Luis Javier Garrido

La inseguridad social

El gobierno foxista se ha empeñado en presentarse como el inicio de un nuevo régimen político en México, pero con sus políticas y prácticas ha venido demostrando que es una prolongación del viejo régimen de la tecnocracia priísta, como lo evidencia al intentar destruir las instituciones nacionales de seguridad social.

1. El país está viviendo una crisis latente por las políticas antipopulares y antinacionales del foxismo, pero el gobierno federal en vez de entender la gravedad de la situación económica y social busca con sus políticas exacerbar más el descontento popular, como acontece ahora que da un paso más en la escalada por destruir el sistema estatal de pensiones y jubilaciones.

2. La aprobación con los votos del PAN, el PRI, el PVEM y Convergencia en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados del dictamen de reformas a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 22 de julio, modificando sus artículos 277D y 286K para impedir que las cuotas obrero-patronales se utilicen para financiar las pensiones de los trabajadores, como ya lo habían hecho otras comisiones legislativas, con el argumento penoso de que los empleados de esa institución son "privilegiados" y de que ésta enfrenta un pasivo significativo, es un paso más en el proyecto neoliberal por destruir al organismo, creado en 1943 con el objetivo de atender a sus afiliados en las diversas ramas de la seguridad social, y que ha sido un pilar del México del siglo XX, como lo preveía quien fue su primer director, el abogado Ignacio García Téllez.

3. La nueva contrarreforma del gobierno foxista sobre seguridad social, que va en dirección de quitar al Estado su responsabilidad en la materia, hacer de ésta un negocio y condenar a los trabajadores a un destino incierto, le ha sido impuesta, como ya se sabe, por los organismos financieros internacionales, pero tiene para quienes pretenden aquí aprobarla un costo político que al parecer no han medido ni el gobierno foxista ni su aliado el PRI.

4. El primer impacto está siendo, desde luego, en el interior del propio sindicalismo priísta, y conduce a acelerar la destrucción del tricolor, pues Roberto Vega Galina, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, ha tenido un doble discurso, y si oficialmente se ha opuesto a la contrarreforma y votado contra en ella, acordó en lo oscurito un contrato colectivo de trabajo para el bienio 2003-2005 en el que a espaldas de los asalariados negoció una cláusula sobre jubilaciones y pensiones que acepta ya el nuevo régimen.

5. La mecánica parlamentaria mediante la cual se ha continuado el proceso de cancelación de los derechos sociales de los trabajadores ha sido, como se sabe, la misma desde 1988: mediante acuerdos oscuros entre los gobiernos priístas de Carlos Salinas, primero (1988-1994), y de Ernesto Zedillo, después (1994-2000), con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN y ahora del gobierno pro empresarial y panista de Vicente Fox (2000-2003) con las fracciones salinistas del PRI -la elbista, la madracista y las de varios gobernadores-, que ahora sí incluyen al CEN del tricolor (y el apoyo del PVEM y de Convergencia), en acuerdos hechos a espaldas y en contra de los empleados, los cuales han desembocado en las contrarreformas legales que exigen los organismos financieros internacionales.

6. El desmantelamiento del IMSS que ahora se pretende proseguir fue iniciado, como se ha recordado, con la contrarreforma diseñada por el gobierno de Zedillo al expedir una nueva Ley del IMSS en 1995, por la que los tecnócratas priístas con el apoyo del PAN buscaron: a) crear las condiciones para quebrar a la institución, como han hecho con todas las empresas públicas y de participación estatal, b) quitar responsabilidad al gobierno federal y al sector empresarial por el pago de sus cuotas y, al mismo tiempo, c) ir privatizando sus funciones. Y ahora lo que se busca es, conforme a la doctrina monetarista, sentar en la ley el principio neoliberal de que los trabajadores no deben percibir por pensiones y jubilaciones más que sumas ínfimas y que en ningún caso el Estado debe ser responsable de ello.

7. La tesis de Fox de que lo que buscan él y los tecnócratas priístas con la nueva contrarreforma es salvar al IMSS y al sistema estatal de seguridad social es tan mentirosa que muchos miembros del PRI han decidido no votar en favor de ella, lo mismo en la Cámara de Diputados durante el periodo extraordinario convocado el 22 para tal fin la semana entrante que, sobre todo, en el Senado, donde un grupo de priístas, entendiendo el costo político que esta medida entrañaría para su partido en 2006, buscan "desacelerarla" con el argumento de que es necesaria "una solución integral" al problema (Milenio Diario, 22 de julio), pero viendo sobre todo el derrumbe que tuvo la popularidad de Lula en el Brasil al imponer este año una modificación legal similar, en contra de la opinión de buena parte del Partido de los Trabajadores, su propio instituto político, obligado a votar una contrarreforma neoliberal contraria a los intereses de los obreros.

8. La seguridad social no reside, como creen Fox y su equipo, en las acciones represivas de los cuerpos policiales, sino en el respeto a los derechos sociales fundamentales: educación, salud, vivienda, trabajo, tierra, cultura y seguridad social.

9. La consignación de los presuntos responsables por el genocidio del 10 de junio de 1971 es por ello muy urgente al gobierno foxista y a Vicente Fox en lo personal (al margen de que ninguno de ellos vaya físicamente a prisión), no nada más porque sería una decisión que en apariencia lo deslindaría de los regímenes priístas que él califica como populistas y le permitiría hacerse publicidad como supuesto "demócrata", sino, sobre todo, porque constituiría una noticia que distraería a la atención nacional de problemas cruciales, entre ellas la pretensión gubernamental de profundizar en la privatización de Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro y, desde luego, el IMSS, o de las manipulaciones de Fox para hacer aprobar por las cámaras lo que se ha dado en llamar el "paquete estratégico" (las contrarreformas laboral, energética y fiscal) o su intento por imponer a quien lo va a suceder y la inhabilitación de Andrés Manuel López Obrador.

10. Las movilizaciones que se inician ahora por defender el derecho de los mexicanos de las próximas generaciones a tener en el futuro pensiones y jubilaciones dignas, que les trata de arrancar el gobierno de Fox, es por lo mismo fundamental para definir qué va a ser el México del siglo XXI.