Desde que era candidato presidencial ofreció aclarar los crímenes del pasado

La consignación abre un nuevo frente de confrontación entre Fox y priístas

Las expectativas que generaron en 2000 las promesas del entonces candidato panista Vicente Fox Quesada de esclarecer la matanza de octubre de 1968, la represión del jueves de Corpus, en 1971, y la guerra sucia, confirmadas después como Presidente, resultaron anoche en un suceso inédito en la historia política del país: la consignación del ex presidente Luis Echeverría como presunto responsable de genocidio por los crímenes cometidos por los halcones hace 33 años, hecho que a la vez abre a Fox un frente de confrontación con el priísmo.

Separados en la historia reciente, en círculos priístas trascendió anoche que el propio Echeverría y el ex presidente Carlos Salinas de Gortari pactaron la conformación de un frente priísta unido que les permita contrarrestar lo que consideran una "nueva ofensiva" foxista en su contra. En su gestión, Salinas rompió con Echeverría y lo acusó de encabezar una nomenklatura política que operaba en su contra.

Esa nomenklatura -se insinuó entonces- habría tenido que ver con el asesinato del candidato presidencial priísta Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, Tijuana.

Las esperanzas que generó Fox Quesada desde su campaña electoral fueron cuestionadas con gran escepticismo por organizaciones no gubernamentales y, en especial, por el Comité Eureka, ante los alcances de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), instancia en la que derivó el gran debate que se generó en el escenario político nacional desde el inicio de este gobierno.

Las primeras promesas de Fox aludían al esclarecimiento de los hechos del 68 y la masacre del jueves de Corpus. "Su sacrificio no fue en vano", dijo en París en 2000, siendo presidente electo. En Estrasburgo, Fox aceptó que el gobierno y el Ejército "son los principales acusados" por la "mucha represión" y los "muchos desaparecidos" que hubo en México a partir del movimiento estudiantil.

En diciembre de 2001, Fox se refirió a las matanzas del 68 y del jueves de Corpus como actos de dominio público "nunca aclarados, sobre todo la violencia y la brutalidad que parece haberse usado en muchos de los casos".

Pero esas afirmaciones fueron desvaneciéndose y, a finales de 2002, Fox declaró que "buena parte" de los delitos de la llamada guerra sucia "han prescrito", lo que llevó al fiscal Ignacio Carrillo Prieto a señalar que eran opiniones del Ejecutivo federal y que él esperaría la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Antes, en febrero de ese año, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Clemente Vega García, estableció que las fuerzas armadas "han cumplido con lo que se les ordenó como razón de Estado".

En el equipo foxista se generó un debate encabezado por el entonces canciller Jorge Castañeda y el coordinador del gabinete de Seguridad Nacional, Adolfo Aguilar Zinser, quienes se mostraron en favor de la creación de una comisión de la verdad.

En el lado contrario se situaron el secretario de Gobernación, Santiago Creel, y el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, quienes finalmente impusieron su propuesta de crear una fiscalía especial y no una comisión de la verdad, porque ésta generaría, argumentaron, expectativas de esclarecimientos, pero tendría un cuestionado valor jurídico al situarse por encima de las instancias constituidas.

Sin embargo, el puntal que definió el curso de los crímenes de la guerra sucia fue el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de noviembre de 2001, en el que se estableció que durante ese periodo sí se habían registrado numerosas desapariciones forzadas.

Sólo las 3 mil páginas que documentaban 532 casos denunciados de personas víctimas de desapariciones forzadas entre los años 1970 y 1980 hicieron reaccionar al mandatario federal.

"Se hace necesario recordar que durante su campaña se comprometió a crear una comisión de la verdad, hecho que no sucedió, y en su lugar creó la Femospp con el argumento de asegurar la investigación y procesamiento penal de los responsables por los delitos cometidos en el pasado", precisó en varias ocasiones el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

La fiscalía a cargo de Carrillo Prieto, nació en enero de 2002 y a ella se integró un consejo ciudadano, responsable de aportar la llamada verdad histórica tanto de la matanza del 68, el halconazo y la guerra sucia en que derivaron ambos sucesos.

La primera limitación de la fiscalía radicó en que sólo investigaría delitos que se hubiesen cometido hasta 1985, es decir, sin abarcar los sexenios de los ex presidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, y dejando sin posibilidad de investigar matanzas como las de Aguas Blancas, Acteal y El Bosque.

El nombramiento de Carrilo Prieto causó dudas e interrogantes entre dirigentes de partidos políticos, ex dirigentes del movimiento estudiantil de 1968, de las madres de desaparecidos y organismos de derechos humanos, principalmente porque el fiscal no tenía antecedentes en materia de derechos humanos.

Entonces, Carrillo Prieto comenzó un proceso de recopilación informativa y testimonial que llevaron ante el fiscal al ex jefe del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez, por su involucramiento en la represión ejecutada por los halcones, en una declaración que hizo en Monterrey poco antes de morir.

Después comparecería Echeverría, quien en una actitud desafiante ante los medios de comunicación expresó con socarronería: "cállenlos, cállenlos". En mayo de 2001, el ex mandatario señaló su fidelidad priísta y su gran confianza y "simpatía" por el presidente Fox. Fue la primera vez que un ex mandatario comparecía ante el Ministerio Público para responder por sucesos trágicos e indignantes ocurridos durante su gestión.

A la fecha, sólo está preso, en Monterrey, Miguel Nazar Haro, ex responsable de la Dirección Federal de Seguridad, acusado de la desaparición de Jesús Piedra Ibarra, hijo de Rosario Ibarra. Luis de la Barreda Moreno, otro de los acusados, se dio a la fuga en diciembre de 2003.

En el curso de estas investigaciones fueron fundamentales dos decisiones de la SCJN . Una de ellas, en enero de 2002, que concedió un amparo a los líderes del movimiento estudiantil por omisiones y obligó a investigar la matanza de 1968. Una más, en julio pasado, estableció que la prescripción forzada comienza a contar cuando aparece viva o muerta una persona.

Hace apenas unos días, la advertencia del secretario de la Defensa, crispó más el ambiente político al indicar que hay riesgos de que el país se desahaga entre las manos y pidió que el perdón se extienda para todos, aunque después aclaró que sus señalamientos no fueron por la vinculación del Ejército en la guerra sucia.

Hoy, con la solicitud de las órdenes de aprehensión de Echeverría, de su secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, y al menos de 10 personajes más, se abre un flanco de confrontación entre el priísmo y el gobierno foxista, acentuado con el presunto pacto entre Echeverría y Salinas de Gortari. De por medio están las artilugios jurídicos de la defensa de los acusados con el argumento de que los delitos ya prescribieron.