPAB formalice un nuevo programa al que se refiere el artículo quinto transitorio, para que tanto la SHCP y el Banco de México puedan extinguir al Fobaproa''.

Sin embargo, las auditorías a que se refiere no han concluido pues -comenta el asesor económico del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, Mario di Costanzo- la investigación que realizó el auditor Michael Mackey no constituyó una auditoría, como el mismo canadiense reconoció en su momento. Incluso, el IPAB aún no ha procesado los denominados bank reports ni los papeles de trabajo''.

Di Costanzo señaló que la estrategia planteada por el IPAB no permitiría la reducción del costo fiscal del rescate bancario, ya que el trabajo de Mackey no constituye una auditoría, porque si fuera así habría implicado el descuento derivado de las operaciones irregulares. El contador canadiense realizó operaciones ''reportables'', con la reserva de que una auditoría propiamente hecha determinara lo conducente