Abogados de Coparmex elaboraron la iniciativa, afirman Alcalde y De Buen

Solicitarán sindicalizados un amparo contra la reforma a la Ley del IMSS

En caso necesario, presentarán controversia constitucional ante la SCJN: Vega Galina

La posición del SNTSS no es chantaje, responde el secretario general a Creel Miranda

PATRICIA MUÑOZ, ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

Frente al embate gubernamental contra los empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el cual pretende, por la vía legislativa, atacar el contrato colectivo de trabajo, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Roberto Vega Galina, anunció ayer que recurrirán al amparo de la justicia federal contra la iniciativa para reformar la Ley del IMSS, e incluso, en caso de que sea necesario, interpondrán un recurso de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Vega Galina ofreció ayer una conferencia de prensa conjunta con los asesores jurídicos del SNTSS, Néstor de Buen y Arturo Alcalde Justiniani, quienes afirmaron que ya se descubrió la verdadera autoría de la iniciativa de reforma, que fue elaborada por los asesores legales de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) por encargo de la administración del IMSS.

"Fue el Seguro Social quien encargó la elaboración de este proyecto al despacho legal de la Coparmex, e intervino Tomás Natividad Sánchez, defensor de los empresarios, en la creación de esta iniciativa (de ley), la cual es inconstitucional a todas luces", aseveró Alcalde Justiniani.

Cabe destacar que el despacho legal Natividad y Asociados es, desde hace varias décadas, representante de los patrones ante instancias como la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y brinda asesoría legal a la Coparmex ante las instancias oficiales y en donde hay representación tripartita.

En el ámbito laboral, el bufete Natividad y Asociados es conocido por su "línea dura" contra los trabajadores. De ese despacho salió la iniciativa para reformar la Ley del IMSS, apuntó el abogado laboral.

A su vez, Vega Galina respondió al titular de la Secretaría de Gobernación, Santiago Creel Miranda, que las posturas del sindicato que él representa "no son chantajes", porque están basadas en la legalidad y en lo que la ley y el contrato colectivo marcan, por lo que esperará hasta octubre, cuando se lleve al cabo la revisión salarial, para presentar el emplazamiento a huelga, que es un derecho sindical. También recordó a Creel que el gobierno es el que está en la ilegalidad al violentar los derechos de los trabajadores.

Y le recomendó consultar cualquier libro de derecho, ya que todos dicen que lo fundamental es respetar las leyes vigentes.

El dirigente del SNTSS manifestó que todo indica que existe una "consigna" contra el sindicato, porque incluso la semana pasada, en la Conferencia Nacional de Gobernadores, todos los sectores "firmaron un gran acuerdo" en el que se planteó que el tema de las pensiones es "nacional", es un asunto de Estado y como tal debería ser tratado.

Sin embargo, agregó, al día siguiente se presentó la iniciativa impulsada por la dirección del IMSS y la clase empresarial, la cual, además, "no va a resolver nada".

En tanto, Néstor de Buen y Arturo Alcalde advirtieron que, absurdamente, el gobierno está llevando el asunto al camino del litigio y ha despreciado la conciliación. Los abogados laborales, acompañados por los especialistas Héctor Barba y Alfonso Bouzas, participaron en un foro organizado por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Ahí, el presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, el perredista Miguel Alonso Raya, coincidió con los especialistas en que "la reforma afecta el contrato colectivo de trabajo" del SNTSS, por lo que es inconstitucional y por esta razón pueden solicitar un amparo a escala "de organización o los trabajadores en lo individual".

A esa postura se sumaron los legisladores Pablo Gómez, Francisco Carrillo, Agustín Rodríguez y Clara Brugada, quienes propusieron "tres acciones jurídicas y políticas" que se podrían llevar al cabo: primera, que los diputados promuevan una acción de inconstitucionalidad, lo que implica conjuntar a 33 por ciento de los legisladores, la cual se presentará en caso de que avance la propuesta de reforma. Segunda, que el sindicato solicite un amparo, porque se estaría violando el contrato colectivo, y promueva una huelga; y tercera, realizar una "huelga por solidaridad", que legalmente estaría autorizada, "porque si se permite que pase la reforma en el IMSS se crearían precedentes para que las conquistas de otras organizaciones de trabajadores se vinieran abajo".

El abogado Néstor de Buen desaprobó de nueva cuenta el dictamen avalado en comisiones, porque "viola una serie de derechos de los trabajadores del IMSS y atribuye al sindicato y al régimen de jubilaciones y pensiones (RJP) las culpas del empobrecimiento del instituto", cuando no es así; el IMSS está en esa situación porque lo han llevado al empobrecimiento, le han quitado todo el dinero al régimen de pensiones y lo destinan a financiar al Estado a través de las Afore.

