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México D.F. Lunes 12 de julio de 2004
Javier Oliva Posada
Un punto de acuerdo: respeto a la soberanía
De algunos meses a la fecha, pasando por supuesto por la ya famosa alocución del general secretario de la Defensa Nacional del 30 de junio, se han discutido con más vehemencia que argumentos aspectos como la relación entre el poder civil y el militar, las condiciones generales de la seguridad pública, las responsabilidades de las autoridad en la creación de un entorno propicio para la inversión, e incluso la capacidad para gobernar del Presidente de la República. En medio de semejante agenda, varios también son los temas que se han dejado de lado o que no han merecido mayor atención, que, sin embargo, sí concitan acuerdo general.
Dentro de los pocos puntos de convergencia, y quizá por ello, lamentablemente, no hay mayor difusión o reflexión, se encuentra la muy cuestionada e inexplicable ceremonia militar con personal de Estados Unidos, para inhumar al soldado de ese país, intentada en San Luis de la Paz, Guanajuato. En efecto, el cuerpo de Juan López, uno de los cuatro efectivos muertos en una emboscada en Ramadi, Irak, en 21 de junio pasado, fue llevado a su población de origen, donde según el mismísimo embajador Anthony Garza habría de sepultarse con todos los honores luego de la autorización "verbal" de las autoridades mexicanas.
El féretro cubierto con la bandera de Estados Unidos, así como la presencia de siete infantes de marina con sus respectivas armas "ceremoniales", es decir, sin capacidad de fuego real, fueron cuestionados por las autoridades militares de México, a través de la 16 zona militar, cuyo cuartel general se encuentra en Sarabia, Guanajuato. La llegada de personal armado del Ejército Mexicano impidió que concluyera la ceremonia, que de haberse realizado habría violado las leyes mexicanas, tanto diplomáticas como militares. La respuesta de la representación diplomática de Estados Unidos fue del "enojo" e "indignación" a la presentación de una "nota diplomática de protesta". Todo esto sucedió entre los días 5, 6 y 7 de este mes.
Acostumbrado el gobierno de EU a hacer y disponer en los países latinoamericanos, y más aún en una situación de guerra como la que vive, supondría de nuestra parte una postura más flexible y comprensiva para ciertas conductas e intromisiones que tienen que ver directamente con la soberanía y el reconocimiento a la existencia de un régimen de gobierno establecido. El ceremonial militar tiene claro ordenamiento en México y están estrictamente prohibidos esos actos, por lo que ninguna autoridad puede aceptar su realización. La actuación de los soldados mexicanos por supuesto que les incomoda, pero fue en estricto apego a nuestro marco jurídico.
La muy documentada y accidentada historia de México y Estados Unidos en materia militar es parte sustancial de la lucha por la construcción de un Estado que, con todas las críticas posibles, es el que la sociedad se ha dado a lo largo de generaciones. La institución militar es la representación más visible de lo que significa la capacidad de gobierno interno y la consistencia de un sistema jurídico determinado. La coincidencia, e incluso la unanimidad, de las voces para señalar el rechazo a la pretensión de la ceremonia luctuosa militar estadunidense en territorio nacional indica, afortunadamente, que aún hay puntos de convergencia. Sobre ésos son los que hay que diseñar el debate nacional, porque en cuanto a desacuerdos ya tenemos bastantes.
Las consecuencias de que el funeral hubiese concluido, no ahora pero sí en breve, las estaríamos lamentado; habría antecedentes a los cuales apelar para que en casos futuros se quisieran impedir éste u otros actos con la presencia de personal militar uniformado de Estados Unidos en suelo mexicano. Por supuesto que lamento la muerte de un mexicano en un conflicto que solamente le podía traer la nacionalidad una vez de regreso a aquel país, ante la falta de oportunidades aquí, pero pensemos: Ƒy si solamente fue una prueba?
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