México D.F. Miércoles 21 de julio de 2004
La comisión mexiquense de derechos humanos
dice no haber hallado huellas de golpes
Narran maltrato menores enviados a un albergue para
toxicómanos
Recomendación al DIF estatal por irregularidades
en el Certemac, como separar a hermanos
VICTOR BALLINAS E ISRAEL DAVILA /II ENVIADO Y CORRESPONSAL
Toluca, Mex. Uno de los niños internos en
el Centro de Rehabilitación para Toxicómanos del Estado de
México, AC (Certemac), entrevistado por funcionarios de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México (PGJEM), aseguró
que ha sido golpeado por su coordinador, Carlos Eduardo Torres Velázquez.
Para probarlo mostró "hematomas de golpes en el pecho".
Otro chico ratificó a la agente del Ministerio
Público en Metepec, Fabiola Bernal, que son maltratados. "Mi compañero
fue golpeado por su coordinador; los encargados del albergue le dijeron
que afirmara que había chocado con una puerta, pero no es cierto.
Le pegaron."
Urbano
López, subprocurador de la PGJEM, manifestó a La Jornada
que, en efecto, se recogió el testimonio de un niño de 12
años que denunció haber sido golpeado en el Certemac. "Tenía
huellas de golpes, pero -afirmó el funcionario- se trata de heridas
que no ponen en riesgo su vida, no dejan cicatrices, no ameritan hospitalización
ni tardan más de 15 días en sanar."
Otro menor, dijo el subprocurador, presentaba huellas
de golpes en el cuerpo, pero "el niño refirió que se los
hizo jugando basquetbol y no hizo ninguna imputación".
Ante las irregularidades y omisiones que transgreden los
derechos de los chicos transferidos al Certemac, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) emitió la
recomendación 45/2004, dirigida al Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de México (DIFEM), por el cúmulo
de las irregularidades y omisiones de esa dependencia en la protección
de los menores.
El titular de la Codhem, Miguel Angel Osorno Zarco, asentó
en la recomendación que el DIFEM incumplió sus responsabilidades
en los casos de los 33 menores que transfirió al Certemac, y subraya
que es "inadmisible que el DIFEM actúe al contrario de sus recomendaciones,
al omitir la convivencia entre hermanos". Abunda: "entre los niños
que el DIFEM envió al Certemac se encuentran varios hermanos, pero,
contra el argumento oficial de que los menores fueron trasladados a ese
albergue para que pudieran convivir y no se separara a los hermanos, al
llegar allí se les separó, y desde que llegaron -algunos
hace tres años- no se han reunido".
Además, el director del Certemac, el cura Alfonso
Carmona, envió a las niñas al albergue que tiene en el municipio
de Otzolotepec, y "no se ha propiciado un encuentro con sus hermanos".
En contraste con los resultados que obtuvo la PGJEM, donde
se constataron huellas de golpes en un menor, y se tomó la denuncia
del niño "que fue golpeado", la Codhem sostiene en su investigación
que ningún menor de los que entrevistaron los visitadores dijo haber
sido golpeado, y que tampoco "encontraron ni detectaron huellas de maltrato
en los menores".
La Codhem resalta "la buena condición en que se
encuentran las instalaciones del Certemac. Se observa limpieza, áreas
verdes, alberca, áreas de estudio, dormitorios para niños,
adolescentes y jóvenes, perfectamente separados".
Apunta que los entrevistados en el Certemac por los funcionarios
de la Codhem aseguraron que "se sienten a gusto en el albergue, que no
reciben maltrato, y señalan que un menor 'sin presión alguna'
dijo durante la entrevista que la maestra de inglés, Leonarda Ofelia
Garduño Rodríguez, le dio un cuestionario para contestarlo
y lo presionó para hacerlo, por lo que mintió al escribir".
El menor actuó de esa manera, dicen los funcionarios
de la Codhem, porque la maestra de inglés afirmó "que me
iba a sacar de aquí, por eso mentí".
No obstante, "y pese a que la Codhem no encontró
menores maltratados, no podíamos evitar manifestarnos sobre las
irregularidades detectadas por del DIFEM".
