Santiago Levy repite argumentos catastrofistas que usó Genaro Borrego en 1995

La reforma de Zedillo profundizó la crisis financiera del Seguro Social

JUAN BALBOA

Las reformas a la Ley del Seguro Social enviada en 1995 por el presidente Ernesto Zedillo y aprobada por la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de manera "inaplazable y urgente", tenía como propósitos principales salvar del crack financiero al instituto, consolidar pensiones más dignas y ampliar los elementos redistributivos del ingreso financieramente sustentables para fomentar el ahorro nacional.

En 1995 con Genaro Borrego Estrada y en 2004 con Santiago Levy como directores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el escenario catastrofista que pintan se ha repetido; parece que fue sacado del mismo texto, sólo que con una diferencia de nueve años: "De no llevarse a cabo las reformas, dentro de unos tres años, máximo cuatro, tendríamos una situación francamente difícil en lo financiero", advirtió en su momento Borrego Estrada, el principal impulsor de las reformas zedillistas de 1995 y actualmente senador por el PRI.

El gobierno de Ernesto Zedillo ofreció una "reforma bondadosa", al grado de que aseguraba que los trabajadores mexicanos podrían convertirse, de ser aprobadas las propuestas de enmienda presentadas en noviembre de 1995, en el principal activo de ahorro interno. Vendía la idea de que cada trabajador tendría en su sistema de pensiones una aportación real cercana a 17 por ciento del salario de cotización.

Pero aún más, afirmaba que las reformas ayudarían a transparentar el sistema buscando el ahorro interno, el cual ayudaría a "la expansión de la economía y la generación de empleos".

Ofrecía que los recursos del fondo de pensiones de la institución -estimados en ese momento en 24 mil millones de nuevos pesos anuales acumulativos- serían distribuidos entre todos en vez de que se guardaran y permanecieran ociosos o fueran destinados a otros fines.

En contraste con el discurso catastrofista sobre el futuro financiero del IMSS, el gobierno del presidente Zedillo hacía gala de "ser buen administrador" y destacaba que el IMSS era de las pocas instituciones públicas "que sopesan los efectos de la crisis con un adecuado manejo de los recursos''.

De acuerdo con los lineamientos hacendarios y las proyecciones del propio IMSS, sus ingresos durante 1995 ascenderían a 46 mil 572 millones de nuevos pesos, mientras que el gasto general del instituto era de 43 mil 262 millones. El remanente esperado se ubicaba en 3 mil 310 millones de nuevos pesos, cálculo que se esfumó por los efectos de la crisis.

Pero no dejaban de ofrecer, si se aprobaban las reformas a la Ley del Seguro Social, un futuro halagüeño: tanto, decía Genaro Borrego, entonces director del IMSS, que en ningún momento se afectarían los derechos de los pensionados. Por el contrario, agregaba, los trabajadores en retiro "deberían aliarse" a la propuesta del gobierno, porque la iniciativa buscaba que los nietos de los pensionados tuvieran una situación mejor, "es decir, que a sus nietos no les pase lo que a ellos les ha pasado".

El gobierno zedillista insistía en que las reformas a la Ley del Seguro Social le darían equilibrio financiero al IMSS y se tendría un incremento en las aportaciones del Estado.

Pero nueve años después nada de esto es realidad. Con las mismas prisas y argumentos similares, ahora los diputados priístas, con el apoyo de los panistas, intentan convencer de las bondades de su iniciativa de ley y, como en 1995, advierten que si no se aprueba las finanzas del IMSS irán a la quiebra.

El noviembre de 1995, el entonces secretario del Trabajo, Javier Bonilla, fue tajante al señalar que con las reformas de 1995 el gobierno de Ernesto Zedillo trataba de resolver un problema de viabilidad financiera, pero que de ninguna manera permitiría que se pusiera en riesgo el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a la institución porque -en ese caso- habría grandes repercusiones sociales.

El gobierno esperaba que con la reforma, los recursos que servirían para incrementar el ahorro nacional serían superiores a los 30 mil millones de nuevos pesos anuales, considerando, además de los fondos del IMSS, las cuotas para vivienda (Infonavit) y del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Con ello, aseguraba, se lograría la meta de incrementar el ahorro interno, antes de que finalizara esa década, de 16 a 22 por ciento del producto interno bruto (PIB).

La iniciativa presentada a finales de noviembre de 1995 fue aprobada en comisiones por la mayoría priísta el 5 de diciembre del mismo año. Ese mismo día la aplanadora del PRI votó en favor en el pleno de la Cámara de Diputados.

El proyecto enviado por el Ejecutivo federal el 9 de noviembre fue modificado por los legisladores en 38 de sus 305 artículos y 25 transitorios.

El 10 de diciembre, la Cámara de Senadores la confirmó como ley, pero antes enmendó una fe de erratas enviada por la propia Cámara de Diputados.

El Partido de la Revolución Democrática se opuso en las dos instancias legislativas a la aprobación de las reformas, pues aseguró que en la Ley del Seguro Social "se impuso la voluntad del presidente Zedillo y se abrió la posibilidad de que el IMSS se privatice''.

Las iniciativas de reformas a la Ley del Seguro Social presentada por el PRI en noviembre de 1995 y julio de 2004 son la misma historia. Para varios investigadores y especialistas, la crisis que padece el IMSS se profundizó justo cuando los priístas aprobaron la reforma hace nueve años.