"Los cálculos que han hecho expertos demuestran que no hay una situación de crisis derivada del RJP y, consecuentemente, no es la causa del empobrecimiento del IMSS. Se pretende acabar con el contrato colectivo de trabajo, que es un buen contrato, y, obviamente, tratan de echarle la culpa de todos los males del IMSS. Los trabajadores tienen derechos de todo tipo, como el de huelga, eso es innegable, mientras el Congreso federal no tiene derecho a cambiar un contrato colectivo. El amparo podría revocar la petición de modificar la ley", aseguró.

Convocan a jornada de resistencia

Secciones y corrientes sindicales de empleados públicos, y grupos disidentes de las federaciones del sector, llamaron a los asalariados en general a participar en una jornada de movilización y resistencia, como única vía para frenar las reformas a las leyes de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Reunidos en el Museo Nacional de Antropología, representantes de diversos grupos sindicales de las secretarías de Educación Pública, Agricultura y Desarrollo Social, así como del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Instituto Politécnico Nacional, entre otras, propusieron recolectar firmas y realizar "brigadas callejeras" para alertar sobre los riesgos de reformar los regímenes de pensiones.

Anunciaron que participarán en la marcha convocada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social -a realizarse el 23 de julio-, porque "sabemos que si le pegan al IMSS inmediatamente estamos muertos los del ISSSTE".

También informaron sobre la realización de un encuentro nacional de trabajadores en defensa de la soberanía, la seguridad social y la salud pública, programado para el 3 y 4 de septiembre próximo en la Universidad Obrera de México.

FABIOLA MARTINEZ GARCIA

Santiago Levy repite argumentos catastrofistas que usó Genaro Borrego en 1995

La reforma de Zedillo profundizó la crisis financiera del Seguro Social

JUAN BALBOA

Las reformas a la Ley del Seguro Social enviada en 1995 por el presidente Ernesto Zedillo y aprobada por la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de manera "inaplazable y urgente", tenía como propósitos principales salvar del crack financiero al instituto, consolidar pensiones más dignas y ampliar los elementos redistributivos del ingreso financieramente sustentables para fomentar el ahorro nacional.

En 1995 con Genaro Borrego Estrada y en 2004 con Santiago Levy como directores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el escenario catastrofista que pintan se ha repetido; parece que fue sacado del mismo texto, sólo que con una diferencia de nueve años: "De no llevarse a cabo las reformas, dentro de unos tres años, máximo cuatro, tendríamos una situación francamente difícil en lo financiero", advirtió en su momento Borrego Estrada, el principal impulsor de las reformas zedillistas de 1995 y actualmente senador por el PRI.

El gobierno de Ernesto Zedillo ofreció una "reforma bondadosa", al grado de que aseguraba que los trabajadores mexicanos podrían convertirse, de ser aprobadas las propuestas de enmienda presentadas en noviembre de 1995, en el principal activo de ahorro interno. Vendía la idea de que cada trabajador tendría en su sistema de pensiones una aportación real cercana a 17 por ciento del salario de cotización.

Pero aún más, afirmaba que las reformas ayudarían a transparentar el sistema buscando el ahorro interno, el cual ayudaría a "la expansión de la economía y la generación de empleos".

Ofrecía que los recursos del fondo de pensiones de la institución -estimados en ese momento en 24 mil millones de nuevos pesos anuales acumulativos- serían distribuidos entre todos en vez de que se guardaran y permanecieran ociosos o fueran destinados a otros fines.

En contraste con el discurso catastrofista sobre el futuro financiero del IMSS, el gobierno del presidente Zedillo hacía gala de "ser buen administrador" y destacaba que el IMSS era de las pocas instituciones públicas "que sopesan los efectos de la crisis con un adecuado manejo de los recursos''.

De acuerdo con los lineamientos hacendarios y las proyecciones del propio IMSS, sus ingresos durante 1995 ascenderían a 46 mil 572 millones de nuevos pesos, mientras que el gasto general del instituto era de 43 mil 262 millones. El remanente esperado se ubicaba en 3 mil 310 millones de nuevos pesos, cálculo que se esfumó por los efectos de la crisis.