En la recomendación se asegura que "aunque el Certemac
y el DIFEM, en junio de 2000, hicieron un nuevo convenio por el cual ampliaron
el objetivo del albergue, que era para toxicómanos, para que pudiera
recibir niños maltratados, abandonados, huérfanos (los que
el DIFEM le envía), es insuficiente para otorgar adecuada protección
legal a los menores, pues no se establece el tiempo en que estarán
en ese albergue ni la periodicidad con que informará ese centro
al DIFEM sobre el estado físico, síquico, social y cultural
de los infantes, y mucho menos la obligatoriedad para fomentar la convivencia
entre hermanos".
El subprocurador Urbano López afirma: "en lo personal
me hacía una pregunta, ¿por qué, después de
seis meses, la maestra inicia una averiguación previa? Debió
haber denunciado los hechos cuando trabajaba en el centro".
El funcionario resta importancia al testimonio del menor
que asegura haber sido golpeado y que muestra huellas del maltrato, lo
cual fue acreditado por personal de la procuraduría y afirma: "el
menor que hace la denuncia es muy listo, no es adicto, ni tiene características
de retraso (mental), por eso se analiza esa versión".
Refiere que hay un informe de la trabajadora social de
la PGJEM que asienta que las instalaciones del albergue "se encuentran
demasiado óptimas" como para que estén rehabilitándose
ahí jóvenes con adicciones.
Inclusive, el funcionario señala: "hay quienes
dicen que la maestra presentó la denuncia porque no se le renovó
el contrato y porque Carmona no le dio en adopción a un menor que
ella pidió".
La averiguación, dice López, "está
por concluirse en los próximos días. Se está verificando
la versión del menor que dijo haber sido maltratado, porque Carlos
Eduardo Torres Velázquez, el coordinador que fue acusado de golpear
al niño, aseguró a la procuraduría que su trabajo
no es pegarle a los niños, sino vigilar y encauzar que hagan las
tareas que se les asigna".
En la procuraduría local se comenta que "Carmona
estuvo presente durante los interrogatorios a los menores. Los funcionarios
entrevistadores le pidieron que los dejara solos, pero el cura entraba
y salía del lugar, como para intimidar a los menores".
Carmona es muy conocido en los círculos gubernamentales.
Más aún, en su albergue tiene fotografías de menores
junto a un helicóptero de la PGJEM, del que dijo con orgullo: "me
lo proporcionan para que los niños den una vuelta".
Además, el DIFEM entregó 271 mil pesos a
Carmona para becas y para el centro de cómputo, aunque "no señaló
a la Codhem con qué periodicidad entrega recursos o ayuda al centro".
El primer visitador de la Codhem, Juan Manuel Zamora Vázquez,
quien estuvo a cargo de la investigación en el Certemac, aseveró
que "aunque no pudimos constatar el maltrato, no podíamos dejar
de lado las irregularidades que detectamos, porque la ley es muy clara
y la autoridad sólo puede hacer lo que la norma le faculta. Encontramos
que los expedientes de los menores no estaban debidamente integrados".
"Detectamos irregularidades en los informes que nos envió
el DIFEM; por ejemplo, nos percatamos que no realiza directamente las supervisiones
a los menores en el centro, lo hace por teléfono, le preguntan al
responsable del albergue si los niños están bien, si no tienen
problemas. Y no obstante que se señala en el documento del DIFEM
que la supervisión se realiza vía telefónica, al final
aparece la firma del entrevistado."
Otra irregularidad del DIFEM: "dejó de brindar
el servicio sicológico que proporcionaba a los menores, y no se
debe olvidar que los niños fueron víctimas de abusos físicos
o sexuales por parte de familiares; fueron golpeados, abandonados y rechazados",
abundó el funcionario.
Si bien en el Certemac los menores reciben tratamiento
sicológico, pues Carmona es sicólogo, "el DIFEM debe brindarles
el servicio, pues al dejarlos ahí y desentenderse de ellos transgrede
los derechos del niño previstos en el artículo 4 de la Constitución,
así como en la Convención de los Derechos del Niño",
detalló Zamora.
|