Legisladores del PRD exigen a Derbez actuar con pleno apego a la ley

Ordenan a la SRE informar si dispuso detener a vascos para su extradición

Se ha actuado de manera ilegal, según Bárbara Zamora

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

El juzgado sexto de distrito B de amparo en materia penal ordenó a Luis Ernesto Derbez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que en un plazo de 24 horas -que vence este jueves- informe al órgano jurisdiccional si es verdad que, como refirieron en su demanda de garantías los seis ciudadanos vascos presos en el Reclusorio Norte, con fines de extradición a España, están detenidos por orden expresa de la cancillería.

Según consta en un acuerdo judicial publicado ayer en la lista de resoluciones del juzgado sexto, en caso de que Derbez no acate la determinación de la juez Josefina del Carmen Mora Dorantes, se hará acreedor a una multa, cuyo monto sería fijado por la representante del Poder Judicial federal.

Para la abogada de los vascos, Bárbara Zamora, el acuerdo de la juzgadora es importante, pues ahora el canciller mexicano tendría que reconocer que los reclamados en extradición "están detenidos de manera irregular, porque la Constitución no otorga facultades a Relaciones Exteriores para mantener privada de la libertad a ninguna persona, debido a que es una instancia administrativa".

Según fuentes judiciales consultadas, en caso de que la SRE informe a la juez Mora Dorantes que los vascos sí están a disposición de la dependencia, los quejosos podrían obtener una suspensión definitiva -la semana pasada se les concedió la provisional-, la cual les garantizaría quedar en manos de la impartidora de justicia hasta que concluya el análisis "de fondo" de la demanda de amparo.

De ocurrir esto, la juez podría decretar la libertad inmediata de los quejosos, si así lo considerara necesario, aunque el juicio de extradición que enfrentan seguiría su curso normal, es decir, la SRE continuaría analizando el asunto. La única diferencia es que mientras la cancillería tomara su decisión, los reclamados ya estarían en libertad, en caso de que así lo determinara la juzgadora.

El acuerdo de la juez Mora Dorantes (fechado el 21 de julio de 2004) establece: "se requiere al titular de la SRE para que, en el término de 24 horas, informe si los quejosos (vascos) se encuentran a su disposición en el interior del Reclusorio Norte (...) apercibido de que de no hacerlo se le impondrá una multa".

Como se recordará, la abogada de Félix Salustiano García, María Asunción Gorrochategui, Ricardo Ernesto Sáenz García, Luis Castañeda Vallejo, Asier Arronategui Duralde y Juan Carlos Artola Díaz presentó, el pasado 9 de julio, una demanda de garantías contra la SRE, por considerar que esa dependencia incurre en el delito de privación ilegal de la libertad, pues no tiene facultades jurídicas para mantener en prisión a sus clientes.

El concepto de violación relativo a la demanda de amparo refiere que es inconstitucional el artículo 29 del acuerdo de extradición firmado entre México y España, el cual señala que cualquier persona reclamada quedará a disposición (en el caso de los vascos) de la SRE, pero permanecerá en un centro penitenciario.

Sin embargo, el argumento de la abogada Bárbara Zamora, defensora de los seis vascos, es que de acuerdo con el artículo 16 constitucional, la SRE no tiene facultades para privar de su libertad a los quejosos, ya que el único que puede hacerlo es un juez de distrito.

Demandan que se haga valer el derecho a la presunción de inocencia

ANDREA BECERRIL Y VICTOR BALLINAS

Las fracciones del PRD en las cámaras de Diputados y Senadores demandaron al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, actuar con pleno apego a la ley y a los convenios internacionales en el proceso de extradición que se sigue a seis ciudadanos vascos, cuyos derechos humanos se han violentado y, en general, fueron sometidos a un proceso irregular que comenzó con una detención ilegal.

En nombre de los legisladores perredistas, el diputado Gilberto Ensástiga demandó al canciller que se haga "plenamente efectivo" el derecho a la presunción de inocencia de los ciudadanos vascos detenidos desde julio de 2003 en el Reclusorio Norte.

Advirtió que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) debe considerar en su decisión final que el artículo 15 constitucional prohíbe la celebración de tratados que violenten las garantías individuales. Informes de la Organización de las Naciones Unidas y de instituciones como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, así como de entidades como Amnistía Internacional, han documentado el maltrato y la vejación de vascos una vez que son extraditados.

"El Estado mexicano no puede avalar la política que pretende estigmatizar a miembros de determinado grupo étnico o cultural como sinónimo de terroristas", recalcó el diputado Ensástiga, quien estaba listo para llevar a la tribuna de la Comisión Permanente la propuesta, pero no hubo tiempo, dado lo abultado de la agenda.

De todas formas, comentó, el PRD seguirá con las gestiones en favor de los vascos y tratará el tema en la próxima sesión de la Permanente, en la cual deberá ser uno de los primeros puntos a discutir, dado que quedó pendiente. Eso le dará tiempo, agregó, para cabildear con las demás fuerzas políticas, con el propósito de que se discuta y apruebe, pues está por vencer el plazo para que se decida la suerte de los seis vascos que están encarcelados en el Reclusorio Norte.

La propuesta de punto de acuerdo se publicó ayer en la Gaceta Parlamentaria. En el mismo, los perredistas resaltan que Juan Carlos Artola Díaz, Asunción Gorrochategi, José María Urquijo, Ricardo Ernesto Sáenz García, Félix Salustiano García Rivera y Asier Arronategi -este último naturalizado mexicano- radican desde hace décadas en el país y se han insertado en la vida productiva nacional.

Sin embargo, están sujetos a un proceso que se sustenta en el segundo protocolo por el que se modifica el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal entre México y España, que entró en vigor a partir de abril de 2001, por el cual se hace nugatorio el derecho de defensa de las personas sujetas a extradición, al impedirles ofrecer pruebas que puedan desvirtuar la solicitud en su contra.

Ello, precisó el diputado Ensástiga, contraviene lo establecido en el protocolo original de 1978, cuyo artículo 4 precisa que no se pueden conceder extradiciones si la parte requerida tiene fundados motivos para suponer que la solicitud correspondiente ha sido formulada para perseguir o castigar a un individuo por causa de su raza, religión, nacionalidad u opinión política.

El legislador perredista insistió: la cancillería debe tomar muy en cuenta esas violaciones a los derechos humanos de los seis ciudadanos vascos, además de analizar lo publicado en medios de comunicación, en especial por La Jornada, acerca de que fueron detenidos a petición de la embajada española en México sin que existiera un mandamiento formal de un juez español, lo que implicaría una detención ilegal y la consiguiente nulidad del proceso al que se hallan sujetos.