El próximo sábado, a más tardar, la Femospp consignará el expediente

Los jueces del caso del jueves de Corpus eran niños cuando ocurrió la matanza

GUSTAVO CASTILLO GARCIA Y ALFREDO MENDEZ

A más tardar el próximo sábado 24 de julio, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) consignará el expediente por la matanza del 10 de junio de 1971. La responsabilidad de condenar o declarar inocentes a los presuntos responsables recaerá en los jueces que laboran en el Reclusorio Norte. Los representantes del Poder Judicial de la Federación adscritos a ese centro carcelario tienen dos características en común: cuando ocurrieron los hechos tenían en promedio 7 años de edad y tienen menos de cinco de haber sido designados jueces de distrito. Según sus currículos, ninguno cuenta con especialidad en derecho internacional o tratados en materia de delitos de lesa humanidad.

El final de la llamada guerra sucia de los años setenta y principios de los ochenta lo vivieron siendo estudiantes de bachillerato o universitarios.

De los seis, dos nacieron en Oaxaca, uno en el Distrito Federal, otro en Jalisco y uno más en Veracruz. Excepto este último estado, en los demás actuaron la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Brigada Blanca, sobre todo, y en esas entidades realizaron múltiples operaciones contra integrantes de grupos guerrilleros que incluyeron desapariciones forzadas y actos de tortura.

El 10 de junio de 1971, el juez primero de distrito, José Reynoso Castillo, tenía 7 años y 13 días de nacido; el juez segundo, José César Flores Rodríguez, contaba con 10 años un mes; el juez tercero de distrito, Arturo César Morales Ramírez, tenía un año cinco meses; Octavio Augusto Mejía Ojeda, juez 16 de distrito, tenía prácticamente 10 años; Isabel Cristina Porras Odriozola, hija de un militar, contaba entonces con 4 años, y el titular del juzgado 18 de distrito, Alejandro Javier Hernández Loera, contaba con 8 años y tres meses.

Casos relevantes

De acuerdo con registros periodísticos, José Castillo, titular del juzgado primero, ha atendido como caso relevante el inicio del proceso penal en contra del ex subprocurador de la República Ismael Eslava, como presunto responsable del extravío de las declaraciones del ex nuncio Girolamo Prigione dentro de la averiguación previa del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.

El juez segundo, José César Flores Rodríguez, sentenció a José Cirilo Ocampo Verdugo, presunto lavador de dinero de los hermanos Amezcua Contreras, líderes del cártel de Colima; impuso 4 mil 700 millones de pesos como fianza al ex banquero Carlos Cabal Peniche, la cifra más alta en la historia del país. Es el juez que emitió, a pesar de haber incurrido en desacato, una opinión jurídica en favor de que se extradite a seis ciudadanos de origen vasco, habiendo dejado de lado pruebas que demostrarían, según la defensa de los detenidos, que no incurrieron en los delitos que les imputa el juez español Baltasar Garzón.

Arturo César Morales Ramírez, titular del juzgado tercero de distrito, fue quien libró la orden de aprehensión en contra de los integrantes de una red de traficantes de indocumentados que involucraba a funcionarios del Instituto Nacional de Migración, entre los que está Artemisa Aguilar Moreno, suegra de Santiago Pando, ex publicista del presidente Vicente Fox.

También sentenció a ocho años de cárcel al ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Ernesto Díaz Infante por haber permitido, mediante cohechos, la liberación de un estadunidense acusado de violar a una menor.

El juez 16 de distrito, Augusto Octavio Mejía Ojeda, tiene bajo su responsabilidad el juicio por ejercicio indebido en contra del ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Eduardo Fernández García, a quien se responsabiliza de haber obtenido ilícitamente documentación relativa a las cuentas bancarias de Lino Korrodi y Carlota Robinson, integrantes de la asociación civil Amigos de Fox.

Isabel Cristina Porras Odriozábal tiene en sus registros haber condenado a seis años de prisión al general Jesús Gutiérrez Rebollo (acusado también de narcotráfico por sus supuestos nexos con el cártel de Juárez) por el delito abuso de autoridad.

Alejandro Javier Hernández Loera, titular del juzgado 18 de distrito, libró la orden de aprehensión contra el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, Francisco Suárez Warden. Sin embargo, pese a haber considerado que el Ministerio Público Federal había aportado pruebas suficientes de su responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público, lo exoneró del acto ilícito. 

Plantea punto de acuerdo para que Carrillo Prieto sustente acusaciones

"Cuando el poder mata no debe haber perdón": Pablo Gómez

VICTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

El diputado perredista Pablo Gómez Alvarez manifestó ayer que el PRI no le puede pedir al país "que la impunidad continúe de manera indefinida, y que cada día de los venideros siga siendo uno más" sin que los responsables de haber vulnerado la legalidad y violado derechos humanos queden sin castigo.

El legislador resaltó que para que México transite verdaderamente a la democracia es preciso hacer un análisis minucioso del pasado y deslindar aquellas responsabilidades institucionales y personales que se deriven de la comisión de graves violaciones a garantías fundamentales.

El perredista presentó un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), Ignacio Carrillo Prieto, a sustentar las consignaciones que realice en contra del ex presidente Luis Echeverría Alvarez; del ex secretario de Gobernación Mario Moya Palencia y del ex procurador general de las República (PGR) Julio Sánchez Vargas, acusados como presuntos responsables de la represión estudiantil del 10 de junio de 1971, con base en los criterios derivados del derecho internacional de los derechos humanos.

Desde la tribuna, el también coordinador de los diputados perredistas advirtió a los priístas: "cuando el poder mata no debe haber perdón. Cuando el poder reprime no debe haber olvido, porque al reprimir el poder utiliza los instrumentos que la sociedad, teóricamente, ha puesto en manos de los gobernantes".

Y abundó: "el gobernante que mata, que reprime, no se la está jugando: está indebidamente utilizando el poder para mantenerse en él o para frenar a la oposición o a los rebeldes".

Dirigiéndose a los priístas, diputados y senadores, Gómez Alvarez subrayó: "no se les puede dar el mismo trato a los poderosos que a los rebeldes. Nuestra legislación no les da el mismo trato, la Constitución prohíbe el indulto a los servidores públicos en caso de delitos cometidos durante el tiempo de su encargo, y el Código Penal da otro trato a los rebeldes.

"En esas leyes mexicanas hay una sabiduría muy grande. Eso es lo que el PRI debería tomar en cuenta en un país de rebeldes y en una nación donde se desarrolló el Estado represivo, no sólo autoritario, sino represivo."

El legislador expuso en sus consideraciones del punto de acuerdo: "cada vez hay más elementos públicos y políticos que nos hacen pensar que no existe verdadera voluntad política para investigar y sancionar a quienes han sido señalados como responsables de planear y ejecutar la brutal represión contra los estudiantes en 1968 y 1971, y los crímenes de lesa humanidad derivados de la guerra sucia".