Hay retroceso del estado de derecho, según juristas

Las violaciones de garantías son "monstruosas": Burgoa

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Para juristas mexicanos, el hecho de que los seis ciudadanos vascos presos en el Reclusorio Norte desde hace más de un año enfrenten un juicio de extradición por sus presuntos vínculos con la ETA, a pesar de que su aprehensión se realizó a petición expresa de la embajadora de España en México, Cristina Barrios Almazor, en momentos en que no existía una petición provisional de detención con fines de extradición, representa un "retroceso" para el estado de derecho en el país y demuestra que cualquier persona puede ser víctima de "actos extrajudiciales".

Entrevistados por separado, el doctor en derecho constitucional Ignacio Burgoa Orihuela y el abogado procesal Julio Hernández Pliego coincidieron en señalar que de acuerdo con lo documentado ayer por este diario, respecto a la ilegal detención de los seis vascos, "se violaron en su contra varias garantías individuales"

Burgoa puntualizó que en el caso de los reclamados en extradición "todo parece indicar que se violaron en su contra las garantías de audiencia, de legalidad y de defensa, e incluso el derecho que establece el artículo 19 constitucional, que dice que ninguna persona puede permanecer más de tres días sin que se haya dictado en su contra un auto de formal prisión, o sea que las violaciones (a la Carta Magna) fueron monstruosas y patentes".

El jurista agregó que no basta con el hecho de que una funcionaria extranjera pida la detención de alguna persona a la que se le impute haber cometido delitos en otro país para que proceda la aprehensión: "eso es flagrantemente ilegal y anticonstitucional". Explicó que pa- ra ello "se requiere tramitar antes el pedido provisional de extradición y luego formalizarlo".

Asimismo, indicó que en caso de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) avalara la extradición de Félix Salustiano García, María Asunción Gorrotxategi, Ernesto Alberdi, José María Urquijo, Juan Carlos Artola Díaz y Asier Arronategi, su defensa puede recurrir al juicio de amparo, "y esa autoridad tiene la responsabilidad de poner fin a todos esos actos arbitrarios e indignantes" de que han sido víctimas los vascos.

-Si un juez de amparo les otorga la protección de la justicia y con ello se demuestran las ilegalidades que se cometieron en su contra, Ƒdeberían ser sancionados penal o administrativamente los responsables?

-Sí, por supuesto. Estarían violando la Constitución (en perjuicio de los vascos) y eso es un delito de abuso de autoridad.

Por su parte, Julio Hernández Pliego, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en derecho procesal penal, consideró que en el caso de los ciudadanos vascos se están aplicando "acciones ilegales" que "lastiman el estado de derecho".

El litigante planteó: "Un verdadero estado de derecho no consiste sólo en que los ciudadanos cumplamos con la ley; exige que ciudadanos y autoridades nos comprometamos a cumplirla, porque no puede ser posible que únicamente nosotros nos sometamos a los marcos normativos y las autoridades (judiciales y gubernamentales) no".

Refirió que en caso de comprobarse ante tribunales que los vascos fueron detenidos de manera ilegal deben ser castigadas las autoridades responsables.