Pilares de la guerra sucia, apuestan a la desmemoria histórica y se dicen inocentes

Echeverría y Moya Palencia se cobijan en la defensa que les brinda el priísmo

Beneficiario de la espiral burocrática tricolor, su periodo presidencial quedó marcado por más de 500 desapariciones

RENATO DAVALOS

Los apellidos Echeverría Alvarez, Moya Palencia, Gutiérrez Barrios, Sánchez Vargas, Nazar Haro, Cuenca Díaz, Díaz Escobar y Ojeda Paullada, entre otros, acompañaron durante más de tres décadas los gritos de los familiares de desaparecidos durante la guerra sucia: "¿Dónde están nuestros hijos?", que se estrellaron contra los muros de la impunidad.

Con el transcurrir de los años, Luis Echeverría Alvarez ha afirmado en entrevistas -como la asentada en el libro Echeverría en el sexenio de López Portillo-: "Acepto la responsabilidad de no haber llegado a las últimas consecuencias", que se entreverará con promesas incumplidas de investigación, o como aquella alusiva al movimiento estudiantil de 1968 en el libro Echeverría rompe el silencio: "El 68 obedeció a problemas acumulados durante cinco décadas".

A mediados de los cuarenta, Echeverría empezó su carrera política en una espiral que lo llevó a Los Pinos, cuando el general Rodolfo Sánchez Taboada, dirigente priísta, nombró secretario particular. Después pasó a la Dirección de Administración de Marina y a la oficialía mayor de la Secretaría de Educación Pública, hasta enlazarse en el terreno de Gobernación, cuando fue nombrado subsecretario, en tiempos lopezmateístas, y secretario de Gobernación en el diazordacismo.

Echeverría marcó su sexenio presidencial, de 1970 a 1976, con el mayor número de desaparecidos de la guerra sucia -cifras del Comité Eureka refieren unos 500- y por la brutal crisis económica que hizo añicos el milagro estabilizador mexicano y derivó en la primera gran devaluación durante las postrimerías de su administración con una estampida de capitales.

Las argumentaciones que en una y otra entrevista y en libros ha detallado Echeverría Alvarez, acerca de los hechos de 1968 y la matanza del jueves de Corpus en 1971, han dibujado durante años su vinculación y su condición.

Al referirse al octubre de Tlatelolco, ha reiterado que en aquella tarde del otoño de 1968 él estaba con el pintor David Alfaro Siqueiros en su despacho de Bucareli. Y en alusión al jueves de Corpus, ha referido un encuentro en su despacho presidencial sobre el tema hidráulico, que años más tarde completaría Alfonso Martínez Domínguez, chivo expitatorio, junto con Rogelio Flores Curiel, de la masacre ocurrida el 10 de junio de 1971, a manos de los célebres halcones.

El extinto jefe del Departamento del Distrito Federal declaró que en esa reunión Echeverría instruyó al entonces subsecretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, sobre el curso de los hechos: '¿Heridos?', le preguntaba Echeverría, pues '¡llévenlos al Campo Militar!', ordenaba. '¿Muertos?, pues ¡quémenlos!'. Versión que Echeverría Alvarez se encargó de desmentir con el paso del tiempo, a la vez que atribuía la responsabilidad directa de los hechos a Martínez Domínguez.

-Sí se combatió a la guerrilla en mi gobierno -admitió hace poco más de un año en su mansión de San Jerónimo.Y cuando se trata de asumir responsabilidades, ha citado la de Díaz Ordaz cuando éste lo planteó así en su penúltimo informe de gobierno. Pero su responsabilidad sobre los sucesos de 71 ha merecido una alusión:

"Yo asumo la responsabilidad histórica de ponderar hasta dónde había que profundizar conforme a la naturaleza distinta de los hechos. Ni Martínez Domínguez ni Flores Curiel calcularon las consecuencias de esos hechos."

Hoy, a los 82 años, Echeverría confiesa "no estar arrepentido de nada".

Frustrado aspirante a Los Pinos, se niega a declarar

RENATO DAVALOS

Partícipe como secretario de Gobernación en el diseño del operativo que culminó aquella tarde del verano de 1971 en la matanza del jueves de Corpus, en la Ribera de San Cosme, cuando los halcones arremetieron contra una manifestación estudiantil, Mario Moya Palencia decidió convertirse en escritor y en un declarante contumaz de su inocencia, al amparo de que -aseguraba- desconocía todo lo ocurrido entonces.

