España: 300 mujeres asesinadas en casi 5 años

Conservadores: discrimina al varón iniciativa oficial contra la creciente violencia de género ''discrimina'' al varón

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid. Una joven de sólo 15 años, originaria de Murcia, decidió un día abandonar su familia y sus estudios para comenzar una nueva vida de la mano de su novio, de 18 y oriundo de la misma ciudad. Su convivencia duró únicamente un mes, la cual se rompió para siempre cuando la adolescente Ana María M. M. fue encerrada de forma súbita por su pareja en el hogar de su breve relación. Ahí la sometió durante tres días a brutales agresiones que, supuestamente, eran fruto de los "celos", mediante golpes con cadenas y puños de hierro hasta mordidas en todo el cuerpo, propias de un cavernícola.

La joven no soportó los ataques y finalmente murió, sola, maniatada y con el cuerpo boca arriba en un mueble de cocina. Así la encontraron sus padres.

El lunes 5 de julio, quizá uno de los días más amargos en lo que va del año relacionado con el complejo y ascendente fenómeno de la llamada "violencia de género'', sucedió el tercer asesinato: la terrible y breve historia de Ana María. Otro drama de los que desde 1999 a la fecha han segado la vida a más de 300 mujeres: lo mismo jóvenes, maduras o de la tercera edad; pobres, de clase media o ricas; obreras, estu- diantes o profesionales; de Madrid, de Sevilla o de Barcelona. En definitiva, mujeres de todas las regiones del país y de las condiciones sociales, económicas y culturales más diversas.

A pesar de que el conteo de los dramas prosigue y de que éstos indignan cada vez más a una sociedad que no termina de comprender cómo es posible que en un país que asumió hace un cuarto de siglo un sistema democrático y garante de los derechos humanos, próspero y con un nivel de bienestar cada vez más alto, todavía persiste y crece la violencia de género, de la que sólo "10 por ciento" del total de las agresiones son denunciadas por las víctimas.

El gobierno electo en los comicios del pasado 14 de marzo, el del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, adoptó en sus primeros días en el poder una iniciativa de envergadura para combatir este drama social que, sin duda, se ha convertido en una de las preocupaciones prioritarias de la sociedad, tanto por su cariz cultural y antropológico como por las estadísticas que arroja cada año, mes o día, una vez que confirma un incremento persistente de las agresiones a pesar de las campañas de concientización pública o de las tímidas reformas legales emprendidas por el anterior régimen, del derechista José María Aznar.

El gobierno de Rodríguez Zapatero presentó una reforma legal de amplio calado que asumió como principio rector una idea controvertida pero, según sus argumentos, necesaria para atajar con determinación un drama tan complejo: la llamada "discriminación positiva" de la mujer, tanto en materia penal como en los métodos y formas de los apoyos del Estado a las víctimas.

Esta idea, tildada de vanguardista y transgresora, desató una ola de descalificaciones y críticas desde los estamentos judiciales y políticos más conservadores del Estado; desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta el derechista y opositor Partido Popular (PP), que se niegan a adoptar medidas de "excepción" en esta materia. El hecho de que el hombre sea discriminado en la legislación es lo que éstos sectores consideran "intolerable" y "anticonstitucional".

Mientras el debate político y jurídico arrecia, las mujeres amenazadas siguen viviendo en el limbo de la desprotección y el desamparo. Un ejemplo: el mismo día de la muerte de la joven murciana, otra mujer, de 32 años y residente en las islas Canarias, fue apuñalada y degollada por su marido en presencia de dos de sus tres hijos.

El asesino, de 39 años, al que se había denunciado con reiteración ante los juzgados por actos de agresión, no resistió el rechazo de su pareja y decidió agarrar un cuchillo de cocina y asestar varias puñaladas y cortar la yugular a quien hasta hace unos meses era su compañera. La lentitud y la tibieza de los tribunales propició, como en otros centenares de casos, que se cumpliera el peor presagio: la muerte de la denunciante.

