López Brun culpa a Navarrete de las irregularidades administrativas en el partido

Aplaza el PRD el proceso de suspensión de derechos a ex secretaria de Finanzas

Ella y José Ramón Zebadúa piden copia de la auditoría a la gestión de Rosario Robles

RENATO DAVALOS

Dos días después de que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) inició el proceso de suspensión de derechos a María Eugenia López Brun y José Ramón Zebadúa -secretaria y coordinador de Finanzas, respectivamente, durante el periodo de Rosario Robles Berlanga al frente del instituto político-, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) decidió declarar una "moción suspensiva" tras la comparecencia de la primera ante ese órgano directivo para responder sobre el desorden financiero existente en el sol azteca, el cual se vio orillado a aprobar el viernes un "plan de choque", que incluye recorte de personal y recaudación extraordinaria de cuotas de los militantes.

En su comparecencia ante el CEN, López Brun se declaró inocente, culpó al secretario general, Carlos Navarrete, así como al resto del anterior comité, los cuales asumieron "responsabilidades colectivas", y presentó tres cartas, una de ellas notariada, en la que Robles le informó del nombramiento de Zebadúa, en quien la ex secretaria de Finanzas delegó facultades.

"No firmé ni un cheque ni oficio. Yo estaba en Jalisco", trató de justificar. "Sí, delegué facultades, pero porque así lo decidimos todos", añadió.

Zebadúa no asistió a la audiencia en el proceso que se le sigue, sino que remitió una misiva al presidente del PRD, Leonel Godoy Rangel, en la que le pidió darlo por presentado con el escrito y solicitó al CEN una copia completa de la auditoría que practicó el despacho Yamasaki y Galaz, con el objetivo de "no dejarme en estado de indefensión".

Recorte de personal

En tanto, el recorte de personal propuesto podría rebasar 20 por ciento de la actual plantilla. El informe financiero del primer semestre del año de la Secretaría de Finanzas en funciones revela que no se alcanzaron las metas de recaudación.

En caso de no obtener los recursos extraordinarios, advierte ese informe, no habría fondos para las campañas de febrero de 2005 -se necesitan 9.5 millones de pesos-, se suspendería el plan de organización -10.6 millones- y se reduciría "al mínimo el funcionamiento del comité ejecutivo, los organismos e institutos de agosto a diciembre", con lo cual se ahorrarían 2.3 millones.

También se dejaría de pagar el impuesto sobre la renta del año -14 millones de pesos-, se suspenderían prerrogativas a los estados por 8.5 millones de pesos; se reduciría el pago a proveedores por 16.5 millones y se diferiría el pago de brigadas, IMSS, Afore e Infonavit correspondientes a 2003, por 22.3 millones de pesos.

Después de la deuda que por más de 420 millones les heredó Robles Berlanga, revela el informe financiero, en el primer semestre se percibieron 174.4 millones de pesos. Los egresos fueron 179.9 millones. Durante ese periodo se amortizaron 71.4 millones correspondientes al pago de la deuda y su servicio y proveedores.

En el mismo contexto, el pleno del Consejo Nacional perredista aprobó anoche un plan de urgencia, que incluye el cobro de cuotas extraordinarias y especiales a militantes, a quienes se exhorta a aportar su cuota anual de 2004, por 45.24 pesos, equivalente a un salario mínimo, de acuerdo al estatuto vigente.

La demanda se extiende a los 6 mil 500 funcionarios que tiene el PRD en el país, representantes populares y legisladores.

A todos se les pide saldar los adeudos con el partido y que paguen una cuota especial de urgencia consistente en la aportación de un mes de salario mínimo, que podrá cubrirse en seis mensualidades.

A su vez, el plan de austeridad ya aprobado por el CEN establece la suspensión de contratación de nuevo personal y la cancelación de plazas vacantes, así como la aplicación de un descuento de 5 por ciento a directivos del comité y organismos, entre otras disposiciones.

"Tengo las manos limpias"

López Brun, acompañada de Juan Guerra, secretario de Asuntos Electorales en la gestión roblista, señaló -igual que Zebadúa- que hasta el momento no tiene en sus manos el informe final de la auditoría y sólo tiene conocimiento de la "interpretación" que de ese documento hizo el Organo Central de Fiscalización (OCF).

Además de la carta notariada que presentó al comité en la que Robles le informó que sus funciones pasaban a la Coordinación de Finanzas, López Brun presentó otra en la que la ex dirigente perredista notificó al entonces presidente del Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, sobre el nuevo cargo.

El tercer documento presentado es una carta que López Brun dirigió a Robles, en la que le pide que Zebadúa la represente ante las distintas instancias legales, según informó uno de los integrantes del comité que estuvo en el encuentro.

En la sesión de preguntas que el comité le formuló -según señaló otro de los asistentes- le pidieron aclarar cuándo informó de esos cambios fuera del estatuto al Consejo Nacional, y respondió, según la fuente: "nunca", y repitió lo mismo cuando le pidieron precisar si había comunicado el asunto al CEN. "Ustedes lo debieron haber inferido", añadió, de acuerdo con la fuente.

En la entrevista posterior, López Brun acusó a Navarrete de haberse quedado con las responsabilidades cuando ella se fue a Jalisco.

"No sé", respondió cuando le preguntaron si confiaba en el proceso que le han iniciado. "Como secretaria de Finanzas, por supuesto que no ordené el sobrendeudamiento. Son decisiones que se tomaron de manera colectiva".

-¿Rosario Robles ordenó el endeudamiento? -se le preguntó.

-No soy Rosario, soy María Eugenia y respondo por mí.

Asimismo, en una carta dirigida al comité, fechada en Coyoacán, señala: "Sería un acto de cobardía y de injusticia si mi actuación es motivo de suspensión de derechos. El secretario general, los secretarios, presidentes de comités estatales y consejeros asumieron y pusieron en práctica la decisión de tratar los asuntos administrativos con la Dirección de Administración".

A su vez, en la misiva que envió a Godoy, Zebadúa asegura que entregó la documentación al OCF, en la cual "acredita la participación del suscrito en el control y ejercicio del gasto en el periodo referido", y demanda el informe del despacho auditor. Durante la gestión se actuó "con estricto apego a la normatividad aplicable a los partidos políticos", señaló.

En entrevista, Carlos Navarrete anunció sobre la moción suspensiva, que se prolongará a la próxima semana, para analizar los expedientes, y rehusó referirse a las acusaciones de López Brun.

Por otra parte, el pleno del consejo aprobó a la nueva responsable de la Secretaría de Asuntos Juveniles, cargo que recayó en Azucena Reyes, una amalia.

Los consejeros también aprobaron la integración de la Comisión para la Transformación del PRD, con 80 miembros, entre ellos Julio Boltvinik, Manuel Camacho, Daniel Cazés, Arnaldo Córdova, René Drucker, Ugo Pipitone, Enrique Semo, Paco Ignacio Taibo II, Diego Valadés, Ricardo García Sainz y Carlos Payán.