Plantea punto de acuerdo para que Carrillo Prieto sustente acusaciones

"Cuando el poder mata no debe haber perdón": Pablo Gómez

VICTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

El diputado perredista Pablo Gómez Alvarez manifestó ayer que el PRI no le puede pedir al país "que la impunidad continúe de manera indefinida, y que cada día de los venideros siga siendo uno más" sin que los responsables de haber vulnerado la legalidad y violado derechos humanos queden sin castigo.

El legislador resaltó que para que México transite verdaderamente a la democracia es preciso hacer un análisis minucioso del pasado y deslindar aquellas responsabilidades institucionales y personales que se deriven de la comisión de graves violaciones a garantías fundamentales.

El perredista presentó un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), Ignacio Carrillo Prieto, a sustentar las consignaciones que realice en contra del ex presidente Luis Echeverría Alvarez; del ex secretario de Gobernación Mario Moya Palencia y del ex procurador general de las República (PGR) Julio Sánchez Vargas, acusados como presuntos responsables de la represión estudiantil del 10 de junio de 1971, con base en los criterios derivados del derecho internacional de los derechos humanos.

Desde la tribuna, el también coordinador de los diputados perredistas advirtió a los priístas: "cuando el poder mata no debe haber perdón. Cuando el poder reprime no debe haber olvido, porque al reprimir el poder utiliza los instrumentos que la sociedad, teóricamente, ha puesto en manos de los gobernantes".

Y abundó: "el gobernante que mata, que reprime, no se la está jugando: está indebidamente utilizando el poder para mantenerse en él o para frenar a la oposición o a los rebeldes".

Dirigiéndose a los priístas, diputados y senadores, Gómez Alvarez subrayó: "no se les puede dar el mismo trato a los poderosos que a los rebeldes. Nuestra legislación no les da el mismo trato, la Constitución prohíbe el indulto a los servidores públicos en caso de delitos cometidos durante el tiempo de su encargo, y el Código Penal da otro trato a los rebeldes.

"En esas leyes mexicanas hay una sabiduría muy grande. Eso es lo que el PRI debería tomar en cuenta en un país de rebeldes y en una nación donde se desarrolló el Estado represivo, no sólo autoritario, sino represivo."

El legislador expuso en sus consideraciones del punto de acuerdo: "cada vez hay más elementos públicos y políticos que nos hacen pensar que no existe verdadera voluntad política para investigar y sancionar a quienes han sido señalados como responsables de planear y ejecutar la brutal represión contra los estudiantes en 1968 y 1971, y los crímenes de lesa humanidad derivados de la guerra sucia".