Los alcaldes quieren el dinero para comprar suburban a sus esposas, acusa Pablo Salazar

ROSA ELVIRA VARGAS, GUSTAVO CASTILLO Y CIRO PEREZ

Los mil millones de pesos que anunció ayer con gran alarde el presidente Vicente Fox como recursos adicionales para la lucha contra el crimen, se convirtieron de inmediato en la manzana de la discordia que llevó al enfrentamiento de gobernadores y alcaldes. Los primeros exigen disponer directamente de esos recursos y, al mismo tiempo, rechazan que algún centavo de ese fondo corresponda a las arcas municipales.

De ese modo, y mientras en el discurso todo era un llamado a la unidad y la coordinación de esfuerzos, los alcaldes de Jalapa, Reynaldo Escobar, y de Ciudad Nezahualcóyotl, Luis Sánchez, denunciaron que durante la decimoquinta sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se les restringió el uso de la palabra y toda posibilidad de disponer de más dinero para combatir la delincuencia. De plano, dijeron, hubo hasta quien los regañó.

Pablo Salazar Mendiguchía, gobernador de Chiapas, incluso señaló que los munícipes no deben tener acceso a esos recursos, porque ''los utilizan para comprar suburban para ellos y sus esposas''.

A pesar de que el propio jefe del Ejecutivo había propuesto que parte de ese dinero vaya directamente al fortalecimiento de la policía municipal, ''para no dejar debilitado este eslabón de la cadena'', los gobernadores no transigieron. Así, el tabasqueño Manuel Andrade de entrada puso a los ayuntamientos como ricos, pues reciben -dijo- tres veces más dinero que el Estado, vía el ramo 33. Y esas transferencias son utilizadas -acusó el priísta- para pago de deuda y gasto corriente, ''sin que haya manera de garantizar que lo inviertan efectivamente para la operación en materia de seguridad'', por lo que propuso que sean los gobiernos estatales los que compren el equipo y el armamento para luego transferirlos a los municipios.

Sin embargo, no fueron ellos los únicos decepcionados del encuentro con el presidente Fox en el Campo Marte. Más allá de la pésima organización estuvo también el mal sabor de boca que quedó en casi todos los gobernadores. Más de un mandatario local dijo que este foro se armó sólo para que el Presidente se ''lavara la cara'' ante la reclamante opinión pública.

Y es que en realidad no hubo acuerdos, tampoco se definieron políticas generales o los ansiados consensos para reducir en 60 días los delitos en el país, como ofreció el jefe del Ejecutivo luego de la marcha del pasado 27 de junio. En todo caso, lo que sí resultó evidente fue el disenso.

Primero, porque se convocó sin agenda previa de discusión; luego, estuvo el tema del dinero, anunciado con gran alborozo por el titular del Ejecutivo, y que en realidad representa apenas una restitución parcial de los fondos que, desde el inicio de este sexenio, anualmente se recorta a los presupuestos estatales y que ya suman 2 mil 500 millones de pesos, como lo hizo saber el gobernador de Veracruz, Miguel Alemán, a quien secundó el tlaxcalteca Alfonso Sánchez Anaya.

Ejemplos sobran. En Sinaloa, mientras en 2001 disponían de 236.3 millones de pesos para labores de seguridad pública, en 2004 ese monto apenas llegó a 104.7 millones. Ocurre en todas las entidades.

Pero tampoco ocultaron su escepticismo, pues aunque el presidente Fox se comprometió ayer a duplicar los recursos para seguridad el próximo año, advirtieron que aún falta que el Congreso apruebe esta propuesta.

Otros desacuerdos palpables tienen que ver con las reformas que propone el Ejecutivo federal sobre seguridad pública y justicia penal. Aquí se rechazan, casi sin excepción, los juicios orales, la creación de una policía nacional y la de una secretaría del interior.

Para más de uno este encuentro dejó muchas dudas y preocupaciones. Por ello, varios procuradores de Justicia -todos de entidades que gobierna el PRI- se reunieron después de la sesión del consejo para compartir puntos de vista y establecer estrategias comunes.

Porque más allá de que es la primera vez en casi cuatro años que se convoca a una reunión nacional sobre seguridad, pese a que siempre se ha dicho que el tema es prioritario, destacó que por encima de los propios alcaldes, los procuradores de Justicia y los secretarios estatales de seguridad pública, sí se dio la voz a los representantes de la sociedad civil en la persona de María Elena Morera de Galindo, de México Unido contra la Delincuencia, quien demandó el cumplimiento a sus exigencias, como ejecutar de inmediato las órdenes de aprehensión libradas por secuestro, robo y homicidio.

