Ricardo García Sainz

Reforma al IMSS, canallada en 23 palabras

El proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Seguro Social, presentado el día de la toma de la Bastilla por el diputado Manlio Fabio Beltrones y 150 legisladores más, y al día de hoy ya dictaminado en favor por la Comisión de Hacienda, es un acto de fe y de frivolidad, porque ninguno lo leyó, al extremo de considerarse Senado de la República. Transcribo: "... en razón de lo anterior, el Senado de la República no puede estar de acuerdo con los alcances que..."

De su lectura se concluye fácilmente que es una retacería elaborada en el IMSS, de argumentos carentes de continuidad y de rigor. Por su pobreza y por formar parte de una gigantesca campaña publicitaria, no vale la pena analizar sus contradicciones y omisiones, basta con destacar lo obvio: inoportuna, por presentarse en el momento en que se están llevando a cabo las pláticas con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) a solicitud de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; precipitada, porque se presenta en la Comisión Permanente, pretendiendo convocar a un periodo extraordinario; con mecanismos de aprobación dignos de las peores épocas del priato, y todo ello para resolver un problema cuyos primeros síntomas aparentemente ocurrirán dentro de 28 años.

Es estéril, porque deliberadamente ignora los otros cuatro o cinco problemas estructurales que determinan la viabilidad del IMSS, e infantilmente ignora lo que afirman en la exposición de motivos que "... ya en el 2005 podrá haber problemas operativos mayores". Para corregir una situación cuya crisis se dará en 2010, al decir de Levy, se legisla con visión de estadistas para lo que ocurrirá en 2033, si el IMSS continúa vivo para entonces.

Es una propuesta que limita sus efectos al contrato colectivo de trabajo del IMSS y a sus futuros trabajadores, cuando se encuentran exactamente en la misma situación todos los trabajadores de las instituciones y empresas públicas que se jubilan conforme a sus contratos colectivos por años de servicio, este es el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Luz y Fuerza del Centro (LFC), universidades, banca de desarrollo y muchos otros, y que destinan ingresos por ventas de servicios públicos o por asignaciones presupuestales al pago de sus regímenes especiales de jubilaciones y pensiones.

Vista desde este ángulo, no obstante su ineficacia, la propuesta firmada por Beltrones es brutalmente agresiva contra el SNTSS, pretendiendo dividirlo, exhibirlo injustamente ante la opinión pública y dando un paso más en el proyecto zedillista, acelerado por Fox, de privatizar los servicios médicos del IMSS, único propósito que hace comprensibles las acciones del gobierno desde 1995.

La propuesta, por nadie siquiera leída, es, al igual que la de 2001, engañosa a la opinión pública, porque denuncia en tonos mayores las deficiencias del IMSS y da la impresión de que el Poder Legislativo se está ocupando sesudamente de resolver problemas, lo que es absolutamente falso porque los otros problemas fundamentales del IMSS, aunque detectados con anterioridad, son ignorados. Vista así, la reforma parecería inofensiva para los actuales pensionados y los trabajadores en activo, da la impresión de ser una forma de salir del problema político creado entre Levy y el sindicato, pero la reforma va mucho más allá. Después de 10 cuartillas en letra pequeña, de redacciones farragosas y desarticuladas, se llega al artículo Segundo Transitorio -esta perversa costumbre de legislar por vía de transitorios- que tiene en su literalidad efectos demoledores en contra de los actuales pensionados y de los trabajadores en activo con derechos a ser pensionados, a la letra dice: "... Para tal efecto (seguir gozando de los beneficios otorgados por el régimen de jubilaciones y pensiones -RJP-), el instituto aportará las cantidades que le sean autorizadas en su respectivo presupuesto de egresos por la Cámara de Diputados." Con fundamento en estos dos renglones, la Cámara realizará de un solo golpe o de manera gradual, año con año, el recorte de las pensiones de los actuales jubilados del RJP y de los trabajadores en activo, de quienes se dice no se tocarán sus derechos. Recorte que dejará indefensos a los jubilados, incluso porque la campaña mediática se ha encargado de crear un clima de linchamiento.