Pero no dejaban de ofrecer, si se aprobaban las reformas a la Ley del Seguro Social, un futuro halagüeño: tanto, decía Genaro Borrego, entonces director del IMSS, que en ningún momento se afectarían los derechos de los pensionados. Por el contrario, agregaba, los trabajadores en retiro "deberían aliarse" a la propuesta del gobierno, porque la iniciativa buscaba que los nietos de los pensionados tuvieran una situación mejor, "es decir, que a sus nietos no les pase lo que a ellos les ha pasado".

El gobierno zedillista insistía en que las reformas a la Ley del Seguro Social le darían equilibrio financiero al IMSS y se tendría un incremento en las aportaciones del Estado.

Pero nueve años después nada de esto es realidad. Con las mismas prisas y argumentos similares, ahora los diputados priístas, con el apoyo de los panistas, intentan convencer de las bondades de su iniciativa de ley y, como en 1995, advierten que si no se aprueba las finanzas del IMSS irán a la quiebra.

El noviembre de 1995, el entonces secretario del Trabajo, Javier Bonilla, fue tajante al señalar que con las reformas de 1995 el gobierno de Ernesto Zedillo trataba de resolver un problema de viabilidad financiera, pero que de ninguna manera permitiría que se pusiera en riesgo el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a la institución porque -en ese caso- habría grandes repercusiones sociales.

El gobierno esperaba que con la reforma, los recursos que servirían para incrementar el ahorro nacional serían superiores a los 30 mil millones de nuevos pesos anuales, considerando, además de los fondos del IMSS, las cuotas para vivienda (Infonavit) y del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Con ello, aseguraba, se lograría la meta de incrementar el ahorro interno, antes de que finalizara esa década, de 16 a 22 por ciento del producto interno bruto (PIB).

La iniciativa presentada a finales de noviembre de 1995 fue aprobada en comisiones por la mayoría priísta el 5 de diciembre del mismo año. Ese mismo día la aplanadora del PRI votó en favor en el pleno de la Cámara de Diputados.

El proyecto enviado por el Ejecutivo federal el 9 de noviembre fue modificado por los legisladores en 38 de sus 305 artículos y 25 transitorios.

El 10 de diciembre, la Cámara de Senadores la confirmó como ley, pero antes enmendó una fe de erratas enviada por la propia Cámara de Diputados.

El Partido de la Revolución Democrática se opuso en las dos instancias legislativas a la aprobación de las reformas, pues aseguró que en la Ley del Seguro Social "se impuso la voluntad del presidente Zedillo y se abrió la posibilidad de que el IMSS se privatice''.

Las iniciativas de reformas a la Ley del Seguro Social presentada por el PRI en noviembre de 1995 y julio de 2004 son la misma historia. Para varios investigadores y especialistas, la crisis que padece el IMSS se profundizó justo cuando los priístas aprobaron la reforma hace nueve años.

Niega AN haber negociado impunidad a represores

Descartan senadores priístas reforma del IMSS al vapor

Prevé el PRD "graves consecuencias" si hay albazo

ANDREA BECERRIL, GEORGINA SALDIERNA Y RENATO DAVALOS

El albazo legislativo que pretenden consumar el PRI y el PAN en la Cámara de Diputados en torno al régimen de pensiones y jubilaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puede traer "graves consecuencias sociales" por el carácter arbitrario de una medida de esta naturaleza, advirtió el Comité Ejecutivo Nacional perredista, mientras la dirigencia panista rechazó que haya tenido lugar una negociación entre el gobierno, su partido y el priísmo para aprobar dicha iniciativa a cambio de impunidad para los responsables de la guerra sucia.

Mientras, en el Senado surgieron voces de priístas y perredistas opuestos a una aprobación fast-track de las reformas, como se pretende en la Cámara de Diputados. En la bancada del PRI sólo Genaro Borrego, Netzahualcóyotl de la Vega y Miguel Angel Navarro impulsan el proyecto, que no se ha puesto a discusión interna de esa fracción.

Por ello Oscar Cantón Zetina advirtió que en el Senado no se convocará a un periodo extraordinario hasta no haber hecho una revisión exhaustiva del proyecto de reforma, que incluya el diálogo con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). "No vamos a legislar al vapor, no nos vamos a dejar llevar por prisas ni por presiones de nadie, incluyendo los diputados de nuestro propio partido".

Los perredistas Elías Moreno Brizuela y Demetrio Sodi de la Tijera dejaron claro que su bancada no va a respaldar una propuesta "tramposa" que pretende golpear al SNTSS y su contrato colectivo, y no resuelve además el problema financiero del Seguro Social, que va mucho más allá de las pensiones de sus trabajadores.

