Magdalena Gómez

El mercadeo de la justicia

Ante la inminente entrega de resultados sobre las investigaciones relativas a la matanza del 10 de junio de 1971, de nuevo nos encontramos frente al espejo de los priístas; a ellos no les importa que los veamos, hablan entre sí y profieren amenazas, con su muy particular concepto del poder por encima de la justicia y con evidente ausencia de voluntad para asumir la responsabilidad histórica y los saldos del largo régimen autoritario que encabezaron.

Lamentablemente el aplazamiento de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) está sirviendo de espacio propicio para el mercadeo, y el PAN no sería tan renuente a sacar ventaja de la situación, pese a que en Los Pinos se tenga definido que no es posible detener la acción del fiscal Carrillo Prieto aun cuando desde ahora se perfilan escenarios para caminar hacia la amnistía o Ƒla versión mexicana de las leyes de punto final o de obediencia debida?

Figuran en la agenda varias monedas de cambio: Amigos de Fox, Vamos México, el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, las reformas "estratégicas", pero sobre todo la necesidad del gobierno de Fox de arribar a buen puerto ya no sólo para su próximo informe, sino para el largo trecho que falta para 2006. El PRD esta vez parece que mantendrá la congruencia con sus orígenes y principios; sin embargo habrá que estar atentos.

En ese terreno pantanoso se mueve el derecho; a él responde antes que a sus propias determinaciones y justamente uno de los efectos de acabar con la impunidad que nos persigue como la sombra sería el devolver a las instituciones la credibilidad que el priísmo dejó en el camino.

Esta parafernalia obedece a que el expediente que la Femospp entregará a un juez federal para que se libren las órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables de la matanza del 10 de junio de 1971 solicitará el ejercicio de la acción penal contra el ex presidente Luis Echeverría Alvarez, así como del ex secretario de Gobernación Mario Moya Palencia y del ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Julio Sánchez Vargas, por las presuntas responsabilidades en los hechos de la fecha señalada (PGR/Femospp/11/2002). Ya se apunta la hipótesis de que se considerará el tipo penal de genocidio, lo cual abrió el frente de las opiniones en torno a la inexistencia del mismo y, por si no fuera suficiente, se argumenta la prescripción.

Ha sido arduo el empeño puesto por sectores como el que representa el Comité 68 por allegar a la fiscalía denuncias y elementos de prueba y no sólo eso: ha promovido encuentros de juristas expertos en derecho internacional para definir con rigor la configuración del delito de genocidio como política de Estado tendiente a exterminar a un grupo nacional, en nuestro caso identificado como la oposición de izquierda, también lo han hecho para sustentar la no prescripción de los crímenes de lesa humanidad. Todo este esfuerzo no encierra un afán mezquino de venganza, ni mucho menos el intento de "desestabilizar" al país, al contrario busca sembrarle un mejor futuro y dar sentido al nunca más. Quienes ahora se rasgan las vestiduras ante la posibilidad de que se inicie el proceso para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de genocidio olvidan que la Femospp no tendría razón de ser si en su momento se hubiese hecho justicia: tristemente se patentó la denegación de justicia antes que la justicia "pronta y expedita" que ordena la Constitución.

Llegaremos al 24 de julio sin conocer los arreglos de la clase política, sus términos de intercambio y rodeados de dudas y amenazas no tan veladas. El secretario de Defensa ahora dice que quienes vimos que en su discurso del 30 de junio postulaba el perdón para los militares tenemos una visión "pequeñita" y no aborda la virtual exculpación del general Acosta Chaparro por la justicia militar (El Universal, 19 de julio 2004) y el general Rafael Macedo de la Concha advierte que la fiscalía hará su trabajo "con ley en mano. Aquí no se trata más que de personas, y yo he dicho que se respeta el cumplimiento del deber. Lo que no se respeta, lo que no puede admitirse, es apartarse de él o bien cometer excesos en aras de lo mismo" (La Jornada, 14 de julio de 2004). Ya veremos si los próximos días no le parece un exceso del fiscal Carrillo Prieto la valoración sobre genocidio.

Este curso de los acontecimientos preludia mayores dificultades, pues, a diferencia de una comisión de la verdad, la Femospp por su naturaleza irá dando pasos segmentados en cada uno de sus expedientes, mientras que aquélla rendiría un informe integral sobre la continuidad de la política de exterminio. Esta próxima decisión no es menor, aunque también está rodeada del escepticismo fundado de otros sectores sociales que han luchado por el total esclarecimiento y castigo de los llamados "crímenes del pasado". Porque con esa lógica, a Acteal, El Charco y Aguas Blancas les correspondería la fiscalía de 2030, mientras esperamos que los Albores sigan sus carreras políticas. Este es el real test público sobre el sentido de la justicia, todavía regido por las leyes del mercado.