Por años fue objeto de saqueos y decenas de expedientes alterados, afirma su director

Blindan el Registro Público como parte de un plan anticorrupción

Particulares y abogados oportunistas aprovechaban la falta de control en el organismo para despojar a dueños originales o exigir indemnizaciones a las autoridades por expropiaciones

SUSANA GONZALEZ G.

Durante años, la falta de controles en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC) del Distrito Federal hizo posible que decenas de expedientes fueran lavados, alterados, falsificados o sencillamente extraviados y traspapelados, lo que daba lugar a que particulares o abogados oportunistas despojaran de predios e inmuebles a los dueños originales o exigieran indemnización a las autoridades si la propiedad casualmente había sido expropiada.

Por ello se hizo necesario blindar toda la documentación del organismo, responsable de otorgar certeza jurídica a los capitalinos en sus bienes inmuebles, a partir de un programa integral de combate a la corrupción que incluye desde la construcción de dos bóvedas de seguridad para los libros y folios, a las que sólo tienen acceso tres funcionarios de los 430 que trabajan en el RPPC, hasta la instalación de un sistema de cámaras en el edificio de Villalongín 115, con el que se ha reforzado la vigilancia interna de los trabajadores para evitar que hagan inscripciones sin sustento o vendan copias de los expedientes por su cuenta.

Arqueología registral

Aun así, no faltan personas que se atreven a presentar documentación falsa, pero son casos cada vez más esporádicos, y los trámites quedan inconclusos por el temor de los falsificadores de ser detenidos, comenta en entrevista Héctor Muñoz Ibarra, director general del RPPC.

Un ejemplo reciente, ya investigado por el registro, es la escritura de un predio de 122 metros cuadrados en Iztapalapa, con la que se quiso acreditar la posesión de un terreno de 200 hectáreas en Tlalpan, perteneciente a la antigua hacienda La Castañeda, es decir, "se montaron datos falsos sobre un original". A simple vista, el documento parece auténtico, pues tiene sellos oficiales, pero se descubrió la alteración y "raspado" de la dirección y la extensión del terreno, además de que resultó falsa la referencia de los libros del RPPC, y "ante cualquier caso dudoso, estamos obligados a investigar", puntualiza el funcionario.

De manera notarial, catastral y hasta cartográfica se rastrea el "tracto" de un predio, es decir, su historia a través de sus propietarios, en una suerte de "arqueología registral", explica Muñoz Ibarra, para que ningún eslabón quede suelto y se evidencie cuando alguien "trata de inyectar un predio inexistente en el RPPC".

Por el grado de detalle que implica, es una investigación que suele ser muy tardada, pero otorga "un altísimo nivel de certeza para detectar un fraude inmobiliario", del tipo que sea, lo mismo de predios de menos de 50 metros que pertenecen a ancianas solas a las que oportunistas tratan de despojar, como grandes terrenos que por la falsificación de documentación y los recursos económicos utilizados para apropiárselos pueden estar vinculados a la delincuencia organizada.

Aunque el funcionario aclara que esta dependencia del gobierno capitalino no otorga la propiedad, porque eso queda asentado en una escritura de compraventa, la vasta información en su poder que puede ser solicitada por cualquiera, permitió "la siembra de inscripciones de propiedad" como modus operandi para el despojo y la usurpación de propiedades.

"Quien pretende una propiedad que no es suya y se inventa un polígono, lo pone por encima de los verdaderos dueños, quienes tienen su propia historia de propiedad. A veces son terrenos no ocupados porque son del gobierno capitalino o de la nación, pero no han sido tocados en años, o bien se reclaman indemnizaciones por la expropiación de terrenos alrededor de obras y proyectos públicos", comenta.

Paraje San Juan, un caso

Y para que la siembra de documentos falsos resultara efectiva, el folio o libro donde supuestamente debería estar registrado se desaparece o mutila. Así ocurrió, por ejemplo, con el Paraje San Juan, reclamado por Enrique Arcipreste del Abrego, actualmente preso en el Reclusorio Norte por fraude procesal. Caso paradigmático, según Muñoz Ibarra, porque de diversas áreas públicas, además del RPPC, fluyó información privilegiada del terreno y el libro donde supuestamente debería aparecer la escritura fue "lavado o mutilado".

Ese ha sido el patrón de los fraudes inmobiliarios detectados en el RPPC, y por ello no es casual que en 2002, cuando apenas arrancaba el programa anticorrupción, "había mucho traspapeleo y teníamos 200 folios extraviados, pero un año después no nos faltaba ningún documento".

Muñoz Ibarra se ufana del programa anticorrupción, pues asegura que si algunos funcionarios han sido encarcelados por la simple venta de copias fotostáticas, quienes incurrían en otras prácticas irregulares de mayor gravedad, como la venta de información, "ya lo piensan mucho antes de arriesgarse, y el sindicato ha aceptado nuestra intolerancia a la corrupción".

Un trabajador que sea sorprendido mutilando o alterando un documento original, no sólo queda sujeto a la investigación de la Contraloría General del DF, sino que se le remite de inmediato ante el Ministerio Público por el delito de ejercicio indebido de la función pública, pero también son detenidas aquellas personas que presentan documentación falsa, porque "sería una incongruencia que la institución encargada de brindar seguridad jurídica sobre las propiedades, resultara insegura", puntualiza el director del RPPC.