Le exigen mayor participación social en el tema

Exhorto ciudadano a Creel en materia de seguridad

Democratizar el Consejo Nacional de Seguridad e incorporar al mismo grupos sociales, como los de familiares de las mujeres asesinadas en Juárez, demandaron al secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, un grupo de ciudadanos.

En un escrito que entregaron en la dependencia de Bucareli, advierten que la política es el único instrumento para ponerse de acuerdo y señalan que no sólo se debe combatir el secuestro de empresarios, comerciantes y en general el plagio con fines de lucro económico, sino también las desapariciones, torturas y homicidios en contra de dirigentes sociales, campesinos, periodistas y líderes de opinión, como el caso reciente del asesinato del estudiante de la UNAM Pável González.

Signado por Paulín Chávez, Mireya Rodríguez, Yamilé Paz, Enriqueta Chávez, Francisco Gordillo, Luis Mendoza y Rosalba Ramos, entre otros "ciudadanos preocupados por la inseguridad", el escrito advierte que el problema de los secuestros y del avance del crimen organizado no puede resolverse si se mantiene la política económica actual y se insiste en una visión disociada de lo social.

Por ello, "demandamos la pronta incorporación de grupos sociales y ciudadanos al Consejo Nacional de Seguridad", a fin de que en la reunión del próximo día 14 participen representantes de afectados de Ciudad Juárez, de Acteal, así como del Comité Cerezo, el Comité Pável, el Proyecto Esperanza y otros grupos "agraviados por décadas en materia de seguridad".

Además, firman la misiva Guillermo Portugal, Paula Herrera, Héctor Staines, Eduardo del Castillo, Patricia Benítez, Lilia Suek, Sandra Cruz, Maricamen Sauced, Froilán Rascón, Saúl Molina, Felipe Pérez Lara, Enrique y Patricia Cortés, Alejandrina Zamora y Alma Martínez Aburto, quienes advierten que de no incluirse a esas organizaciones, el día 14 estarán presentes a la puertas del lugar donde se llevará a cabo "el magno evento", para insistir en la democratización del consejo, así como en la transparencia de los órganos de seguridad.

Rafael Pérez Arvide, Juan Manuel Sánchez, Jesús Huerta, Alma León, José Luis Ibarra y Alfredo Rojas Díaz Durán también firman esa carta entregada en la Secretaría de Gobernación, en la que solicitan a Creel audiencia para analizar también el problema de la privación ilegal de la libertad de los presos de conciencia.

Señalan al funcionario que pretender desconocer la política lo único que impulsará es la ingobernabilidad en un país con 70 millones de pobres y una concentración de cerca de 60 por ciento de la riqueza en unas cuantas manos. Preguntan también qué sigue después de la marcha contra la inseguridad, si derrumbar las instituciones o decir que los partidos no sirven.

Insisten en que mientras se rechace la democratización del Consejo Nacional de Seguridad, así como el debate en torno al futuro de la nación, las medidas que se tomen tendrán un impacto limitado y de poca efectividad.