Responsable político nacional en el tiempo de mayor auge de la guerra sucia, ahora ha aparecido arropado en las filas priístas en distintos foros partidistas y mantienen una actitud de renuencia a hacer declaraciones sobre los halcones, el célebre grupo de aproximadamente 500 personas que atacaron con armas de fuego, palos y chacos a los estudiantes y trabajadores que pretendían marchar del Casco de Santo Tomás al Monumento a la Revolución aquel 10 de junio de hace 33 años.

Moya Palencia -un frustrado aspirante a la candidatura presidencial, víctima de los manipuleos que al respecto le hizo su jefe Luis Echeverría, quien finalmente inclinó el dedazo en favor de José López Portillo- llegó a las oficinas de Bucareli en diciembre de 1970, con el diagnóstico de un país fracturado por la matanza de 1968.

Respaldó el discurso tercermundista y populista de Echeverría, y se distinguió por tener, en el organigrama de la dependencia que encabezó durante todo el sexenio, a dos personajes claves de los sótanos y el espionaje político: el extinto Fernando Gutiérrez Barrios, como subsecretario, y el hoy senador Manuel Bartlett Díaz, como director de Gobierno, quien ocuparía luego la misma oficina y también se ha plegado a la encendida defensa jurídica de este caso en las filas priístas, junto con otros de sus correligionarios.

Moya Palencia escaló en la burocracia priísta -antes de su conversión a la diplomacia y la literatura- como abogado que transitó por las oficinas de Ferrocarriles Nacionales, la Secretaría de Patrimonio, Cinematografía, Productora e Importadora de Papel, fue subsecretario de Gobernación en 1969 y secretario, con Echeverría como presidente, en los tiempos de la versatilidad y obediencia en la pirámide tricolor. Terminado el sexenio echeverrista, abrió su etapa diplomática en la Organización de las Naciones Unidas y en Japón.

Cuando compareció ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado reclamó su nombre completo: Mario Augusto José Moya y Palencia, y prometió colaborar en el "esclarecimiento" de los hechos, aunque aclaró que "nadie le ordenó nada ese día" (el jueves de Corpus) y que él tampoco "ordenó nada a nadie".

Fin de una etapa oscura

Beneplácito de PRD, PAN y PT en San Lázaro

ENRIQUE MENDEZ, ROBERTO GARDUÑO Y VICTOR BALLINAS

El paso que ayer dio el fiscal especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto, debe ser el inicio del derrumbe del "Estado vertical y autoritario, que llevó a México a una de sus etapas más oscuras", señalaron diputados de PRD, PT y PAN. Al conocer la consignación del pliego acusatorio contra Luis Echeverría, legisladores de esos partidos manifestaron que el Poder Judicial tiene en sus manos las herramientas para castigar a los responsables de la represión estudiantil en 1971.

El coordinador de la bancada perredista, Pablo Gómez, manifestó que la acción de Carrillo Prieto es un escenario importante para la nación. "Sin lugar a dudas, éste es un primer paso en la búsqueda de una justicia que se ha postergado por más de 30 años. Ahora toca al Poder Judicial de la Federación, por conducto del juez de procesos penales federales competente, emitir la orden de aprehensión correspondiente para iniciar los procesos que determinen la responsabilidad de los autores intelectuales y materiales de este crimen de lesa humanidad", dijo.

El también legislador perredista Inti Muñoz Santini afirmó que la consignación "debe culminar con la aprehensión de quienes han sido señalados como los principales responsables intelectuales de la masacre estudiantil del jueves de Corpus".

Resaltó que el fiscal especial "no haya cedido a las indebidas presiones que desde el PRI se han hecho en días recientes para evitar esa consignación".

Elidan García Laguna, legisladora perredista, acusó al Revolucionario Institucional de obstaculizar la aplicación de la ley. "Esperaría que estemos abriendo la puerta de la verdad en este país y que con ello la justicia que significa la consignación repare la demanda que durante más de tres décadas se ha manifestado en importantes sectores de la sociedad por justicia y castigo a los responsables".

