Debe replantearse el proceso, si se confirma que la embajadora española mintió

Senadores de PRD y PRI piden revisar a fondo la extradición de los vascos

ANDREA BECERRIL

Senadores de PRI y PRD exigieron que el gobierno mexicano revise a fondo el juicio extradición de los seis ciudadanos vascos encarcelados en el Reclusorio Norte, luego de las revelaciones de que la embajadora de España en México, Cristina Barrios Almazor, mintió y proporcionó datos falsos a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El coordinador de los senadores del PRD, Jesús Ortega, y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Sadot Sánchez, coincidieron en que los seis ciudadanos de origen vasco -uno de ellos naturalizado mexicano- tienen derecho a que se revise todo el proceso legal y jurídico que se les ha seguido, de confirmarse que la embajadora Barrios Almazor proporcionó información apócrifa a las autoridades mexicanas.

Sánchez Carreño consideró que no puede pasarse por encima de la ley y del derecho de asilo, que es una tradición mexicana en materia de política exterior, ni violar los derechos humanos de María Asunción Gorrotxategi, Félix Salustiano García, Ernesto Alberdi, José María Urquijo, Juan Carlos Artola Díaz y Asier Arronategi, los ciudadanos de origen vasco que están en huelga de hambre en el Reclusorio Norte.

Por separado, Ortega resaltó que lo publicado ayer por La Jornada acerca de que la embajadora de España falseó datos para justificar la detención de los vascos cuando su gobierno aún no había solicitado formalmente la extradición, "obliga a una revisión completa del proceso judicial".

Expuso que falsear intencionalmente la información va a cambiar, sin duda, el desarrollo del proceso. "México debe ser muy respetuoso de los procedimientos de extradición, sobre todo porque el anterior gobierno derechista de España cometió injusticias contra ciudadanos de nacionalidad vasca que nada tienen que ver con terroristas, algunos de ellos militantes de organizaciones nacionalistas, quienes fueron enviados a territorio español sin el cumplimiento debido de la ley y de la Constitución".

Recordó que hubo casos lamentables en los cuales algunos vascos que tenían muchos años de vivir en México prácticamente fueron deportados sin cumplir con lo mínimo que marca la legislación mexicana en materia de extradición y sin que se probara su pertenencia a ETA.

El perredista recalcó que aunque no se esté de acuerdo con la militancia política de algunas personas de origen vasco, el gobierno federal está obligado a proteger a todos los ciudadanos que se encuentren en territorio nacional, sin discriminación alguna y sin que se vulneren sus derechos.

Ortega precisó que pedirá que se analice el caso en el Senado, ya que este órgano tiene la facultad de revisar la política exterior mexicana. "Queremos que la SRE tome en cuenta la situación e incluso pida cuentas a la embajadora de España, y que ésta rinda explicaciones por los documentos apócrifos que presentó", manifestó.

Sobre el tema, el también senador del PRD Rutilio Escandón consideró que hubo violación de los derechos humanos de los vascos y que es necesario que el Congreso exija al gobierno de Fox reparar el daño y dejar de hacer todo lo que el gobierno español y el juez Baltasar Garzón le ordenan.

Integrante de la Comisión de Justicia del Senado, el legislador señaló que en España el derechista Partido Popular ya no está en el poder "y es hora que Fox se entere de ello y respete los principios fundamentales de la política internacional del país y la aplicación, apegada a derecho, de los tratados de extradición".

Documentan analistas violaciones a derechos humanos

Por temor a ser torturados, los vascos se resisten a la extradición

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

El hecho de que los seis ciudadanos de origen vasco encarcelados en el Reclusorio Norte se resistan a ser extraditados a España no se debe a un "simple capricho", ya que su decisión deviene del temor que tienen a quedar en manos de las autoridades españolas, por las diversas denuncias que han hecho otros integrantes de movimientos independentistas, quienes han declarado incluso ante organismos internacionales como Amnistía Internacional que cuando fueron deportados o extraditadossufrieron tortura, aseguró Joseba Agudo Manzisidor, abogado y defensor de los derechos humanos.

Durante un foro efectuado ayer en la Universidad Obrera de México, en el que se examinó la situación histórica y de las "persecuciones políticas" de que han sido víctimas los independentistas del País Vasco, el abogado refirió que en la actualidad se tiene registro de 700 presos políticos (en España, Francia y México) y 2 mil exiliados de origen vasco.

Equiparó las cifras con el supuesto de que en México ocurriera un caso similar: "Es como si pensáramos que aquí hubiera 28 mil presos políticos y 70 mil exiliados en otros países". Agregó que en los pasados tres años México ha encabezado la lista de países que más han colaborado con España concediendo la extradición de ciudadanos vascos, lo cual es "lamentable", porque "los gobiernos anteriores al del presidente Vicente Fox y del ex presidente Ernesto Zedillo se caracterizaban por encabezar un país que daba asilo a perseguidos políticos".

