Los acusa de homicidio calificado y lesiones en la represión del jueves de Corpus

Solicitó la Femospp aprehensión de Luis Echeverría y Mario Moya

También pide capturar a los generales Manuel Díaz Escobar y Raúl Mendiolea Cerecedo

En el expediente no se menciona al ex procurador general de la República Sánchez Vargas

GUSTAVO CASTILLO Y ALFREDO MENDEZ

La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) solicitó ayer órdenes de aprehensión por genocidio contra el ex presidente Luis Echeverría Alvarez y el ex secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, además de otras 10 órdenes contra responsables de la matanza del 10 de junio de 1971 -conocida como jueves de Corpus-, por los delitos de homicidio calificado y lesiones.

En la solicitud de la Femospp se incluye la petición de captura contra los generales Manuel Díaz Escobar, creador y jefe de los halcones, y Raúl Mendiolea Cerecedo, quien fue subjefe de Policía y Tránsito del Distrito Federal.

Por la noche, trascendió que la Femospp no solicitó la captura del ex procurador general de la República Julio Sánchez Vargas, quien estaba como indiciado.

La decisión sobre si se libran las órdenes de captura será responsabilidad del juzgado segundo de distrito en materia penal, a cargo de José César Flores Rodríguez, el mismo juez que a pesar de haber incurrido en desacato, el pasado 8 de julio consideró procedente la extradición de seis ciudadanos vascos, y que tiene en sus manos un juicio por defraudación fiscal contra el ex banquero Carlos Cabal Peniche.

El plazo para que dictamine si existen suficientes elementos para conceder los mandatos judiciales vence este viernes pasadas las nueve de la noche.

La historia de la consignación, de acuerdo con fuentes oficiales, comenzó pasadas las tres de la tarde, cuando Carrillo Prieto se reunió con "las más altas autoridades del país" y se tomó la decisión de llevar a los tribunales a Echeverría Alvarez.

En círculos policiacos corrió la versión de que el fiscal especial se había entrevistado con el presidente Vicente Fox, y que el titular de la Secretaría de Gobernación, Santiago Creel, había dado el visto bueno al expediente.

Horas más tarde, de manera sorpresiva, el fiscal Ignacio Carrillo Prieto arribó -aproximadamente a las siete de la noche- a la explanada de los juzgados federales que se ubican en el Reclusorio Norte de la ciudad de México para consignar la averiguación previa PGR/FEMOSPP/ 011/2002.

Carrillo Prieto descendió de una camioneta roja y encabezó al grupo de funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) que ingresaron a los juzgados nueve cajas de cartón que contenían los 13 tomos de la averiguación previa relativa al 10 de junio de 1971.

Durante una hora y 25 minutos, Carrillo Prieto y varios agentes del Ministerio Público Federal permanecieron en el interior del área de juzgados federales.

Inicialmente trascendió que la consignación recaería en el juzgado 17, pero que por exceso de trabajo correspondería conocer del caso al juzgado segundo, a cargo de José César Flores Rodríguez.

A las ocho de la noche con 20 minutos, Carrillo Prieto y sus acompañantes abandonaron el lugar a toda prisa, apartando cámaras y micrófonos. No hubo declaración alguna.

Mientras el fiscal estaba en los juzgados, en la sede de la Femospp se había preparado todo para una conferencia de prensa, que nunca se realizó.

Leopoldo Ayala, Carolina Verduzco y David Roura, integrantes del Comité del 68, indicaron que un funcionario de la Femospp sólo les informó que la conferencia se había cancelado y que debían abandonar el inmueble. Para evitar cualquier contacto con los medios de comunicación, en la fiscalía fueron descolgados los teléfonos.

La averiguación

Fuentes oficiales revelaron que la acusación de genocidio contra Luis Echeverría Alvarez y Mario Moya Palencia se sustenta en el hecho de que ambos participaron en la elaboración y desarrollo de una política gubernamental encaminada a eliminar a los opositores del régimen, principalmente militantes de izquierda y de grupos estudiantiles.

Gran parte del expediente está integrado por copias certificadas de libros, revistas y recortes periodísticos, documentados en el Archivo General de la Nación.

Según las fuentes consultadas, para estructurar la acusación de genocidio la Femospp establece la hipótesis que desde el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, la Secretaría de Gobernación ejecutó una política represiva de manera continua, que tuvo su primera fase de 1966 a 1971. El 10 de junio de este último año habría sido el momento culminante de esa etapa, luego vendrían la guerra sucia y las desapariciones forzadas.

De acuerdo con los datos obtenidos, el primer ensayo de esa política fue la represión al movimiento médico, en 1964. Posteriormente continuó con la presión ejercida para que en 1966 renunciara el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ignacio Chávez.

Luego vendrían los hechos del 2 de octubre de 1968 y la matanza del 10 de junio de 1971, todo como una política continuada en la cual Luis Echeverría Alvarez constituyó el brazo ejecutor, primero como secretario de Gobernación (1964-1970) y luego como presidente de la República, de 1970 a 1976.

En ese sentido, el ex secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, habría dado continuidad a la política represiva trazada por Luis Echeverría como parte de una estrategia impulsada también desde el gobierno de Estados Unidos contra el comunismo, ya que en ese entonces se consideraba un peligro para la estabilidad de los gobiernos el activismo de grupos de izquierda.

Los otros indiciados

De acuerdo con fuentes judiciales, la Femospp señaló como presuntos responsables de la matanza del 10 de junio a Raúl Mendiolea Cerecedo (ex jefe de la policía); el general Manuel Díaz Escobar Figueroa (jefe de los halcones) y Javier, hermano de éste; Candelario Madera Paz, Sergio San Martín Arrieta, El Watusi, y Rafael Delgado Reyes, entrenadores del grupo paramilitar que ese año llegó a contar con mil elementos distribuidos en cuatro secciones.

Javier Díaz Escobar estudió en el Colegio del Aire, en Zapopan, Jalisco. Llegó en 1968 al Departamento del Distrito Federal, a instancias de su hermano Manuel, e ingresó como inspector de abastos y mercados.

Tras la disolución de los halcones fue adscrito a la sección quinta del Estado Mayor Presidencial (área encargada de la seguridad del presidente y su familia), e informes de la DFS lo ubican posteriormente como parte del personal comisionado para la escolta del que fuera candidato a la Presidencia de la República, José López Portillo. Tras la campaña y el ascenso de López Portillo al poder, fue adscrito a la policía capitalina, en donde Arturo Durazo Moreno lo nombró "general".

Sergio San Martín Arrieta, según documentos que se localizan en el Archivo General de la Nación, a pesar de haber sido detenido por su participación en asaltos bancarios fue designado "técnico en vigilancia" (custodio) en el Reclusorio Oriente a partir del primero de junio de 1976.

Según documentos de la Femospp, Rafael Delgado Reyes obtuvo de Manuel Díaz Escobar una carta de recomendación e ingresó a laborar en el DDF en la Dirección de Acción Deportiva, y se le asignó como maestro de artes marciales en las delegaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapa.