Ana de Ita

TLCAN o política agrícola

Mientras para el presidente Vicente Fox el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es la mejor demostración de las ventajas de la política de libre mercado y ''ha tenido para el país un resultado verdaderamente exitoso'', las organizaciones campesinas, que realizaron a finales de 2002 y hasta septiembre de 2003 el movimiento más importante contra el libre comercio y a favor de políticas agrícolas que reivindiquen la soberanía alimentaria, mantienen como una de sus demandas fundamentales la revisión del capítulo agropecuario del tratado, que durante sus diez años de vigencia ha profundizado la crisis del campo.

Uno de los compromisos del Acuerdo Nacional para el Campo fue realizar una evaluación integral de los impactos e instrumentos del capítulo agropecuario con la participación de las organizaciones campesinas y de productores, el Congreso de la Unión, los gobiernos locales, las universidades y centros de investigación, que debería concluir el 31 de diciembre de 2003. Con tres meses de retraso se dio a conocer un resumen o ''documento maestro'' de 134 páginas, de las más de mil que integran el estudio, con un costo para el erario de 2.5 millones de pesos. La evaluación fue coordinada por José Romero y Alicia Puyana, de El Colegio de México, las organizaciones campesinas no participaron en ella y la mayoría no avala sus resultados.

La conclusión principal de la evaluación -que parece pactada de antemano entre el gobierno y los evaluadores- es que es muy difícil aislar el impacto del TLCAN sobre el sector agropecuario, del resto de las políticas públicas que forman la estrategia global de crecimiento, por lo que no se puede atribuir al acuerdo comercial ser la causa de la particular evolución del sector. En palabras simples, no es el TLCAN lo que hay que cambiar y revisar, sino las políticas agrícolas nacionales.

Bajo esta premisa convertida en conclusión de la evaluación, el gobierno mexicano, incondicional y subordinado del de Estados Unidos, no tiene la responsabilidad de enfrentar la política agrícola de ese país, ni buscar renegociar los compromisos adquiridos en el TLCAN, a pesar de sus efectos desastrosos para la mayoría de los productores.

Pero desde otra perspectiva, el tratado fue determinante en la estrategia de cambio estructural de México, al pasar de un modelo de desarrollo económico que tenía como base la sustitución de importaciones para el mercado interno, a un modelo de economía abierta. El acuerdo comercial se enmarcó en el Programa de Modernización del Campo, que había emprendido el gobierno de Carlos Salinas desde 1989 y que implicaba una liberalización radical del sector: la reforma al régimen de propiedad de la tierra, la apertura comercial, la reducción y transformación de los subsidios, la eliminación del sistema de comercialización estatal para los productos básicos, etcétera. El TLCAN institucionalizó estas reformas e incluso pretende darles un carácter definitivo e irreversible; es por ello que los campesinos demandan su renegociación. Según la primera evaluación realizada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en 1997, ''uno de los principales logros del tratado fue impedir a México recurrir a políticas proteccionistas durante la crisis de 1995. El tratado se convirtió en el candado que cierra la puerta e impide dar marcha atrás a las reformas''.

La evaluación de Romero y Puyana realizada desde la misma perspectiva de liberalización bajo la que se diseñaron las reformas, hace afirmaciones críticas que apoyan el diagnóstico de la crisis del campo: México renunció a pedir algún trato especial y diferenciado en virtud de su menor grado de desarrollo; las preferencias comerciales que recibió de Estados Unidos son menores a las que otorgó y pueden ser anuladas o reducidas por la apreciación del peso, por la falta de infraestructura, de servicios de información, o financieros, o por ganancias de productividad de los países competidores. La liberalización de los mercados requiere, para ser efectiva, que el Estado asuma los costos de desarrollar el mercado. Hay un retroceso prematuro de la agricultura y manufactura en la generación de empleo y en el PIB. Durante los diez primeros años de vigencia del tratado el presupuesto del sector ha sido cada vez menor; las inversiones acusan un déficit crónico de más de 80 por ciento. Ha tenido lugar un proceso de vaciamiento de la población que depende de las actividades agrícolas, la migración rural a Estados Unidos se ha acelerado.

Sin embargo, la evaluación del sector agropecuario es incompleta y confusa. Intenta justificar la política de importaciones de maíz sin arancel por arriba de los cupos, asumiendo que los productores pecuarios e industriales necesitan insumos con costos equivalentes a los de sus competidores en Estados Unidos, sin importarle que los niveles de productividad de 3 millones de productores de maíz no son remotamente comparables a los de sus competidores.

No entiende qué significa la demanda de soberanía alimentaria como principio rector de toda política agrícola, en la que los campesinos tienen un papel prioritario en la producción de los alimentos, sino que la confunde y desarrolla como seguridad alimentaria, convirtiéndola en un problema de abasto y de acceso.

Aunque separar los efectos del tratado de los efectos de las reformas es prácticamente imposible, ello no diluye, sino constata su responsabilidad en la crisis del campo.