Para Agudo Manzisidor el hecho de que haya sido durante el ejercicio presidencial de Zedillo cuando comenzaron a ser extraditados vascos "lo entiendo como una reacción a la necesidad del gobierno mexicano de buscar el respaldo de España para consolidar sus objetivos comerciales, en virtud del fracaso derivado del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá".

Duelista retórico de Marcos, entrometido opinador del feminicidio y represor de vascos

Garzón, los pasos del persecutor en México

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

El 17 de julio de 2003, un día antes de que los seis ciudadanos vascos presuntamente vinculados con ETA fueran detenidos en diversas entidades del país -únicamente por petición de la embajadora de España en México, Cristina Barrios-, el juez español Baltasar Garzón se reunió con el presidente Vicente Fox en la residencia oficial de Los Pinos.

Aunque ese mismo día el gobierno mexicano dio a conocer que el motivo "oficial" de la reunión era una plática sobre la situación de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, ahora se tienen sobrados motivos -documentados ayer por este diario- para suponer que en realidad la razón del encuentro pudo ser el pedido del juzgador español de que fueran detenidos los seis vascos, aun cuando no se había recurrido a los cauces diplomáticos correspondientes.

El 19 de julio Garzón se ganó una "llamada de atención" del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, quien lo criticó por "interferir en asuntos nacionales" debido a sus opiniones sobre el feminicidio en Juárez, a pesar de ser extranjero.

Los documentos oficiales, de los que posee copia La Jornada, demuestran que la embajadora Barrios mintió a las autoridades mexicanas, ya que cuando los vascos fueron detenidos aún no había un pedido "oficial" de detención contra ellos, a pesar de que la funcionaria afirmó lo contrario. A ello se agrega que el juez Garzón se reunió el 17 de julio con Fox e incluso días antes (el 3 de julio de ese año) también estuvo en México. Además, después de las detenciones de los seis vascos, el juez Garzón realizó reiteradas visitas a territorio mexicano.

Por ejemplo: Garzón estuvo en México el 6 de agosto de 2003. Según las versiones oficiales, el juez español llegó ese día para realizar "diversas actividades", en una estancia que se prolongó más de una semana.

En esa ocasión, en círculos diplomáticos cercanos a la embajada española en México se externó "preocupación" por el interés que Garzón había manifestado por viajar a Oventic, Chiapas, al encuentro que sostuvieron por esas fechas la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Apenas en diciembre de 2002 se había suscitado una polémica entre el juez Garzón y el subcomandante Marcos. El primero retó a un debate al líder insurgente, a lo que éste respondió afirmativamente y fijó como condicionantes que el encuentro fuese en las islas Canarias, en Lanzarote, y le refirió también que, en forma paralela, se realizara un encuentro entre todos los actores políticos y sociales para analizar la problemática vasca.

El 7 de agosto de 2003, Garzón arribó a Chiapas pretendiendo pasar inadvertido. Ese día señaló a los reporteros que sólo estaba en plan de "turista". Sin embargo, sostuvo reuniones con magistrados estatales.

El 9 de octubre de ese mismo año llegó al Distrito Federal, donde mantuvo una reunión con Juan José Ibarretxe, presidente de la comunidad autónoma del País Vasco, en el marco del cuarto Encuentro Europa-América Latina, celebrado en Valle de Bravo, estado de México.

A principios de 2004 Garzón continuó con sus visitas a nuestro país. El 28 de enero acudió en compañía del fiscal de la Audiencia Nacional de España, Enrique Molina Benito, a las comparecencias de tres mexicanos acusados -y liberados por falta de pruebas- de complicidad con una presunta célula de la organización armada vasca ETA.

Las diligencias tuvieron lugar en las oficinas del subprocurador de Investigaciones Especializadas contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, José Luis Santiago Vasconcelos.

El juez y el fiscal españoles anunciaron que también asistirían a otras diligencias que tendrían efecto al día siguiente en el Reclusorio Norte, a las que estaban citados los seis ciudadanos de Euskadi detenidos en esa cárcel, sujetos a proceso de extradición a España.

Sin embargo, el intento de Garzón de interrogar a los vascos se vio frustrado porque las autoridades del penal le pidieron que cumpliera con todos los requisitos a que está sujeto cualquier visitante del Reclusorio (entregar identificación personal y permitir que le sea sellada la muñeca de una de sus manos), y el juzgador se resistió a ello. Después de más de dos horas de esperar a que le permitieran el acceso, pero sin cumplir con el reglamento del penal, Garzón fue informado de que no se accedería a su petición, por lo que decidió retirarse del lugar.