Avala disposición de autoridades de cobrar infracciones

Clientelismo político de AN, llamar a taxistas a que se amparen: Bátiz

SUSANA GONZALEZ G.

El procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, consideró como un acto de "clientelismo político" el llamado que legisladores del PAN hicieron a concesionarios y choferes de taxis y microbuses para ampararse contra la determinación del gobierno capitalino de impedir verificar sus unidades a quienes no han pagado sus multas de tránsito.

"Los partidos tienen derecho a usar mecanismos para buscar apoyos o votantes. No sé el sentido en que estén haciendo el llamado a ampararse contra una disposición legítima de la autoridad, pues les va a salir contraproducente y las autoridades federales no les van a dar la razón", comentó el funcionario al salir de la reunión del gabinete de gobierno y seguridad pública.

Mencionó que es correcto que quienes renuevan permisos o licencias, demuestren que han cumplido con la disposiciones y las multas a que se hicieron acreedores, pero si aún así los incumplidos optan por ampararse "tienen derecho de hacerlo, pero también pienso que va a ser como un bumerán porque van a perder los amparos".

Así que expresó su respaldo al programa anunciado 8 de julio por las secretarías de Transporte y Vialiadad, Finanzas, Medio Ambiente y de Seguridad Pública para hacer efectivo el cobro de las multas de tránsito, ya que el año pasado sólo 5 por ciento de los automovilistas sancionados pagaron las infracciones, mismas que suman hasta 5 mil por día y de las cuales 91.6 por ciento corresponden a taxis y microbuses.

Para lograr el pago de multas, las autoridades determinaron que los infractores morosos no tendrán derecho a verificar su vehículo y, por lo tanto, no podrán circular. El programa iniciará primero con los vehículos del transporte público, pero se prevé que al cabo de dos meses dicha medida se haga extensiva a los automóviles particulares.

"Yo creo que se necesita tratar igual a todos... Sin embargo, debe tomarse muy en cuenta, no tanto si son vehículos del servicio público o de servicio particular, sino la imprudencia que se pudo haber tenido al infringir la norma y cometer un ilícito. De acreditarse la falta de cuidado y de precaución, sí creo que se deba ser más estricto", dijo Bátiz.

No obstante, consideró que las sanciones penales no deben ser mayores "automáticamente" para los choferes y concesionarios por el hecho de ser servidores de transporte público, sino deben depender del tipo de falta en que incurrieron, así que acotó que debe analizarse la propuesta y se haga una lista de casos en los que la sanción se incremente si hay, por ejemplo, falta de cuidado o de precaución.

Y es que en el caso de los microbuses, por ejemplo, la mayoría de las infracciones de vialidad corresponden a estacionar en lugares prohibidos o en vialidades primarias; obstruir el tránsito vehícular; no atender a la señalización de los semáforos; realizar ascenso y descenso de pasajeros en lugares no permitidos y circular por carriles centrales.