La falta de transparencia en la rendición de cuentas en relación con el manejo de fideicomisos a cargo del gobierno federal plantea serias dudas sobre el destino que se ha dado a los millonarios recursos del erario destinados a esos fondos, y genera suspicacias sobre las razones que impiden a las autoridades abrir las cuentas al escrutinio de las instancias fiscalizadoras.

Al interponer el argumento del secreto fiduciario, el gobierno ha frenado la revisión de la administración de los 156 fideicomisos que ha creado, así como del establecido en 1997 de otro para el rescate carretero, FARAC, que depende de Banobras, y del denominado ISOSA, creado en 1993 bajo la estructura de Nacional Financiera, y mediante el cual la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) han administrado los ingresos por concepto de Derecho de Trámite Aduanero. Con tal obstáculo, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y a la Auditoría Superior de la Federación se ven imposibilitadas para llevar a cabo las investigaciones sobre las irregularidades detectadas en el manejo de varios de los fideicomisos. El caso de Transforma México, a cargo de la Lotería Nacional, es uno de éstos. Cuando mucho, el órgano auditor ha emitido recomendaciones a las dependencias correspondientes para que revisen, y en su caso, corrijan las faltas.

Entre las infracciones detectadas en el Informe de Finanzas Públicas al mes de marzo de 2004 y en la revisión de la Cuenta Pública de 2002, destacan ingresos no reportados a la Tesorería de la Federación por el cobro del Derecho de Trámite Aduanero. De acuerdo con el análisis de la Auditoría Superior, en 2002 esos ingresos ascendieron a 2 mil 806 millones de pesos, pero únicamente 803 millones entraron a las arcas públicas. Además, se señala que la creación de ISOSA (Integradora de Servicios Operativos) es totalmente irregular. Asimismo, figura el caso del dispendioso rescate de las carreteras concesionadas, para el cual se constituyó el FARAC (Fideicomiso de Administración del Rescate de Autopistas de Cuota). El órgano fiscalizador señala que hubo omisión de información en la Cuenta Pública de 2002 sobre los pasivos bancarios avalados por el gobierno federal -que en diciembre de ese año ascendían a 143 mil 442 millones de pesos-, y en general reporta que ha habido un manejo discrecional de ese fideicomiso a cargo de Banobras, situación por la cual varios funcionarios públicos deberían ser sancionados.

Si bien el caso del rescate carretero constituye una carga a las arcas públicas heredada de la pasada administración, era de esperar que el gobierno del cambio contribuyera a esclarecer esa privatización y no a perpetuar los mecanismos irregulares creados para consumarla.

Así, no basta que las autoridades reiteren en el discurso su compromiso con la transparencia en el manejo de los asuntos públicos si en los hechos ponen obstáculos a la rendición de cuentas. La omisión y el regateo de información a las instancias encargadas de fiscalizar, así como el manejo de recursos del erario al margen de la normatividad existente y sin que los funcionarios involucrados se vean obligados a responder por sus acciones, suscita desconfianza en el gobierno, lo cual, a su vez, merma gravemente el avance democrático. Tampoco es suficiente que el jefe del Ejecutivo salga, como lo ha hecho en días recientes, en defensa de la Lotería Nacional asegurando que no hay irregularidades en esa institución y que lo exhibido hasta ahora son calumnias. Es ineludible que se sustente en los hechos el compromiso de su gobierno con la transparencia en la rendición de cuentas.