Estos dos renglones, los únicos que tienen sentido en la reforma, cuya paternidad aceptó Beltrones, deben ser sustituidos por otros dos que digan que "... Para tal efecto, el instituto continuará cubriendo sus obligaciones como hasta ahora lo ha hecho y con las mismas fuentes de origen de los recursos". Este párrafo, cualquiera que sea su redacción, debe ser la confirmación del propósito del legislador de no afectar los derechos de los jubilados y de los trabajadores en activo. Sin embargo, la vida de esta disposición será de apenas unos cuantos años, porque su monto, sumado a los salarios, será mayor al total de las contribuciones obrero-patronales determinadas por la ley vigente, lo que confirma la necesidad de sentar las bases para el resurgimiento de la seguridad social, garantía de protección de la salud de los trabajadores activos o pensionados y de sus familias, así como consolidar un sistema que permita el disfrute de pensiones dignas.

Para claridad de los planteamientos tomaré la situación presente del IMSS, empezando por identificar las causas del actual nivel de desfinanciamiento que se ha traducido en el desmantelamiento de los servicios médicos institucionales:

I. Caída del valor real de los salarios y, por tanto, de los ingresos del IMSS, por estar vinculados. En los últimos 20 años los salarios han perdido 75 por ciento de su valor.

II. No generación de empleo y, por tanto, la no incorporación al IMSS de nuevos cotizantes. De haber logrado un crecimiento de 7 por ciento, conforme al modelo de desarrollo vigente se han tenido tasas negativas, lo que modifica toda la pirámide de distribución de riesgos. Agudiza el fenómeno la no incorporación al régimen solidario de grupos de trabajadores con alta capacidad de contribución, como son los petroleros.

III. La expectativa de vida, ya que actualmente la de los mexicanos es de más de 75 años, en contraste con los escasos 60 años que se tenían hace medio siglo. Esta afortunada realidad encarece el costo de los servicios médicos, particularmente para los jubilados, con el agravante de que no existen bases de financiamiento para cubrir estos servicios. Todo el costo de la atención médica a los jubilados es cubierto con las carencias, desatenciones, abandono, dolor y muerte compartidas con los trabajadores en activo.

IV. Insuficiencia de cuotas para cubrir el costo de los servicios médicos, la gran mentira de Zedillo, quien justificó la reforma de 1997 para dotar al IMSS de recursos suficientes y, tal y como lo confirma su actual director, el valor de las cuotas que recibe la institución es igual al anterior, lo que determina su necesario desmantelamiento.

La ley de 1997 no le da un peso más al IMSS, libera a patrones y trabajadores del 30 por ciento de las contribuciones, cantidad que absorbe el Estado con cargo al presupuesto federal, en este año del orden de los 35 mil millones de pesos.

Es urgente restituir las contribuciones de los sectores a los niveles que tenían antes de la reforma de 97, lo que garantizaría la eficaz y oportuna prestación de los servicios y la inversión necesaria para contar con la infraestructura mínima, así como recuperar los avances tecnológicos.

Del análisis de 50 años de historia de las contribuciones al IMSS, se puede afirmar que el monto de las cuotas obreropatronales en nada afectan la generación de empleo.

V. El costo incontrolado de medicamentos y otros insumos afecta severamente el equilibrio financiero e impide la prestación de servicios. El incremento de precios de los medicamentos, a ciencia y paciencia de las autoridades, se ha elevado en los 10 años recientes al doble de la inflación. Frecuentemente se acusa a la administración de desviación de recursos y de corrupción en las adquisiciones de medicamentos y de insumos para la atención médica.

VI. En la exposición de motivos del proyecto firmado por Beltrones se señala como costo de 2003 del RJP la cantidad de 13 mil millones. Recuerdo esta afirmación sólo como referencia para ubicar el incumplimiento del gobierno federal de cubrir el costo de transición de los jubilados conforme a la ley derogada en 1997 y de todos los que opten por el régimen anterior. Es evidente que el jubilado tiene derecho a una pensión que el gobierno paga puntualmente con cargo al presupuesto federal. Para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, el gobierno federal debería hacer las aportaciones correspondientes conforme a la responsabilidad establecida en el transitorio duodécimo de la ley de 1997. Conforme a los cálculos del IMSS, el costo del presente año es del orden de 15 mil millones de pesos y el pago omitido en su perjuicio rebasa los 60 mil millones de pesos, constituyendo un grave problema que ni siquiera se plantea, a pesar de que se agravará ininterrumpidamente durante los próximos 30 años.

VII. Por la naturaleza del instituto, el valor de los salarios es el costo fundamental y dentro de ellos el del RJP es un factor creciente que debe ser corregido dentro del conjunto de medidas indispensables, todas ellas para interrumpir el desmantelamiento de la institución, propósito central del proyecto privatizador de la actual administración.