Por cuanto a la convención nacional de seguridad planteada en la Conferencia Nacional de Gobernadores, ''está descartada'', afirmó el mandatario de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, ya que de establecerse se duplicarían funciones.

Un rencuentro sin saludo

Con todo, la expectativa en este encuentro estuvo ubicada en dos personajes: el presidente Vicente Fox y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, quienes se rencontraron por fin más por necesidad que por gusto, después de varios meses de encono en los que incluso el primero se negó a concederle audiencia.

Todas las versiones coinciden en que no se saludaron ni tuvieron el menor contacto. El jefe de Gobierno se limitó a escuchar las propuestas.

También fue notoria la ausencia de gobernadores como el de Zacatecas, Ricardo Monreal, quien debió atender problemas poselectorales; Eduardo Bours, de Sonora, y Leonel Cota, de Baja California Sur.

Aunque algunos aseguran que el presidente Vicente Fox no está facultado para ello, pues asiste al consejo como invitado, convocó a una nueva reunión en un plazo de 30 días para rendir cuentas de todo lo que se planteó y presentar, entonces sí, el programa integral de prevención y seguridad, y asumir el compromiso, nuevamente, "de hacerlo juntos y en equipo".

ESTADISTICA POLICIAL

--En el periodo enero-mayo de 2004 se presenta un descenso de uno por ciento en los delitos del fuero común, mientras que ilícitos del fuero federal se han mantenido sin crecimiento con respecto al mismo periodo de 2003.

--De 350 mil policías preventivos en el país, sólo a 90 mil se les ha aplicado un cuestionario para evaluar sus conocimientos básicos de la función policial. Se espera que en este 2004 se terminen de aplicar los cuestionarios y se elaboren programas para homologar cursos de capacitación.

--Desde julio de 2001 se inició el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública; a la fecha, 19 por ciento de policías preventivos están pendientes de cumplir este procedimiento, y de los 371 mil registros actuales, 32 mil corresponden a personal de seguridad privada.

Fuente: Alejandro Gertz Manero, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal

Ello es imposible en un periodo extraordinario; lleva meses de análisis, dice

Descarta Jackson que se aprueben las reformas penales propuestas por Fox

El compromiso es avalar iniciativas pendientes en materia de seguridad pública, precisa

ANDREA BECERRIL Y JOSE ANTONIO ROMAN

El presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Enrique Jackson Ramírez, aseguró que en una eventual convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones, el compromiso es aprobar las iniciativas que están pendientes en materia de seguridad pública, y no para aprobar el paquete de modificaciones al sistema de justicia penal enviado por el presidente Vicente Fox Quesada, pues éste requiere varios meses de análisis serio y debate entre los partidos políticos.

Al reunirse con un segundo grupo de organizaciones convocantes a la marcha del domingo 27 de junio, el senador priísta ratificó el compromiso del Congreso de sacar adelante algunas leyes urgentes que contribuyan a combatir con éxito la delincuencia y terminar con la impunidad.

''Es un tema al que nadie puede ofrecer resistencias, y queremos evitar una confusión en los asuntos. No vamos a aprobar en un periodo extraordinario, en unas cuantas semanas, el paquete enorme de iniciativas que envió el Presidente. Eso sería poco serio decirlo y sería legislar al vapor. Es un asunto muy complejo y no vamos a correr el riesgo de equivocarnos'', dijo Jackson, durante la reunión realizada en el Senado de la República.

Calificó de ''inmoral'' el que las autoridades encargadas de aplicar la ley justifiquen el clima de inseguridad pública con el argumento de que no cuentan con las herramientas necesarias para combatir la delincuencia. Pero no pueden, insistió, sacarle la vuelta al problema.

Operativos a destiempo

En entrevista con los medios, el senador Jackson Ramírez puso como ejemplo los recientes operativos policiacos en el centro del país. ''Ahí están ya los primeros detenidos y los están presumiendo; eso debe-rían hacer todos los días. Hace mucho que deberían haber empezado; tuvieron que esperar hasta que llegara el reclamo y la exigencia de los ciudadanos para darse cuenta que había un problema de delincuencia, temor y hartazgo de la gente''.

Durante el encuentro, los representantes de las más de 20 organizaciones de la sociedad civil solicitaron la convocatoria de un periodo de sesiones cuyo único tema sea la seguridad pública, y propusieron, entre otras cosas, el establecimiento de un plebiscito sobre la pena de muerte en contra de algunos delincuentes, así como la democratización del Poder Judicial y la unificación de los códigos penales de los estados.