"Es arbitrario que a través de una ley se impida que las pensiones de los trabajadores del IMSS se paguen con las cuotas obrero-patronales. Después legislarán para que tampoco se usen para el pago de los funcionarios o de las enfermeras", recalcó Sodi.

Por su parte, el CEN del PRD destacó: "Todavía no sabemos a cambio de qué el PRI aceptó una modificación legal que transgrede el contrato colectivo de los trabajadores del Seguro Social. Esperemos que ahora que se conozca el informe del fiscal de delitos del pasado, Ignacio Carrillo Prieto, no nos sorprendan con una decisión inesperada", precisó.

Señaló que el gobierno federal y sus legisladores en San Lázaro parecen haber olvidado hasta el diálogo que tanto prometen en los discursos. "Simplemente se abocaron a negociar con los priístas y a pasar por encima de los derechos consagrados de los trabajadores, en una decisión peligrosa por el ambiente político erosionado que vive el país."

La dirigencia panista, por su lado, rechazó haber pactado con el PRI la reforma a cambio de impunidad y resaltó que el fiscal Carrillo Prieto es una persona considerada "intachable e imparcial".

El pago sería para empleados a punto del retiro

"Bono de reconocimiento", nueva propuesta del IMSS

El esquema sustituiría al actual régimen de jubilaciones

FABIOLA MARTINEZ

La dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) propuso al sindicato del organismo el pago de "un bono de reconocimiento" para aquellos empleados a punto del retiro, como vía para sustituir el actual régimen de jubilaciones y pensiones (RJP).

El esquema consiste en que el IMSS solicite al gobierno un préstamo con tasas de interés preferenciales y entregue, a su vez, ese monto a una aseguradora privada, lo que permitiría garantizar la pensión vitalicia de cada trabajador.

La enmienda fue delineada en la mesa oficial de negociación entre el IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), cuya última sesión ocurrió la noche del lunes. Este gremio calificó la propuesta de "otro camino que pretende probar la dirección del IMSS para finiquitar el RJP", incluido en el actual contrato colectivo de trabajo de los 360 mil empleados en activo afiliados al SNTSS.

Fuentes consultadas presentes en la negociación de alto nivel, en la que invariablemente participan el director general del instituto, Santiago Levy, y el líder gremial, Roberto Vega Galina, así como algún subsecretario del Trabajo, confirmaron que en la discusión se han incluido mecanismos que atañen ya no sólo a reformas al fondo del retiro para los empleados que serán contratados en el futuro, sino también nuevas formas para los trabajadores en activo.

El denominado "bono de reconocimiento" tendría sustento financiero en un préstamo que otorgara el gobierno federal, con un monto tentativo de 342 mil millones de pesos, pagadero a 28 años, que al momento de entregarlo mensualmente a los trabajadores en retiro no generaría impuestos y, en cambio, un interés mínimo -en beneficio del empleado- de 3 por ciento.

El SNTSS no ha dado una respuesta definitiva en torno al particular -"cambiaríamos pesos por centavos", señalaron algunos dirigentes sindicales-, pero podría haber una postura oficial luego de que el IMSS emita una respuesta sobre la reciente propuesta sindical.

La última alternativa que el SNTSS colocó en la mesa de negociación "a modo de hipótesis" refiere el aumento a 35 años de servicio (siete más que el rango actual) y un retiro con una base salarial menor a la vigente, a partir de la reducción del monto de aguinaldo. Con ello, asegura el sindicato, el costo laboral para el IMSS se reduciría 40 por ciento.

Sin embargo, comentaron las fuentes consultadas, tras la presentación de la iniciativa de reforma a la Ley del IMSS, llevada a la tribuna del Congreso de la Unión por diputados priístas (que será votada el próximo martes en periodo extraordinario), "el ambiente en la negociación oficial se tensó porque la iniciativa hizo mucho ruido".

En tanto, agregaron, el director del IMSS se encuentra instalado en la lógica del todo o nada. Es decir, por un lado avala el plan de los legisladores del PRI, apoyados por los diputados del PAN, en el sentido de eliminar la responsabilidad del instituto respecto al retiro de los futuros empleados del IMSS, y ahora busca con los trabajadores en activo trasladar este rubro a una aseguradora privada.

"Considera que es mejor mantener una deuda de largo plazo con el gobierno federal, a partir de una tasa de interés baja, que su obligación de garantizar el pago vitalicio de los jubilados", señalaron integrantes de la mesa de negociación, a quienes se les pide no informar a la prensa detalles de las sesiones.

