Al igual que la movilización policial realizada anteayer en el centro del país, el encuentro de ayer en el Campo Marte entre el presidente Vicente Fox y su equipo con casi todos los gobernadores, procuradores y secretarios estatales de seguridad pública, así como con presidentes municipales, en el contexto del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), fue más un acto propagandístico que un intento serio por buscar soluciones de fondo al problema de la inseguridad y la delincuencia. Fue, parafraseando un título del dramaturgo español José Sanchis Sinisterra, un conjunto de "gestos para nada". El llamado de Fox a los mandatarios estatales a "cerrar filas" en acciones comunes contra el crimen fue recibido con escepticismo por los destinatarios, cuyas propuestas resultaron eclipsadas por el anuncio presidencial, ciertamente espectacular, de que se destinarán a la seguridad pública mil millones de pesos, procedentes "de los ahorros logrados por el sector público que resultan del Programa de Austeridad". Diversos munícipes que asistieron al acto se quejaron, por su parte, de la poca atención que les prestan los ejecutivos estatales. Ni siquiera los convocantes de la pasada marcha del domingo 27 de junio contra la inseguridad, a quienes iba, en gran medida, dedicado el guiño de la reunión de ayer, se dieron por satisfechos, toda vez que en el encuentro no se tomaron decisiones sobre sus demandas.

Pese a los propósitos presidenciales de reforzar la seguridad pública mediante acciones concertadas -con los estados y con organismos ciudadanos-, una administración transparente y una elaboración racional de programas frente a la delincuencia, la asignación de los mil millones de pesos es una acción discrecional, si las hay, y ajena a cualquier rigor metodológico, hasta el grado de que se anuncia la suma presupuestal antes de diagnosticar la magnitud de las tareas adicionales, y de que no hay criterios ni lineamientos para aplicar los recursos referidos. Apenas ayer, tras hacer el anuncio, Fox solicitó al CNSP "definir las bases para la aplicación de estos recursos".

Desde otra perspectiva, la decisión presidencial podrá acaso ser un paliativo para la zozobra ciudadana ante el embate de la delincuencia y contribuirá a atemperar, por un tiempo, las histerias mediáticas que pretenden convertir la inseguridad -problema acuciante y grave, sí- en el drama central, si no es que único, del país. Pero el desafío de la criminalidad no exige sólo "nuevas tácticas", como dijo ayer el mandatario, sino, sobre todo, una nueva estrategia. El dinero prometido, o al menos una parte, podría tener un mayor impacto en la reducción de los índices delictivos si se invirtiera, por ejemplo, en la generación de empleos, en educación y capacitación, en programas de integración social y en atención médica y familiar, que si se aplica -como previsiblemente ocurrirá, a juzgar por las actitudes mayoritarias en la clase política- en aumentar y reforzar dispositivos de vigilancia policial que no tienen un efecto disuasorio perceptible sobre la criminalidad organizada y que, en cambio, intimidan a la ciudadanía y quebrantan sus garantías individuales, pero resultan, eso sí, vistosos y hasta espectaculares, y dejan la impresión -especialmente si se les mira en la pantalla de un televisor- de que los gobernantes están haciendo algo para garantizar la seguridad de la sociedad.