Luis Hernández Navarro

El movimiento no aguantó más

El 31 de enero de 2003 cerca de 100 mil campesinos marcharon en la ciudad de México. Exigían la renegociación de la cláusula agropecuaria del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y una nueva política para el campo. Precedida de múltiples protestas, fue la movilización rural más numerosa en la historia reciente de México.

Sin embargo, el saldo de esa jornada de lucha, a 18 meses, está escrito en números rojos. No sólo se perdió en la mesa de negociaciones lo que se había ganado en las calles, sino que lo firmado sigue sin conseguirse y la unidad alcanzada se rompió.

El Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) firmado por la mayoría de las organizaciones campesinas el 28 de abril de 2003 (y rechazado por otras más por considerar que no satisfacían sus demandas centrales) sigue sin cumplirse en sus aspectos sustantivos. Y, por si fuera poco, la principal convergencia de agrupaciones rurales que impulsó la protesta, el Movimiento el campo no aguanta más (MCNAM), se disolvió el pasado 7 de julio.

El MCNAM se deshizo no por diferencias programáticas, sino por cuestiones organizativas. Según Carlos Ramos, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), "la ruptura se debió a que había integrantes que deseaban institucionalizar la alianza frente a los que pugnaban por que se quedara como organismo social descentralizado que continuara con el trabajo en las regiones, lugares en los que se encuentran los problemas del campo". (La Jornada Michoacán, 10 de julio de 2004.)

Efectivamente, dos posiciones irreconciliables se expresaron al seno del MCNAM. En un lado se encontraban las centrales y coordinadoras campesinas que veían al frente como convergencia descentralizada, formada por integrantes que simultáneamente podían tener afiliaciones institucionales distintas, dedicada a promover el cambio en el rumbo de las políticas públicas para el campo. Del otro, los despachos de servicios rurales y las coordinadoras de pequeños productores, que buscaban que el movimiento tuviera una estructura centralizada, con una figura que le diera personalidad jurídica, rechazaban la doble membresía y con capacidad de gestión frente al gobierno.

Impedir la doble militancia de sus integrantes habría implicado que, organizaciones tan importantes como la CIOAC o la CCC (que recién acaba de movilizar 2 mil campesinos a la ciudad de México para exigir su incorporación al padrón alterno del Procampo), tuvieran que optar entre pertenecer al Congreso Agrario Permanente (CAP), en el que han militado desde su fundación en 1989 o integrarse al MCNAM. La propuesta, formulada por los despachos de servicios y las organizaciones de productores, no deja de ser una ironía, puesto que muchos de sus integrantes participan simultáneamente en organizaciones como UNORCA, CIOAC y la CNC.

Aunque muchas de las protestas rurales que acompañaron la formación del MCNAM tuvieron una dimensión regional, en los hechos la convergencia fue, básicamente, un pacto de dirigentes de organizaciones campesinas nacionales. Salvo en unos cuantos estados (como Michoacán), el movimiento funcionó, sobre todo, mediante las sesiones que sus representantes celebraron en la ciudad de México. Hubo muy poco interés en llevar ese acuerdo a las regiones o incorporar a las fuerzas locales que protagonizaron muchas de las principales protestas. No hay, pues, desde los estados, organización alguna que presione a las dirigencias para mantener la unidad.

Aunque la confianza entre los líderes que impulsaron el pacto no fue nunca muy grande, con el paso del tiempo se fue erosionando. Además, la unidad interna de algunas de sus organizaciones miembros, como CODUC, CNPA y UNOFOC, se deterioró severamente.

La dinámica impuesta por la firma del ANC limitó las posibilidades de consolidar una organización nacional campesina independiente. Uno de los pocos espacios de interlocución realmente nacional que se alcanzó en él fue la negociación de las reglas de operación de diversos programas. Pero, para obtener el resto de las pequeñas concesiones que las organizaciones lograron con el acuerdo no requieren del MCNAM: les basta con la capacidad de gestión que cada una tiene en lo individual. Para acordar con la Secretaría de Agricultura no necesitan de los otros.

Al aceptar dejar a un lado la movilización por las demandas centrales que no pudieron ser solucionadas -como la renegociación y el retiro de maíz y frijol del TLCAN y la revisión del artículo 27 constitucional- el movimiento anuló la posibilidad de construir un liderazgo nacional unificado.

Ninguna de las organizaciones afiliadas a la convergencia pertenece a algún partido político, aunque varias hayan acariciado la idea de formar uno, y de sus filas hayan salido un par de diputados federales. Su pleito no es, pues, partidario, no obstante exprese una disputa por la representación gremial.

A diferencia de otros divorcios entre organizaciones, en éste los hoy ex integrantes del movimiento acordaron que nadie puede usar las siglas, que no hay que descalificarse mutuamente y dejar abierta la posibilidad de que en una próxima coyuntura se junten.

El quiebre no significa, tampoco, que hayan dejado de luchar. Como Carlos Ramos señaló: "Sí, hubo una ruptura, pero no por ello dejaremos de buscar lo que nos corresponde; šbasta de que nos quieran seguir dando atole con el dedo!"

Por lo demás, el tiempo se ha encargado de poner las cosas en su lugar. Quienes justificaron la firma del ANC con alcances mínimos en nombre de la unidad campesina se quedaron sin argumentos. El acuerdo apenas se ha cumplido realmente y el movimiento no aguantó más.