Fin de una etapa oscura

Beneplácito de PRD, PAN y PT en San Lázaro

ENRIQUE MENDEZ, ROBERTO GARDUÑO Y VICTOR BALLINAS

El paso que ayer dio el fiscal especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto, debe ser el inicio del derrumbe del "Estado vertical y autoritario, que llevó a México a una de sus etapas más oscuras", señalaron diputados de PRD, PT y PAN. Al conocer la consignación del pliego acusatorio contra Luis Echeverría, legisladores de esos partidos manifestaron que el Poder Judicial tiene en sus manos las herramientas para castigar a los responsables de la represión estudiantil en 1971.

El coordinador de la bancada perredista, Pablo Gómez, manifestó que la acción de Carrillo Prieto es un escenario importante para la nación. "Sin lugar a dudas, éste es un primer paso en la búsqueda de una justicia que se ha postergado por más de 30 años. Ahora toca al Poder Judicial de la Federación, por conducto del juez de procesos penales federales competente, emitir la orden de aprehensión correspondiente para iniciar los procesos que determinen la responsabilidad de los autores intelectuales y materiales de este crimen de lesa humanidad", dijo.

El también legislador perredista Inti Muñoz Santini afirmó que la consignación "debe culminar con la aprehensión de quienes han sido señalados como los principales responsables intelectuales de la masacre estudiantil del jueves de Corpus".

Resaltó que el fiscal especial "no haya cedido a las indebidas presiones que desde el PRI se han hecho en días recientes para evitar esa consignación".

Elidan García Laguna, legisladora perredista, acusó al Revolucionario Institucional de obstaculizar la aplicación de la ley. "Esperaría que estemos abriendo la puerta de la verdad en este país y que con ello la justicia que significa la consignación repare la demanda que durante más de tres décadas se ha manifestado en importantes sectores de la sociedad por justicia y castigo a los responsables".

Gonzalo Yáñez, coordinador de la bancada del Partido del Trabajo, simplemente exigió: "que se haga justicia; eso es lo que reclama y merece la sociedad de este país. šBasta de impunidad! La sanción debe llegar hasta donde sea, se tope donde se tope, porque de lo contrario la justicia mexicana seguirá siendo una burla, un circo nacional".

-ƑLuis Echeverría figura como el principal responsable de la matanza de 1971?

-šPor supuesto! Eso es claro, por ahí es donde se debe empezar, por Echeverría, porque recordemos que México estaba sometido en ese momento a un Estado vertical y autoritario, y precisamente esperamos que esto sea el primer paso para derribar más de 30 años de impunidad.

El diputado federal panista Federico Döring Casar consideró que "se debe procesar a todos los que cometieron un ilícito, sean los autores intelectuales o los ejecutores. La ley se debe aplicar a rajatabla para todo mundo".

-ƑUsted cree que la aplicación de la ley sólo debería llegar a Luis Echeverría?

-Está a la expectativa el caso de Carlos Salinas de Gortari, todos sus enormes casos de agravio, así como el rencor social que también generó la crisis económica y la corrupción de su gobierno. Todo ello produce un clamor.

-Pero en el caso de Luis Echeverría, Ƒqué conclusión le lleva a usted a determinar que podría ser responsable?

-Echeverría pasará a la historia como uno de los presidentes más corruptos y nefastos de este país, pero que no se le martirice iniciándole un proceso (...) Entre que lo hagamos mártir y nos gane el proceso judicial en su contra, me quedaría con la segunda, porque políticamente ya es responsable.

Comienza un largo proceso

Por otra parte, el primer visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, quien encabezó los trabajos de investigación de los desaparecidos de la guerra sucia, al conocer la consignación de Echeverría y otros ex funcionarios, dijo a este diario: "Estamos en el camino de poner fin a la impunidad, pero es apenas el principio de un largo proceso que tendrá que desahogarse y que permitirá dejar en claro hasta dónde son responsables los acusados".

Es muy lamentable, subrayó Plascencia, que "hayamos tenido que esperar más de tres décadas para que se abriera la puerta de la justicia; por eso es muy importante que la consignación vaya muy bien integrada, bien fundamentada, para que los responsables no vayan a quedar nuevamente en la impunidad por falta de pruebas".

Durante sus indagatorias, Plascencia se entrevistó con familiares de desaparecidos, recorrió el estado de Guerrero, donde operó la guerrilla, y analizó documentos que se encuentran en el Archivo General de la Nación, en el Cisen y en la Secretaría de Gobernación.

Detalló: "en nuestra investigación por los desaparecidos de la guerra sucia dejamos muy en claro que hubo de parte del Estado servidores públicos que se excedieron en sus funciones públicas y, por tanto, tenían que deslindarse las responsabilidades correspondientes; nosotros no prejuzgamos sobre delitos o responsabilidades penales, porque esa no era nuestra función".

La responsabilidad penal "se acredita porque las denuncias que presentaron en su momento los familiares de las personas detenidas y posteriormente desaparecidas nunca progresaron; ahí está la responsabilidad del Estado, ahí se propició la impunidad de estos delitos y de todas las violaciones a los derechos humanos que se documentaron".

El funcionario de la CNDH sostuvo que todos los que ejercieron actos de represión y quienes debieron haber investigado en su momento y no lo hicieron tienen responsabilidades, que deben ser sancionadas, por lo cual podría haber un mayor número de detenidos.

Ese es un tema del que el fiscal especial tendrá que dar cuenta detalladamente, porque el informe de la CNDH habla de más de 500 presuntos desaparecidos, dijo.

De ellos, la comisión constató que en más de 200 casos hubo evidencias suficientes que acreditaban la desaparición luego de que fueron detenidos, es decir, la última vez que se les vio fue en cárceles o instalaciones públicas, y también se constató que en las instalaciones del Campo Militar número uno hubo detenidos de los que después no se supo su paradero, agregó.

Con esta consignación, añadió, podemos decir que estamos abriendo la puerta para que la justicia pueda empezar, es decir, apenas el principio de un largo proceso, pero es muy importante que esa consignación esté muy bien integrada.

El funcionario aseveró que con esta acción "estamos en el camino de poner fin a la impunidad; es halagador que a estas alturas estemos encontrando justicia y que exista la voluntad del Estado para que se apliquen las responsabilidades a los culpables".