Acontrapelo de lo que afirman los partidarios priístas y foxistas del desmantelamiento del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), empezando por el actual director de la institución, Santiago Levy, el problema principal del Seguro Social no es la carga financiera del régimen de jubilaciones y pensiones, sino por la combinación de la descapitalización provocada por la llamada ley Zedillo, la negativa del gobierno federal a pagar al instituto un adeudo que alcanza ya la suma de casi 55 mil millones de pesos y las consecuencias de la política neoliberal sostenida por los pasados cuatro gobiernos: caída del valor real de los salarios, contracción de la planta laboral, adelgazamiento del Estado y de sus recursos, desregulación generalizada de los precios, ahondamiento deliberado de las desigualdades sociales y salariales y aumento generalizado de la corrupción.

La crisis financiera del IMSS se ha ido ahondando en la medida en que los ingresos del IMSS están inexorablemente vinculados a los salarios y al número de afiliados -que deben ser personas con empleo-, en que no hay generación de nuevos puestos de trabajo, en que los insumos requeridos por la institución -medicinas y material de curación y de laboratorio, principalmente- experimentan alzas arbitrarias de precios, muy por encima de la inflación, en que el escalafón salarial experimenta disparidades ofensivas y absurdas -como el hecho de que los ingresos de los altos funcionarios de confianza puedan ser cincuenta o cien veces superiores a los de un médico de planta- y en que la consagración de la máxima ganancia como principio ético regular alimenta la venalidad en todos los ámbitos de la administración pública.

Diga lo que diga la campaña propagandística oficial orientada a devaluar y desprestigiar a la institución, en lo sustancial el IMSS sigue cumpliendo, como se documenta hoy en estas páginas, su tarea de dar servicios de salud al grueso de la población: otorga más de 100 millones de consultas médicas al año, realiza unos 2 millones de internamientos hospitalarios, da atención gineco-obstétrica en uno de cada tres partos que tienen lugar en el país y es la única instancia nacional capaz de poner, en forma masiva, tecnología médica avanzada al servicio de sectores demográficos de escasos recursos.

El instituto realiza su tarea pese a las enormes dificultades financieras que enfrenta, al hecho de encontrarse en el contexto de una administración pública orientada por la obsesión privatizadora y a pesar de estar encabezado por un funcionario que, cuando se desempeñó como subsecretario de Hacienda, buscó que se otorgaran a los ocupantes de altos cargos del Ejecutivo federal seguros privados de gastos médicos mayores y dejó asentada, así, de antemano, una expresión inequívoca de desconfianza hacia la institución que actualmente dirige.

Por ello, antes que imaginar reformas legales tramposas, oficialmente concebidas para resolver un problema de liquidez en las pensiones que podría presentarse dentro de tres décadas, pero que en realidad apunta a golpear y debilitar al IMSS provocando para ello un conflicto laboral con el sindicato de sus trabajadores, los grupos que actualmente se reparten el poder -panistas y priístas neoliberales- tendrían que encontrar formas de corregir la peligrosa afrenta de los salarios de hambre que cobra la gran mayoría del personal médico de la institución, de liberar recursos para la adquisición de equipo y medicinas y de reducir las insultantes percepciones de los altos funcionarios de la institución, empezando por las del director general, que ascienden a 213 mil pesos, más viáticos.

El activo fundamental del Instituto Mexicano del Seguro Social está compuesto por sus trabajadores de base. La pretensión de golpearlos y privarlos de sus legítimas conquistas laborales -como busca hacerlo la reforma legal que cocinan, en fast track, legisladores priístas y panistas- equivale a atentar contra la institución en su conjunto y, por extensión, contra el derecho a la salud de la población asegurada y contra el país.