El referéndum realizado anteayer en Bolivia en torno a las condiciones de explotación y comercialización de los hidrocarburos se saldó, en una primera lectura, en un espaldarazo político para el presidente Carlos Mesa, quien llegó al cargo tras la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, el neoliberal que en su primer mandato (1993-1997) desnacionalizó los recursos naturales del subsuelo boliviano, y en el segundo (2001-2004) pretendió iniciar la exportación a gran escala de gas natural, lo que generó la revuelta popular que acabó con su gobierno, con un costo humano de más de medio centenar de muertos.

Atrapado entre la determinación popular de impedir el saqueo de los hidrocarburos por las trasnacionales que operan en el país y las presiones de éstas y de los centros internacionales del poder financiero, el gobierno diseñó un referéndum con un cuestionario deliberadamente ambiguo y equívoco, cuyas respuestas pudieran ser consideradas un triunfo tanto por los organismos sociales y políticos que se oponen a la explotación del gas natural del Altiplano como por los intereses trasnacionales empeñados en exportarlo a México y Estados Unidos a través -lo que constituye un agravio adicional al nacionalismo boliviano- de puertos que le fueron arrebatados a Bolivia en la Guerra del Pacífico del siglo antepasado y que actualmente pertenecen a territorio chileno.

El éxito del referéndum es harto cuestionable desde diversos puntos de vista. En la lógica de la aritmética democrática, las respuestas afirmativas que el gobierno esperaba fueron ampliamente mayoritarias, pero debe tenerse en cuenta que sólo 40 por ciento de la ciudadanía acudió a votar, con todo y que la participación en la consulta era obligatoria, y que 10 por ciento de los sufragios fueron anulados o entregados en blanco. Las ambiguas propuestas gubernamentales carecen, en síntesis, del respaldo de la mayoría absoluta de los ciudadanos. No por ello pierden validez formal, pero sí legitimidad y fuerza política.

Una de las preguntas fue formulada para remover a favor del gobierno la reivindicación de la salida al mar (se pregunta si se apoya una gestión oficial orientada a negociar con Chile una salida al Pacífico a cambio de gas), pero su carácter demagógico es evidente, toda vez que las autoridades de Santiago descartaron, de antemano, cualquier propuesta en ese sentido. Otra habla de una recuperación por el Estado de los derechos de comercialización de los hidrocarburos a boca de pozo, que según una interpretación marginaría a las trasnacionales del derecho de decidir a quién y en qué condiciones vende los recursos, pero que según otra permitiría la confiscación de gas y petróleo una vez extraídos.

Lo que nunca se planteó en el referéndum, y que fue el detonador central de la revuelta que acabó con el gobierno de Sánchez de Lozada, es el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre los recursos naturales de sus propias tierras. Ese asunto queda, pues, como una asignatura pendiente y como un foco de nuevos descontentos -y acaso también de nuevas sublevaciones- en el altiplano de Bolivia.

El margen de negociación ganado por Mesa con el referéndum se agotará en cuanto choquen, en el Congreso y en las calles, las interpretaciones contrapuestas sobre el sentido de las preguntas formuladas, y vuelvan a enfrentarse dos visiones del mundo difícilmente conciliables: la de las trasnacionales y sus aliados locales y la de las sociedades que ven en la protección y preservación de sus recursos una clave de su sobrevivencia.