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México D.F. Miércoles 21 de julio de 2004

La comisión mexiquense de derechos humanos dice no haber hallado huellas de golpes

Narran maltrato menores enviados a un albergue para toxicómanos

Recomendación al DIF estatal por irregularidades en el Certemac, como separar a hermanos

VICTOR BALLINAS E ISRAEL DAVILA /II ENVIADO Y CORRESPONSAL

Toluca, Mex. Uno de los niños internos en el Centro de Rehabilitación para Toxicómanos del Estado de México, AC (Certemac), entrevistado por funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), aseguró que ha sido golpeado por su coordinador, Carlos Eduardo Torres Velázquez. Para probarlo mostró "hematomas de golpes en el pecho".

Otro chico ratificó a la agente del Ministerio Público en Metepec, Fabiola Bernal, que son maltratados. "Mi compañero fue golpeado por su coordinador; los encargados del albergue le dijeron que afirmara que había chocado con una puerta, pero no es cierto. Le pegaron."

Urbano López, subprocurador de la PGJEM, manifestó a La Jornada que, en efecto, se recogió el testimonio de un niño de 12 años que denunció haber sido golpeado en el Certemac. "Tenía huellas de golpes, pero -afirmó el funcionario- se trata de heridas que no ponen en riesgo su vida, no dejan cicatrices, no ameritan hospitalización ni tardan más de 15 días en sanar."

Otro menor, dijo el subprocurador, presentaba huellas de golpes en el cuerpo, pero "el niño refirió que se los hizo jugando basquetbol y no hizo ninguna imputación".

Ante las irregularidades y omisiones que transgreden los derechos de los chicos transferidos al Certemac, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) emitió la recomendación 45/2004, dirigida al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), por el cúmulo de las irregularidades y omisiones de esa dependencia en la protección de los menores.

El titular de la Codhem, Miguel Angel Osorno Zarco, asentó en la recomendación que el DIFEM incumplió sus responsabilidades en los casos de los 33 menores que transfirió al Certemac, y subraya que es "inadmisible que el DIFEM actúe al contrario de sus recomendaciones, al omitir la convivencia entre hermanos". Abunda: "entre los niños que el DIFEM envió al Certemac se encuentran varios hermanos, pero, contra el argumento oficial de que los menores fueron trasladados a ese albergue para que pudieran convivir y no se separara a los hermanos, al llegar allí se les separó, y desde que llegaron -algunos hace tres años- no se han reunido".

Además, el director del Certemac, el cura Alfonso Carmona, envió a las niñas al albergue que tiene en el municipio de Otzolotepec, y "no se ha propiciado un encuentro con sus hermanos".

En contraste con los resultados que obtuvo la PGJEM, donde se constataron huellas de golpes en un menor, y se tomó la denuncia del niño "que fue golpeado", la Codhem sostiene en su investigación que ningún menor de los que entrevistaron los visitadores dijo haber sido golpeado, y que tampoco "encontraron ni detectaron huellas de maltrato en los menores".

La Codhem resalta "la buena condición en que se encuentran las instalaciones del Certemac. Se observa limpieza, áreas verdes, alberca, áreas de estudio, dormitorios para niños, adolescentes y jóvenes, perfectamente separados".

Apunta que los entrevistados en el Certemac por los funcionarios de la Codhem aseguraron que "se sienten a gusto en el albergue, que no reciben maltrato, y señalan que un menor 'sin presión alguna' dijo durante la entrevista que la maestra de inglés, Leonarda Ofelia Garduño Rodríguez, le dio un cuestionario para contestarlo y lo presionó para hacerlo, por lo que mintió al escribir".

El menor actuó de esa manera, dicen los funcionarios de la Codhem, porque la maestra de inglés afirmó "que me iba a sacar de aquí, por eso mentí".

No obstante, "y pese a que la Codhem no encontró menores maltratados, no podíamos evitar manifestarnos sobre las irregularidades detectadas por del DIFEM".

