Integrará el PRI un grupo de "juristas"

Si las motivaciones de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) para consignar a las autoridades civiles y militares vinculadas con hechos que pudieran constituirse en delitos en torno a la guerra sucia son políticas y no jurídicas, el gobierno federal tendrá que asumir plenamente la responsabilidad de sus acciones, advirtió ayer la dirigencia nacional del PRI.

Luego de anunciar que a partir del próximo sábado, una vez que el fiscal haga públicas sus consideraciones respecto de la presunta participación del ex presidente Luis Echeverría; del ex secretario de Gobernación Mario Moya Palencia; del ex procurador general de la República Julio Sánchez Vargas, además de elementos del Ejército, empezará a trabajar un grupo de diez juristas del PRI -posiblemente uno de ellos militar- y cinco académicos no priístas, para elaborar un análisis jurídico y político de los resolutivos de la Femospp.

"Que no se interprete equivocadamente: no se trata de que priístas defiendan a priístas o militares a militares. Se trata, exclusivamente, de la defensa de las instituciones más allá de las personas", advirtió la dirigencia del tricolor.

El coordinador de Asuntos Jurídicos del PRI, Raúl Cervantes Andrade, dijo que a diferencia de los guerrilleros, para los cuales operó una amnistía y, por tanto, el reconocimiento implícito de haber participado en actividades ilícitas, en el caso de Luis Echeverría, Moya Palencia, Sánchez Vargas y algunos militares no se pedirá a las autoridades una consideración similar.

"Si la determinación de la fiscalía es inadecuada desde el punto de vista jurídico, que se atenga a las resoluciones jurídicas, y entonces va a caer. Lo que nosotros queremos es que no parezca esto una persecución inadecuada contra el Estado, porque a lo mejor hay movimientos so-ciales en el futuro y nadie se va a atrever a mover un dedo porque los que cometen delitos van a ser amnistiados y después van a hacer imputaciones".

CIRO PEREZ SILVA