Los puntos que deben revisarse son, cuando menos, cinco:

1) Establecer edad mínima de jubilación. 2) Revisar el salario base que sirve para su otorgamiento. 3) Establecer como factor dinámico para la actualización de las pensiones la inflación reconocida y no los incrementos otorgados al personal en activo. 4) Limitar el cambio de beneficiarios una vez otorgada la pensión, y 5) Establecer la supresión temporal del disfrute de la pensión en aquellos casos en que el pensionado obtenga ingresos gravables.

No hay duda que los regímenes de pensiones por años de servicio deben ser condicionados también por la edad de su disfrute, pero tampoco hay duda que la reforma al RJP de los trabajadores del IMSS no resolverá las angustias institucionales. Menos aún si esta modificación se pretende mediante una propuesta infantil, ingenua, bondadosa, aparentemente intrascendente en la que está perversamente encapsulada, tramposamente oculta, la posibilidad de aplicar desde la Cámara de Diputados, en el proceso de aprobación del presupuesto federal desde este mismo año si se quiere, los recortes a las pensiones vigentes o a las que se suponen disfrutarán los actuales trabajadores, quienes quedarán al margen de la discusión del régimen contractual.

Esto es una canallada que sólo se explica por el propósito real del gobierno de Fox y de su artífice Santiago Levy, de destruir la institución y aniquilar un sindicato nacional, ambos propósitos acordes con las recetas de cocina del neoliberalismo. El programa privatizador es el único hilo conductor de los acontecimientos institucionales desde Zedillo:

1. Se inicia con confirmar la insuficiencia de los servicios médicos a través de una mentira.

2. Se privatizan las pensiones entregando su manejo a las Afore.

3. Se ignora, hasta la fecha, la obligación del Estado de pagar el servicio médico de los jubilados.

4. Se reforma la ley en 2001 sin tocar ninguno de los temas centrales, y se inmovilizan recursos por la constitución de reservas financieras y actuariales, así como el Fondo para Obligaciones Laborales. Hasta la fecha estos fondos rebasan la cantidad de 33 mil millones.

5. Se desarrolla una brutal campaña mediática para hacer creer que el problema del IMSS es el régimen de jubilaciones y pensiones.

6. Se ignoran deliberadamente el resto de problemas de actualización de cuotas, incorporación de nuevos grupos, combate a la evasión, abastecimiento oportuno, pago de compromisos gubernamentales.

Permítanme una reflexión dirigida a los grandes líderes del Congreso del Trabajo: están siendo cómplices de un atraco, abriendo la puerta a que en breve lapso ustedes sean las víctimas; la fórmula se repetirá en Pemex, CFE, LFC y en todos aquellos casos en los que la autoridad, cada vez más arbitraria, lo desee, rompiendo en los hechos la contratación colectiva.

El focalizar la solución del IMSS en los problemas del RJP es una simulación, una farsa ineficaz. El camino privatizador es equivocado; para corregir el rumbo, debemos volver a ver a las instituciones de seguridad social como instrumentos de política social y no como instrumentos financieros; debemos volver a ver a los trabajadores como seres humanos y no como ahorradores; debemos recuperar el orgullo de servirles mediante la reconstrucción de un servicio médico eficiente y oportuno, y de las bases para el disfrute de pensiones dignas.

Es factible, yo digo que sí, pagando el costo real de los servicios con cargo a contribuciones del sector empresarial y obrero, elevando estructuralmente la eficiencia mediante la consolidación de los grandes y pequeños institutos y de los servicios médicos aislados. Esto evitará duplicidades, acercará los servicios y elevará la capacidad resolutiva; debemos corregir los excesos vistos a la luz de los actuales acontecimientos, los abusos, las defraudaciones y la corrupción. Gran parte de las pensiones indignas derivan de salarios bajos simulados durante toda la carrera laboral. Debemos recuperar para fines del pago de las pensiones el rendimiento del inmenso patrimonio constituido por todos los activos fijos institucionales que eran o son parte de las reservas técnicas.

La solución no está en atropellar a los trabajadores del IMSS, sino en construir un consenso para, mediante un esfuerzo conjunto, que todos pongamos la parte que nos corresponde para garantizar servicios médicos dignos a los trabajadores y a sus familias.