Exhiben convenios firmados por el líder sindical y la dirección del instituto

Exigen empleados destitución de Vega Galina

ANGELES CRUZ

Desde el 4 de octubre de 2003, 13 días antes de que venciera el emplazamiento a huelga por la revisión del contrato colectivo de trabajo, los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) acordaron con la dirección del instituto modificaciones al régimen de jubilaciones y pensiones (RJP), las cuales son, incluso, diferentes al proyecto que meses atrás promovió el comité ejecutivo encabezado por Roberto Vega Galina.

Con la copia del convenio en mano, los trabajadores de la zona metropolitana de la ciudad de México acusan a Vega Galina de traidor y exigen su destitución. La petición fue entregada a la Comisión de Honor y Justicia el pasado 7 de julio y este jueves los empleados realizarán un mitin en la sede sindical para exigir respuesta a su demanda y la inmediata destitución del secretario general de ese organismo.

De la copia del acta -en poder de La Jornada- resalta que aun cuando los trabajadores de nuevo ingreso se rigieran por los lineamientos de la Ley del Seguro Social, como lo han propuesto las autoridades, para tener derecho a jubilación o pensión, el IMSS no tendría garantizada la solvencia financiera para cumplir con sus obligaciones en su carácter de patrón.

El que se suponía iba a ser el artículo 52 del nuevo RJP plantea que cada año el IMSS tendría que hacer la valuación del pasivo laboral, y en caso de existir insuficiencia económica, el instituto tendría que cubrir el faltante en el año siguiente, mediante la acumulación de reservas, "a fin de asegurar que el nuevo RJP, con un retraso no mayor a un ejercicio fiscal, esté siempre fondeado ciento por ciento".

Un viejo reclamo de los jubilados y pensionados del instituto ha sido que al momento de su salida no recuperaron su dinero acumulado en el Sistema de Ahorro para el Retiro en el periodo de 1992 a 1997. El nuevo RJP en cuestión establece en un artículo transitorio que el SNTSS acuerda con el Seguro Social el uso de esos recursos para "el financiamiento de las pensiones y jubilaciones" del régimen vigente.

Los inconformes resaltaron la responsabilidad de Vega Galina en el actual conflicto que viven los trabajadores con el IMSS, e incluso de que la situación se haya complicado a tal grado que ahora la vigencia del RJP sea motivo de discusión legislativa. La aprobación de la iniciativa de reforma legal promovida por los diputados de PRI y PAN implica cambios de facto al esquema de retiro de los empleados del organismo, consideraron.

Afirmaron que la controversia no sólo pone en riesgo el régimen sino todo el contrato colectivo de trabajo del Seguro Social y del resto de las dependencias o empresas "que resulten onerosas" para las autoridades.

Resaltaron la actitud del actual Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS, en particular de Vega Galina, quien durante "todo este tiempo ha engañado a sus agremiados". En reiteradas ocasiones ha dicho que no firmaría ningún cambio al RJP sin el consenso de los trabajadores y serían éstos quienes tuvieran la última palabra al respecto.

Al parecer, señalaron los trabajadores, Vega Galina pensó que el proyecto de las autoridades sería aprobado. Sin embargo, el pasado 12 de marzo la iniciativa fue rechazada durante el congreso extraordinario efectuado con el único objetivo de discutir y analizar la posible reforma del esquema de retiro.

Por eso, ahora que tienen en su poder copia del acta firmada por el SNTSS y el IMSS en la comisión revisora del contrato colectivo de trabajo, en octubre pasado, "no podemos menos que exigir la destitución de Vega Galina".

Adjunto a dicho convenio, los inconformes entregaron una copia de lo que se supone tenía que haber sido el nuevo RJP, el cual consta de 54 artículos y siete transitorios. Se divide en dos partes, la primera que cubre a los "trabajadores de base y de confianza 'B' que hayan ingresado al IMSS hasta el 30 de marzo de 2004, así como a los empleados de confianza 'A' que hayan ingresado hasta el 20 de diciembre de 2001".

Otra de las diferencias de ese proyecto respecto al que el CEN del SNTSS promovió entre sus agremiados para que fuese aprobado en el congreso extraordinario sindical es el monto de las aportaciones que los trabajadores activos ten-drían que hacer al fondo del RJP. Plantea, además, las cuotas que los empleados que se pensionen o jubilen a partir del primero de abril de 2004 tendrían que entregar al financiamiento del mismo esquema, y que irían de 3 por ciento en el primer año hasta llegar a 15 por ciento en 2015.