Gonzalo Yáñez, coordinador de la bancada del Partido del Trabajo, simplemente exigió: "que se haga justicia; eso es lo que reclama y merece la sociedad de este país. šBasta de impunidad! La sanción debe llegar hasta donde sea, se tope donde se tope, porque de lo contrario la justicia mexicana seguirá siendo una burla, un circo nacional".

-ƑLuis Echeverría figura como el principal responsable de la matanza de 1971?

-šPor supuesto! Eso es claro, por ahí es donde se debe empezar, por Echeverría, porque recordemos que México estaba sometido en ese momento a un Estado vertical y autoritario, y precisamente esperamos que esto sea el primer paso para derribar más de 30 años de impunidad.

El diputado federal panista Federico Döring Casar consideró que "se debe procesar a todos los que cometieron un ilícito, sean los autores intelectuales o los ejecutores. La ley se debe aplicar a rajatabla para todo mundo".

-ƑUsted cree que la aplicación de la ley sólo debería llegar a Luis Echeverría?

-Está a la expectativa el caso de Carlos Salinas de Gortari, todos sus enormes casos de agravio, así como el rencor social que también generó la crisis económica y la corrupción de su gobierno. Todo ello produce un clamor.

-Pero en el caso de Luis Echeverría, Ƒqué conclusión le lleva a usted a determinar que podría ser responsable?

-Echeverría pasará a la historia como uno de los presidentes más corruptos y nefastos de este país, pero que no se le martirice iniciándole un proceso (...) Entre que lo hagamos mártir y nos gane el proceso judicial en su contra, me quedaría con la segunda, porque políticamente ya es responsable.

Comienza un largo proceso

Por otra parte, el primer visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, quien encabezó los trabajos de investigación de los desaparecidos de la guerra sucia, al conocer la consignación de Echeverría y otros ex funcionarios, dijo a este diario: "Estamos en el camino de poner fin a la impunidad, pero es apenas el principio de un largo proceso que tendrá que desahogarse y que permitirá dejar en claro hasta dónde son responsables los acusados".

Es muy lamentable, subrayó Plascencia, que "hayamos tenido que esperar más de tres décadas para que se abriera la puerta de la justicia; por eso es muy importante que la consignación vaya muy bien integrada, bien fundamentada, para que los responsables no vayan a quedar nuevamente en la impunidad por falta de pruebas".

Durante sus indagatorias, Plascencia se entrevistó con familiares de desaparecidos, recorrió el estado de Guerrero, donde operó la guerrilla, y analizó documentos que se encuentran en el Archivo General de la Nación, en el Cisen y en la Secretaría de Gobernación.

Detalló: "en nuestra investigación por los desaparecidos de la guerra sucia dejamos muy en claro que hubo de parte del Estado servidores públicos que se excedieron en sus funciones públicas y, por tanto, tenían que deslindarse las responsabilidades correspondientes; nosotros no prejuzgamos sobre delitos o responsabilidades penales, porque esa no era nuestra función".

La responsabilidad penal "se acredita porque las denuncias que presentaron en su momento los familiares de las personas detenidas y posteriormente desaparecidas nunca progresaron; ahí está la responsabilidad del Estado, ahí se propició la impunidad de estos delitos y de todas las violaciones a los derechos humanos que se documentaron".

El funcionario de la CNDH sostuvo que todos los que ejercieron actos de represión y quienes debieron haber investigado en su momento y no lo hicieron tienen responsabilidades, que deben ser sancionadas, por lo cual podría haber un mayor número de detenidos.

Ese es un tema del que el fiscal especial tendrá que dar cuenta detalladamente, porque el informe de la CNDH habla de más de 500 presuntos desaparecidos, dijo.

De ellos, la comisión constató que en más de 200 casos hubo evidencias suficientes que acreditaban la desaparición luego de que fueron detenidos, es decir, la última vez que se les vio fue en cárceles o instalaciones públicas, y también se constató que en las instalaciones del Campo Militar número uno hubo detenidos de los que después no se supo su paradero, agregó.

Con esta consignación, añadió, podemos decir que estamos abriendo la puerta para que la justicia pueda empezar, es decir, apenas el principio de un largo proceso, pero es muy importante que esa consignación esté muy bien integrada.

El funcionario aseveró que con esta acción "estamos en el camino de poner fin a la impunidad; es halagador que a estas alturas estemos encontrando justicia y que exista la voluntad del Estado para que se apliquen las responsabilidades a los culpables".