Junto al ex procurador Julio Sánchez Vargas, se les implica en la matanza del 10 de junio

Echeverría y Moya Palencia toman previsiones ante posible consignación

Presentan amparo a unos días de que venza el plazo para las primeras órdenes de aprehensión

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Tres ex funcionarios presuntamente implicados en la matanza del 10 de junio de 1971, entre ellos el ex presidente Luis Echeverría y quien fuera su secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, emprendieron acciones preventivas ante la justicia federal a fin de agotar todas sus garantías de defensa antes de ser consignados penalmente por esos hechos.

El miércoles de la semana pasada, el ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Julio Sánchez Vargas, así como Echeverría y Moya Palencia -los tres defendidos por el abogado Juan Velásquez- solicitaron la protección de la justicia federal mediante una demanda de amparo que presentaron contra la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).

Aunque en la demanda de garantías los tres ex funcionarios firman como quejosos, el asunto de fondo básicamente alude a una violación constitucional en perjuicio directo de Moya Palencia, ya que durante las investigaciones realizadas por la Femospp, ésta se negó a admitirle una prueba con la que demostraría que los halcones no dependían de Gobernación, como aseguraron varios testigos de cargo.

La demanda de amparo ''de fondo'' fue presentada a unos días de que venza el plazo (17 de julio próximo) de la fiscalía especial para solicitar las primeras órdenes de aprehensión.

Según fuentes judiciales, la demanda fue admitida para su posterior estudio el pasado viernes por el juzgado cuarto de distrito de amparo, y de entrada el órgano jurisdiccional fijó para el próximo 27 de julio la realización de la audiencia constitucional.

El objetivo central del recurso es evitar que los quejosos sean juzgados sin que se hayan agotado todas sus garantías de defensa ante la Femospp, y con ello tener la posibilidad de postergar unos días las consignaciones en su contra, indicaron los informantes.

No obstante, según las mismas fuentes, el estudio del amparo solicitado ''difícilmente detendrá las eventuales consignaciones penales de Moya Palencia y de los otros quejosos''.

La demanda de amparo refiere que hay una prueba ''contundente'' que demostraría que son falsas las declaraciones de los testigos de cargo de la PGR, quienes refirieron que los halcones sí dependían directamente de Gobernación.

Las pruebas de cargo de la fiscalía del pasado están basadas en recortes de periódicos, revistas y libros, así como a una entrevista que ofreció a la televisión de Monterrey el extinto regente capitalino Alfonso Martínez Domínguez. Ahí dijo que unos días antes de la matanza del 10 de junio el grupo halcones fue puesto a disposición del Estado Mayor Presidencial. Eso lo dijeron haber escuchado también los propios colaboradores del ex regente, quienes a diferencia de Martínez Domínguez sí ratificaron su dicho ante la Femospp.

No obstante, según consta en la demanda de garantías, en el expediente de la fiscalía hay un documento oficial que el propio Estado Mayor envió al Ministerio Público Federal para desmentir que los halcones hubieran estado bajo su tutela. Además, según las fuentes consultadas, consta el testimonio de un halcón, rendido a la Dirección Federal de Seguridad, donde se señala que el Departamento del Distrito Federal fue el que les ordenó disolver la manifestación, así como un oficio de la Secretaría de Seguridad Pública federal en el que refiere que ese grupo paramilitar tampoco dependía de la entonces Dirección General de Policía y Tránsito.

En la demanda se hace referencia a que la defensa de los indiciados solicitó al fiscal del pasado, Ignacio Carrillo Prieto, que se buscara en los archivos históricos de Gobernación -que se encuentran en el Archivo General de la Nación- si hay alguna constancia de que los halcones hayan estado a cargo de esa dependencia. Sin embargo, la Femospp se negó a pedir esa información, por lo que la defensa de Mario Moya Palencia determinó solicitar un amparo a fin de que por orden expresa de un juez federal se tome en cuenta dicha petición, que es una garantía de defensa de cualquier indiciado.

Hasta el cierre de esta edición la fiscalía especial no había solicitado las órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables de la matanza del 10 de junio de 1971, a quienes se imputarían los delitos de genocidio, homicidio y lesiones.