En la recomendación se asegura que "aunque el Certemac y el DIFEM, en junio de 2000, hicieron un nuevo convenio por el cual ampliaron el objetivo del albergue, que era para toxicómanos, para que pudiera recibir niños maltratados, abandonados, huérfanos (los que el DIFEM le envía), es insuficiente para otorgar adecuada protección legal a los menores, pues no se establece el tiempo en que estarán en ese albergue ni la periodicidad con que informará ese centro al DIFEM sobre el estado físico, síquico, social y cultural de los infantes, y mucho menos la obligatoriedad para fomentar la convivencia entre hermanos".

El subprocurador Urbano López afirma: "en lo personal me hacía una pregunta, ¿por qué, después de seis meses, la maestra inicia una averiguación previa? Debió haber denunciado los hechos cuando trabajaba en el centro".

El funcionario resta importancia al testimonio del menor que asegura haber sido golpeado y que muestra huellas del maltrato, lo cual fue acreditado por personal de la procuraduría y afirma: "el menor que hace la denuncia es muy listo, no es adicto, ni tiene características de retraso (mental), por eso se analiza esa versión".

Refiere que hay un informe de la trabajadora social de la PGJEM que asienta que las instalaciones del albergue "se encuentran demasiado óptimas" como para que estén rehabilitándose ahí jóvenes con adicciones.

Inclusive, el funcionario señala: "hay quienes dicen que la maestra presentó la denuncia porque no se le renovó el contrato y porque Carmona no le dio en adopción a un menor que ella pidió".

La averiguación, dice López, "está por concluirse en los próximos días. Se está verificando la versión del menor que dijo haber sido maltratado, porque Carlos Eduardo Torres Velázquez, el coordinador que fue acusado de golpear al niño, aseguró a la procuraduría que su trabajo no es pegarle a los niños, sino vigilar y encauzar que hagan las tareas que se les asigna".

En la procuraduría local se comenta que "Carmona estuvo presente durante los interrogatorios a los menores. Los funcionarios entrevistadores le pidieron que los dejara solos, pero el cura entraba y salía del lugar, como para intimidar a los menores".

Carmona es muy conocido en los círculos gubernamentales. Más aún, en su albergue tiene fotografías de menores junto a un helicóptero de la PGJEM, del que dijo con orgullo: "me lo proporcionan para que los niños den una vuelta".

Además, el DIFEM entregó 271 mil pesos a Carmona para becas y para el centro de cómputo, aunque "no señaló a la Codhem con qué periodicidad entrega recursos o ayuda al centro".

El primer visitador de la Codhem, Juan Manuel Zamora Vázquez, quien estuvo a cargo de la investigación en el Certemac, aseveró que "aunque no pudimos constatar el maltrato, no podíamos dejar de lado las irregularidades que detectamos, porque la ley es muy clara y la autoridad sólo puede hacer lo que la norma le faculta. Encontramos que los expedientes de los menores no estaban debidamente integrados".

"Detectamos irregularidades en los informes que nos envió el DIFEM; por ejemplo, nos percatamos que no realiza directamente las supervisiones a los menores en el centro, lo hace por teléfono, le preguntan al responsable del albergue si los niños están bien, si no tienen problemas. Y no obstante que se señala en el documento del DIFEM que la supervisión se realiza vía telefónica, al final aparece la firma del entrevistado."

Otra irregularidad del DIFEM: "dejó de brindar el servicio sicológico que proporcionaba a los menores, y no se debe olvidar que los niños fueron víctimas de abusos físicos o sexuales por parte de familiares; fueron golpeados, abandonados y rechazados", abundó el funcionario.

Si bien en el Certemac los menores reciben tratamiento sicológico, pues Carmona es sicólogo, "el DIFEM debe brindarles el servicio, pues al dejarlos ahí y desentenderse de ellos transgrede los derechos del niño previstos en el artículo 4 de la Constitución, así como en la Convención de los Derechos del Niño", detalló Zamora.

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