Se cargará a los contribuyentes una deuda adicional por 223 mil millones de pesos

A espaldas del Congreso se pretenden cambiar los pagarés del Fobaproa

Autoridades de Hacienda, del IPAB y diputados panistas adelantan el proceso

ANTONIO CASTELLANOS

A espaldas del Congreso de la Unión, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), apoyado por la Secretaría de Hacienda, acelera el proceso para cerrar el capítulo del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y cargar a los contribuyentes créditos irregulares por 223 mil millones de pesos que los bancos rescatados (Bancomer, Banamex, Banorte y Bital, hoy HSBC) incluyeron en el Fobaproa a través del Programa de Capitalización y Compra de Cartera.

Luis Mancera Arrigunaga, director de Banca y Ahorro de la dependencia, se reunió con legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) para convencerlos de la necesidad de intercambiar los pagarés con cargo al IPAB, que se pagarán con recursos fiscales.

En la reunión convocada por el presidente de la Comisión Investigadora del IPAB, el diputado panista Manuel Pérez Cárdenas, Mancera Arrigunaga destacó que las auditorías que manda el artículo quinto transitorio del IPAB ya se realizaron y no se deben solicitar otras; que el informe del auditor canadiense Michael W. Mackey no reportó créditos ilegales, por lo que no se deben hacer recortes a los pagarés del Fobaproa, y que el IPAB tiene capacidad discrecional de realizar ''convenios'' con los bancos para llevar a buen fin el intercambio.

Mario Di Costanzo, asesor económico del Partido de la Revolución Democrática (PRD) dio a conocer la reunión y manifestó que los tres puntos planteados por Mancera Arrigunaga no tienen sustento, porque nunca hubo auditorías; el auditor canadiense señaló que se trató solamente de un informe, porque nunca obtuvo la información necesaria para concluir una auditoría.

Además, el artículo quinto transitorio de la ley del IPAB ordena claramente que deben ser revisados los créditos irregulares para poder aprobar el intercambio de pagarés del Fobaproa, y también es falso que el IPAB tenga la capacidad para llevar a cabo convenios con los bancos.

Todo, señaló, se pretende hacer a espaldas del Congreso de la Unión antes de septiembre, cuando comenzará el periodo ordinario de sesiones, para convertir esos 223 mil millones de pesos en pasivos del IPAB y después refinanciarlos a través de los llamados Bonos IPAB (BPA's) que no son otra cosa que deuda de los contribuyentes.

El proceso está adelantado y la junta de gobierno del instituto acordó empezar a formalizar los acuerdos con los bancos. A su vez, el Poder Legislativo podrá sancionar esta operación irregular hasta después de haber sido consumada.

Indicó que el primer problema surgirá cuando en el próximo presupuesto la junta de gobierno del IPAB solicite recursos por 50 mil millones de pesos para cumplir con sus obligaciones, que serían unos 12 mil millones de pesos más de lo que ha solicitado en promedio para refinanciar sus operaciones.

Di Costanzo precisó que tanto los diputados panistas, como el IPAB, apoyado por la Secretaría de Hacienda, pretenden que no se auditen los créditos irregulares que fueron cargados al Fobaproa y que tendrán que pagarse a partir de 2005.

Desde el 29 de abril de 2003 legisladores del PRD encabezados por el senador Jesús Ortega y el entonces diputado José Antonio Magallanes, impidieron que se aprobara una decisión en tal sentido.

Posteriormente, el 13 de agosto la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo que el IPAB pretende ignorar. Entonces se le ordenaba la revisión de los bank reports, que se considerara el informe del auditor canadiense y que no se hiciera el intercambio sin la revisión de los financiamientos irregulares. Nada de eso se ha cumplido y ahora se pretende, a espaldas del Congreso, intercambiar los pagarés del Fobaproa.