Ayer, la Corte Internacional de Justicia de La Haya determinó que el muro que construye el gobierno de Israel en Cisjordania contraviene las leyes internacionales y constituye una "anexión de hecho" de territorios palestinos ocupados, por lo que pidió a Tel Aviv que derribe la parte del muro edificado en Jerusalén del Este, cese la obra, pague indemnizaciones a la población que ha sido afectada y regrese las tierras confiscadas. La Corte hizo un llamado a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que tomen las medidas necesarias que pongan fin a la "situación ilegal" creada por la ignominiosa construcción. La resolución del máximo tribunal internacional refrenda la denuncia del propio pueblo palestino, de ciudadanos israelíes, de activistas, intelectuales y de defensores de derechos humanos de todo el mundo sobre las graves violaciones que el régimen de Ariel Sharon perpetra contra civiles en Cisjordania en nombre de la seguridad de Israel. Resulta de gran relevancia que la Corte haya desechado las justificaciones de Sharon para erigir ese muro y, en cambio, reconozca que tal construcción, junto con otras medidas, han impedido al pueblo palestino ejercer la autodeterminación.

Tras esta resolución, que sólo recibió el voto en contra del representante estadunidense en la Corte y fue respaldada por la Unión Europea, las posiciones de Tel Aviv y Washington quedaron aisladas en el ámbito internacional y sobrepasadas por el reconocimiento de la ilegalidad de las políticas criminales del gobierno israelí, las cuales han tenido un saldo devastador en vidas humanas y destrucción material. El cerco tiene por ahora una longitud de 170 kilómetros, pero el proyecto es que se extienda a lo largo de 730 kilómetros, en los que quedará cercada una población de 800 mil palestinos, aproximadamente. Con el pretexto de proteger los asentamientos israelíes en la zona, igualmente ilegales, Sharon pretende consumar el despojo de Jerusalén del Este y de los territorios ocupados en Cisjordania en 1967 durante la Guerra de los Seis Días.

El cerco no sólo es físico sino también militar y económico, factores que completan la estrategia genocida. Las incursiones de las tropas ocupantes causan a diario víctimas inocentes, muchos de ellos niños y jóvenes, y las demoliciones de casas lanzan a la miseria a cientos de familias. La apropiación territorial, señala un estudio de la organización Intermón-Oxfam, está obligando a cientos de miles de palestinos a emigrar o a vivir en la miseria. Con la construcción del muro, Israel está apropiándose de acuíferos necesarios para la actividad agrícola y destruye pozos para cortar el suministro de agua a las colonias árabes. Según datos de Oxfam, la calidad de vida en Cisjordania, deteriorada desde el inicio de la intifada, ha empeorado con el levantamiento del cerco: en esa zona, 1.4 millones de personas padecen inseguridad alimentaria y un millón cien mil estarán en esa condición si persiste la situación actual; quienes residían cerca de la frontera con Israel han perdido empleos y el flujo comercial que mantenían con la población judía, lo cual ha causado el deterioro en las condiciones de vida de cientos de familias que han visto reducir drásticamente sus ingresos. Ahora los trabajadores deben recorrer más kilómetros para cruzar el muro y llegar a sus lugares de trabajo, o peor, para trabajar sus propias tierras, ahora separadas por la construcción. Además, las autoridades israelíes han impuesto reglas que obligan a quienes viven allí a pedir permiso para ocupar sus propias casas o cultivar sus tierras. En los puntos de tránsito controlados por el ejército ocupante se cometen atropellos que han sido ampliamente documentados por Amnistía Internacional: se niega el paso a ambulancias o a autos particulares que transportan a enfermos, a embarazadas que necesitan atención médica, se confiscan tarjetas de identidad y, para hacer respetar los toques de queda, los soldados hacen disparos, lanzan gases lacrimógenos y granadas paralizantes.

Como ha señalado el escritor José Saramago, las políticas criminales del gobierno de Sharon persiguen la humillación del pueblo palestino. En Gaza y Cisjordania se lleva a cabo un genocidio ante el cual la comunidad internacional no debe permanecer inerte. Sería lamentable que la respuesta al dictamen de la Corte Internacional de Justicia se quedara en la negativa de Ariel Sharon a suspender la construcción del muro y detener las violaciones a los derechos humanos. Las instancias principales de Naciones Unidas no pueden seguir retrasando la toma de decisiones que pongan un alto a la ilegalidad de Tel Aviv y Washington en Medio Oriente.