Debe indagarse qué pasó en la guerra sucia antes de hablar de perdón, opina el clero

Amnistía e indulto violan el derecho: Uia

La reparación del daño a víctimas y sociedad, el primer paso hacia una proceso de reconciliación, plantea la Ibero

JOSE GALAN

Ante las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en México desde finales de la década de los 60 -la guerra sucia-, medidas como la amnistía, la prescripción o el indulto son violatorias en sí mismas del derecho internacional en la materia, además de que todo proceso de reconciliación y de perdón social tiene como condiciones previas e indispensables el conocimiento de la verdad, la impartición de justicia y la reparación de (daños a) las víctimas y la sociedad.

Así lo considera el Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (Uia) -controlada por la Compañía de Jesús-, que destacó los procesos de "reparación de las víctimas" como el primer paso para lograr la reconciliación y restitución del tejido social. "El reconocimiento por parte de las instituciones de las violaciones cometidas no sólo frente a las víctimas, sino a la sociedad en general, permite el acercamiento de la ciudadanía a éstas", agrega.

La institución educativa llamó a las autoridades del país a que cualquier paso hacia la reconciliación se apegue al respeto irrestricto de los derechos humanos, "base" de toda democracia. Así, el proceso de reconciliación debe responder a las características propias de la sociedad mexicana pero, sobre todo, a las necesidades y exigencias de las víctimas, quienes son indiscutiblemente sujetos de derechos y actores fundamentales en ese proceso, indica.

El factor credibilidad

En un comunicado emitido por la Ibero, el departamento referido plantea que la reconciliación contribuye al proceso interno de asimilación de los hechos por parte de las víctimas directas o indirectas de las violaciones, al propiciar la reivindicación de sus derechos y a reconstruir la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones estatales, principalmente en el sistema de procuración y administración de justicia.

Respecto a la impartición de ésta, sostiene que toma, en la experiencia de otros procesos dentro del continente americano, distintas dimensiones que resultan fundamentales para un proceso de reconciliación: en primer lugar, la justicia de naturaleza judicial, que deriva de la obligación a cargo del Estado de proteger los derechos de aquellas personas que se encuentren en su territorio y que, de conformidad con la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, implica el deber de investigar, enjuiciar y, en su caso, sancionar a los responsables por la violación de los derechos fundamentales.

Además, de conformidad con los estándares internacionales, la obediencia debida a un superior jerárquico no exime de la responsabilidad penal al autor de violaciones graves a los derechos humanos. En la misma posición, esos mandos son responsables por la actuación de cualquiera de sus subordinados si aquellos conocían, o estaban en posición de saber, que éste estaba cometiendo una violación grave a los derechos humanos y no tomaron las medidas necesarias para evitarlo o sancionar dicha conducta.

Oposición a tribunales militares

De igual forma, la justicia impartida por autoridades judiciales como condición de un proceso de reconciliación tiene que estar fuera de la competencia de los tribunales castrenses, los cuales deben estar estrictamente limitados a conocer las faltas o infracciones cometidas por militares contra la disciplina respectiva en ejercicio de sus funciones, lo cual no incluye, en ningún momento, la comisión de violaciones graves a los derechos humanos, procesos que son de competencia exclusiva de los tribunales del fuero común, donde se cumple con las normas de debido proceso y protección judicial.

Sobre la verdad, la institución considera que implica no sólo el conocimiento de los hechos por parte de las víctimas, sino la memoria histórica de la sociedad. "Más aún, el Estado tiene a su cargo 'el deber de la memoria' para protegerse contra esas tergiversaciones de la historia que llevan por nombre 'revisionismo y negacionismo'; en efecto, el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y debe por ello conservarse".

Justifica la Iglesia que el PRI defienda a Echeverría

DE LA REDACCION

La Comisión de Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) señaló que ante una eventual consignación de ex altos funcionarios o jefes militares involucrados en la guerra sucia es necesario que la sociedad "conozca la verdad de los hechos" antes de profundizar el debate en torno al perdón o castigo.

José Antonio Sandoval, secretario ejecutivo de la comisión referida, expuso que se debe respetar el proceso jurídico abierto por el gobierno de Vicente Fox, mediante la fiscalía especial para desaparecidos, y conocer el resultado de las investigaciones respectivas.

Sobre la defensa que ha emprendido el PRI del ex presidente Luis Echeverría Alvarez -que justifica como "defensa de las instituciones"-, opinó que "es respetable que se fomente el respeto a la investidura presidencial".

Sin embargo, indicó el prelado, "queda claro que la lealtad al Ejército y a las instituciones está fuera de duda, pero lo que al pueblo de México conviene e interesa es saber qué fue lo que pasó en los años sesenta y setenta, y con base en ello pasar a otro debate".

Sandoval informó que la CEM trabaja en la elaboración de un amplio documento en el que los obispos del país fijarán su postura en torno a la seguridad pública y otros temas derivados, incluido el relativo a los crímenes de la guerra sucia.

Por lo pronto, insistió, es importante respetar el proceso jurídico en curso, más allá de que algunos sectores consideran que debió haberse constituido, como en otros países, una comisión de la verdad, más allá de una fiscalía especial.

Para el secretario ejecutivo de la Comisión de Pastoral Social resulta fundamental "saber exactamente qué fue lo que ocurrió en esa época", que la ciudadanía tenga una mayor claridad respecto a los actores, las circunstancias y los hechos, para que "con base en ello podamos continuar en el siguiente debate, sobre el perdón".

En ese sentido, el prelado expresó: "Siempre que se implora o se invoca un perdón es necesario preguntarnos a quién vamos a perdonar. Es por ello que al pueblo de México le haría bien saber con exactitud qué fue lo que pasó".

Sólo entonces, agregó, y tomando en cuenta la tragedia que han vivido las familias de los afectados, sabremos si, efectivamente, esta sociedad quiere abrir un debate en torno al castigo de los involucrados o avanzamos en la reconciliación, con base en ciertas condiciones para que nunca más se repitan hechos como los denunciados en la guerra sucia.

"Por supuesto, nadie puede estar en favor de la impunidad. Hay víctimas en ambas partes, tanto en movimientos sociales como en las fuerzas públicas, por lo que el perdón no necesariamente sería impunidad, sino un acto deliberado que una sociedad, en conciencia, decide ofrecer", expresó en entrevista.