Entregan a diputados el texto que detalla violaciones a la Constitución

Activistas denuncian anomalías en el proceso de extradición de los 6 vascos

ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

La agrupación Genaro Estrada entregó en la Cámara de Diputados un informe sobre el proceso de extradición que enfrentan seis ciudadanos de origen vasco presos en el Reclusorio Norte de la ciudad de México, en el cual se denuncia que la Procuraduría General de la República (PGR) los detuvo bajo acusaciones genéricas que en el fondo obedecen a una persecución política por discrepar del gobierno español.

El texto se encuentra en estudio en San Lázaro, para determinar si es respaldado por legisladores de todos los partidos políticos. En él se advierte que el año 2003 fue, sin duda, el más negativo con relación al derecho de asilo de los ciudadanos vascos que viven en México.

En tal periodo ocurrieron detenciones que significaron serias violaciones a los derechos políticos y humanos de las personas a quienes se acusa desde España de estar vinculadas con la organización independentista vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA).

En el texto se exponen los argumentos para rechazar la extradición de Juan Carlos Artola, María Asunción Gorrochategui, Félix Salustiano, Asier Arronategui, Ricardo Ernesto Sáenz García y Luis Castañeda Vallejo:

Por lo que toca a la supresión del envío de pruebas como requisito para conceder la extradición, contenida en la modificación -de abril de 2001- del tratado de extradición, "viola derechos fundamentales como el de la defensa y las garantías de legalidad y seguridad jurídica. Este tratado de extradición y algunas de sus modificaciones contienen artículos que violan la Constitución mexicana".

Respecto al ámbito de la violación del principio de igualdad, en el procedimiento se incurre en una grave anomalía, porque para el Estado español el pedido de extradición puede ocurrir en un plazo de 60 días, mientras a la defensa se le dan sólo tres para presentar su argumentación y formular sus excepciones. A pesar de los lineamientos del artículo 20 constitucional, en el cual se ordena que se han de recibir todas las pruebas que ofrezca la defensa, en este caso no se han admitido gran cantidad de evidencias documentales, como aquellas que avalan que las actividades realizadas por ellos en México eran lícitas.

Un elemento que es fundamental para no conceder la extradición es que los seis vascos "son perseguidos políticos, como lo demuestra el hecho de que se hayan enviado desde el Estado español documentos que los vinculan con el movimiento independentista vasco, así como la mera existencia del contencioso entre los pueblos español y vasco. En ese ámbito, el artículo 15 constitucional prohíbe expresamente la celebración de tratados para extraditar reos políticos".

Entre las causas que se suman al "anómalo proceso" se encuentra la de la intromisión en la soberanía nacional, porque la justicia competente para la averiguación de los delitos debiera ser la mexicana y no la española.

También se detecta una violación al principio de especialidad porque los delitos de los cuales se acusa a los seis vascos procesados por España no tienen correspondencia con los existentes en México. Por tanto, no puede forzarse la interpretación de algunos artículos del Código Penal mexicano para favorecer la extradición de esas personas.