Destaca la OCDE ''ineficiencias y limitaciones'' de órganos reguladores mexicanos

IP: cuesta 15% del PIB el exceso de trámites y fallas administrativas

La mejora regulatoria, indispensable para atraer más inversión en sectores clave

DAVID ZUÑIGA

Según cálculos del sector privado, el exceso de trámites burocráticos y las deficiencias regulatorias le cuestan al país alrededor de 15 por ciento del producto interno bruto (PIB), más de lo que obtiene por exportaciones de petróleo; sin embargo, la debilidad de los organismos supervisores, el abuso del amparo para evadir las decisiones de la autoridad y la falta de coordinación en el gobierno son los principales obstáculos para corregir este problema, señaló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En un estudio presentado ayer, la OCDE reconoce que México ha logrado avances en mejora regulatoria y transparencia; sin embargo, aún padece ''deficiencias estructurales'' que limitan su productividad, sobre todo en el sector energético, de infraestructura y en políticas de competencia.

Asimismo, destaca las ''ineficiencias y limitaciones'' que enfrentan organismos como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que requieren independizarse y fortalecerse para cumplir su función.

En la síntesis de las Revisiones de la OCDE sobre reforma regulatoria: avances de la implementación en México, se destaca que la mejora regulatoria es indispensable para atraer más inversión privada a sectores clave como energía, agua y telecomunicaciones.

En cuanto al sector eléctrico, el documento -elaborado a petición de la Oficina de Políticas Públicas de la Presidencia de la República- señala: ''En general se reconoce la necesidad de reformas, incluso si no existe consenso sobre las opciones'', pues no existen recursos para garantizar las inversiones y el abasto de energía en la próxima década.

La OCDE recomienda revisar a fondo el desempeño y financiamiento de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro, dar más fuerza a la CRE y reformar el esquema de subsidios a las tarifas eléctricas.

La IP, corresponsable de la sobrerregulación

En la inauguración del seminario sobre mejora regulatoria organizado por la OCDE, el secretario de Economía, Fernando Canales Clariond, dijo que lo óptimo para aumentar la productividad es reducir al mínimo indispensable las regulaciones; paradójicamente, agregó, una parte importante de las normas y regulaciones se expiden por presiones de empresarios que buscan proteger cotos de mercado o para defenderse de prácticas desleales.

Un ejemplo, indicó, es la inscripción al padrón de exportadores, que entorpece el comercio exterior pero que se hizo necesario para detectar a empresas que introducían mercancía de contrabando y depredaban el mercado nacional. Una de las recomendaciones de la OCDE es ampliar la simplificación y eliminación de trámites al ámbito fiscal, algo que por ley no puede hacer.

El presidente de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), Carlos García Fernández, dijo que Hacienda ha mostrado disposición a facilitar la administración tributaria, especialmente para las pequeñas y medianas empresas; asimismo, se da seguimiento a las peticiones del sector privado para simplificar 240 trámites considerados de alto impacto regulatorio.

Recordó que la mora regulatoria, que compromete al gobierno a no expedir nuevos trámites a menos que sea indispensable por cuestiones de seguridad, estará vigente hasta abril de 2005.

Por su parte, el director del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Luis Miguel Pando Leyva, señaló que una vez que se depuren los 240 procedimientos administrativos de alto impacto México podría ubicarse entre los 25 países más competitivos del mundo.

Gobiernos locales, maniatados

El director general del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Enrique Cabrero, advirtió que de poco sirve que el gobierno federal avance en mejora regulatoria si no se diseñan estrategias para hacer lo mismo con los trámites en estados y municipios. Recordó que el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) se aplica en 26 de los 2 mil 430 municipios del país, es decir, cerca de uno por ciento.

La Cofemer calcula que sólo 250 municipios son susceptibles de aplicar el SARE porque concentran la mayor parte de la actividad económica. Sin embargo, la dependencia sólo tiene siete personas para atenderla.