"Las instituciones no nos han ayudado en lo más mínimo. Estoy agotada. Pedimos asistencia sicológica y nadie nos viene a ver. Pedimos una pensión de orfandad o una ayuda para los hijos que de pronto se quedan sin madre y que, además, tienen a su padre, el asesino de su madre, en la cárcel. Como mi nieto", relató a La Jornada Joana María, madre de una de las tantas víctimas de este drama sin final y cotidiano.

El gobierno de Rodríguez Zapatero decidió que para atajar esta realidad dramática era vital la aprobación de una nueva legislación, que considerara como delito susceptible de cárcel las amenazas verbales y físicas, además del endurecimiento de las penas por agresiones.

El nuevo gobierno incrementó los recursos para la lucha contra este fenómeno, al tiempo que la nueva Fiscalía General del Estado ordenó al aparato judicial que extreme las medidas de seguridad y de vigilancia tanto de los potenciales víctimas como de los victimarios.

Esta reforma radical pretende cambiar la visión, en ocasiones absurda, que tienen los magistrados, fiscales y abogados de un problema tan serio. Hay ejemplos que confirman la postura muchas veces "misógina" de la legislación vigente con las víctimas: a pesar de que un "padre" violó durante cuatro años a su hija, un juez decidió aceptar como "atenuante" para reducir la condena que "la víctima ha quedado normal" y que el autor del abuso había manifestado "arrepentimiento". O el caso de una mujer que después de denunciar el maltrato de su marido y cambiar radicalmente su vida escuchó unas palabras del juez que posiblemente le provocaron tanto dolor como las bofetadas y patadas que le propinaba su ex esposo: "Se atenúa la condena porque el agresor bebió unos cubatas (copas), por lo que le hace una persona propicia para descargar las frustraciones sobre personas que sean percibidas por él como más débiles o vulnerables".

Lo más dramático de esta realidad es que las páginas de los periódicos únicamente reflejan los casos más extremos, los que derivan en muerte o en agresiones severas, pero la cotidiana realidad es más grave, una vez que en centenares de miles de hogares persiste una violencia sistemática, en algunos casos sutil pero persistente, en otros agresiva y fulminante. Sin embargo, el conservador aparato judicial español se resiste o más bien se opone frontalmente a la propuesta de reforma presentada por el gobierno de Rodríguez Zapatero, en buena medida motivado por la "guerra abierta" entre los dos principales partidos.

Esta realidad en el aparato judicial español es, a juicio del gobierno socialista, el principal obstáculo para que se aprueben y lleven a cabo las necesarias reformas judiciales para atajar un drama tan doloroso y sangrante. Un drama que llevó a la muerte después de tres días de flagelaciones y torturas a la joven murciana de 15 años. Una mujer -en esta caso entre niña y adolescente- que se convirtió en la víctima número 38 en lo que va de este año de la llamada violencia doméstica. Que algunos también llaman "terrorismo de género o doméstico". Un drama sin fin y cotidiano.

La violencia masculina inunda a Europa

El viejo continente tiene un dramático quiste social de difícil explicación: la sistemática y generalizada violencia de género que, paradójicamente, se propaga con mayor intensidad en los países que han desarrollado las cotas más altas de igualdad entre el hombre y la mujer.

A pesar de que los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas se han convertido en España en preocupación de Estado, este país tiene uno de los índices más bajos de este drama con relación a las naciones de la Unión Europea (UE). Según el Centro Reina Sofía, especializado en informes estadísticos de carácter sociológico, en España hay alrededor de 2,4 mujeres por cada millón, asesinadas por este fenómeno, que junto con Irlanda e Italia son los menos graves de los países del entorno.

Las naciones con las cotas de desarrollo y bienestar social más altas son las que sufren con más dureza la violencia de género: en Gran Bretaña se calcula que más de 150 personas mueren cada año a manos de sus parejas; en Alemania se estima que de cada millón de mujeres, 3,58 son asesinadas por sus cónyuges; mientras que en Finlandia, Dinamarca y Noruega, tres países orgullosos por impulsar y alcanzar la presencia de la mujer en todos los ámbitos, tienen los índices más altos de la región: 8.65, 5.42 y 6.58, respectivamente, de mujeres asesinadas por su pareja de cada millón.