Los familiares se congratulan del informe de la CDHDF

Vence plazo judicial para decidir si se reabre el caso Digna Ochoa

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

La sentencia final del juzgado primero de distrito B de amparo, relativa a la demanda de garantías presentada hace más de ocho meses por los familiares de la abogada Digna Ochoa, para que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) reabra las investigaciones sobre la muerte de la defensora de los derechos humanos y acepte un paquete de pruebas con las que pretende comprobar que la activista no se suicidó, sino que fue asesinada, puede ser emitida el próximo viernes o a principios de la semana entrante.

Pablo Cuéllar, integrante del grupo de abogados que encabezan la defensa de los familiares de la promotora de derechos humanos, consideró que aunque no es ''obligatorio'' que en los próximos días la juez Martha Gabriela Sánchez Alonso resuelva el amparo que solicitaron contra el Ministerio Público capitalino, ''confiamos en que así sea, pues el día de la audiencia constitucional (efectuada el 22 de abril) las autoridades judiciales se comprometieron a tener una resolución en un plazo aproximado de tres meses", que vence este jueves.

El litigante puntualizó que ''independientemente de que buscamos que el Poder Judicial federal ordene (a la PGJDF) la reapertura de las investigaciones (del caso Digna Ochoa), en cualquier momento, aun antes de que se resuelva el juicio de garantías, el procurador (Bernardo Batiz) está facultado legalmente para reabrir la indagatoria''.

Para fundamentar su dicho, Cuéllar explicó que el artículo 25 del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGJDF establece que en caso de que el Ministerio Público decrete el no ejercicio de la acción penal -como lo hizo en la investigación sobre la muerte de la abogada- en alguna averiguación previa, la indagatoria únicamente ''podrá reabrirse por acuerdo fundado y motivado del subprocurador de averiguaciones previas competente, y en consulta con el coordinador de los agentes del Ministerio Público, por acuerdo del procurador capitalino o por resolución judicial ejecutoriada''.

Por su parte, Jesús Ochoa y Plácido, hermano de Digna, después de congratularse por el informe de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre las irregularidades detectadas en la investigación que realizó la PGJDF, indicó que en los últimos meses "hemos recabado nuevos elementos fundamentales, que en su momento haremos públicos", con los que pretenden demostrar a las autoridades que hubo una orden expresa de asesinar a la defensora de los derechos humanos.

El familiar de la abogada fallecida el 19 de octubre de 2001 indicó que fue testigo de los ''errores'' y las ''omisiones'' en que incurrió la PGJDF y por ello ''no podemos aceptar la conclusión de que Digna se suicidó''.

Señaló que el cadáver mostraba 11 lesiones y en su despacho se detectaron 25 manchas de sangre que no concuerdan con los tiempos que maneja la fiscalía, en relación con los disparos que supuestamente se propinó la defensora, así como con la ubicación del cuerpo.

También dijo que la procuraduría deberá explicar por qué apareció masa encefálica de Digna en un pasillo ubicado a tres metros de su cadáver, cuando el orificio por donde ingresó la bala no tenía salida.