Iván Restrepo

Destrucción del bosque con "permisos"

Una de las promesas más repetidas por quienes los últimos años han ocupado los más altos cargos públicos en la ciudad de México ha sido la de evitar la expansión urbana sobre las áreas verdes, fundamentales para la recarga de los acuíferos de la cuenca del valle y como pulmones que oxigenan el aire que respira la población. Múltiples leyes, normas y reglamentos buscan impedir la apertura de fraccionamientos y desalentar las invasiones irregulares sobre áreas ecológicamente frágiles, arboladas o agrícolas. Aunque las autoridades suelen dar información muy positiva sobre los logros alcanzados en esa materia, cada año se pierden decenas de hectáreas de reserva ecológica. A veces se debe a las propias autoridades.

Precisamente la semana pasada se denunciaron dos casos de destrucción de áreas de conservación en la delegación Cuajimalpa. El primero en San Lorenzo Acopilco, donde personal de la delegación intentó desmantelar 35 viviendas en proceso de construcción, en un predio de siete hectáreas de conservación. Durante meses las autoridades, comuneros e invasores han sostenido, sin éxito, pláticas para resolver el problema. Ante la falta de "acuerdos", la autoridad decidió desmantelar esas viviendas y detener así el proceso de ocupación ilegal del área verde. Ante la protesta de quienes iban a ser afectados, así como de otros vecinos, se suspendió el desmantelamiento. Ahora las autoridades "negocian" de nuevo el asunto. El proceso de invasión viene de años atrás y tiene claros tintes partidistas y electorales: al llegar la época de elecciones, se termina por validar oficialmente lo ilegal mediante los Planes Parciales de Desarrollo.

El segundo caso no involucra a pobres necesitados de un lugar para vivir, sino a un "desarrollador" que busca construir 21 mansiones, ocupando casi siete hectáreas que son parte de una extensa barranca con un bosque en perfectas condiciones naturales. La barranca mide cerca de 120 hectáreas, catalogadas en el programa de desarrollo urbano vigente desde 1997 como AV (área verde de valor ambiental). Hace medio siglo los vecinos de la barranca la bardearon a fin de contener el crecimiento urbano y conservarla como pulmón citadino. En varias ocasiones los desarrolladores intentaron urbanizar parte de ella, pero las autoridades de Cuajimalpa y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la ciudad (Seduvi) negaron sistemáticamente los permisos y las licencias, al estar catalogada como área verde.

Sin embargo, el año pasado, por arte de magia, un "desarrollador" obtuvo del director de Desarrollo Urbano de Seduvi, Guillermo Ysusi Farfán, una interpretación a modo que transformó casi toda el área verde en zona habitacional. A partir de esta discrecional y personalísima clasificación de uso del suelo, fluyeron de las demás instancias oficiales los permisos para construir las 21 mansiones, una gigantesca casa club, vialidades y servicios conexos. Sólo para abrir los caminos derribarán 190 árboles de gran tamaño. Podrá imaginar el lector cuántos más se tumbarán para construir este "desarrollo" habitacional, en realidad la punta de lanza para ocupar "legalmente" el resto del área verde en favor de familias de altísimos ingresos. Prueba de lo anterior es que un poderoso banco, favorecido por el Fobaproa, obtuvo ya el permiso para construir otras 40 mansiones en un predio aledaño.

Como sucede con frecuencia, los vecinos se enteraron del atentado contra el área verde en cuanto vieron gigantescas motoconformadoras y palas mecánicas que abrían caminos en el bosque y arrancaban de raíz los árboles. Y cuando vieron cómo destruían el sotobosque, esas pequeñas plantas que rodean los árboles y que cumplen la tarea de conservar la humedad y coadyuvar a la filtración del agua a los acuíferos de donde la ciudad obtiene 60 por ciento del líquido que consumen sus habitantes.

Seguramente porque el jefe de Gobierno del Distrito Federal y sus cercanos colaboradores están ocupadísimos en denunciar el complot tantas veces comentado, ignoran otros que cometen algunos funcionarios citadinos contra el programa de gobierno de López Obrador y contra la población, tan necesitada del agua y el oxígeno que en nuestra cuenca sólo se puede obtener a través del bosque, que ahora es destruido con todos los "permisos".