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México D.F. Sábado 24 de julio de 2004
DESFILADERO
Jaime Avilés
Caso Tlaxcala: ¡expúlsenlos!
 Nueva iniciativa del Plan de los 3 Puntos
Federico Döring vuelve a la carga
Dos noticias dos. A todos los adherentes al Plan
de los 3 Puntos (antes de la Casa Lamm) aquí hay dos mensajes. El
primero es que, el próximo sábado, aparecerá en esta
página el nombre y la dirección de un foro en el ciberespacio
donde se intensificará el debate, disperso por ahora en otros espacios
de la red, sobre el inminente desafuero de Andrés Manuel López
Obrador.
El segundo mensaje es que, después de realizar
consultas entre sesudos especialistas del mundo jurídico, pero sobre
todo después de escuchar opiniones basadas en el sentido común
(ese gran consejero), debemos modificar la primera meta del proyecto, es
decir, la búsqueda de un millón de juicios de amparo contra
la destitución ilegal y antidemocrática del jefe de Gobierno
del Distrito Federal.
Me hicieron ver que, para solicitar un millón de
amparos, se necesita la asistencia personal de un millón de abogados,
lo que significa un desembolso monumental de dinero que no tenemos. Asimismo,
los quejosos tendrían que acudir a un juzgado de distrito, perder
el tiempo en antesalas, regresar a los ocho días a ratificar su
demanda y mil trámites más.
Por otra parte, lo más probable es que los señores
y las señoras jueces desechen el recurso con la mano en la cintura
y arrojen nuestros alegatos al basurero. Para evitar todas estas cosas,
cambiemos la pichada y pongámonos a escribir con tinta y de puño
y letra, meter en sobres de papel, decorar con timbres postales y echar
a los buzones del correo un millón de cartas dirigidas al presidente
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor Mariano Azuela
Güitrón, pero no las enviemos al edificio donde ese señor
trabaja, porque allí, simplemente, las desaparecerían.
Para que nuestra acción tenga visibilidad social,
impacto mediático y valor político, vayamos con la carta
en propia mano, o despachémosla a través del correo biológico
-ese de los antiguos, humildes y abnegados carteros- hacia la siguiente
dirección:
Antiguo Palacio del Ayuntamiento
Plaza de la Constitución, número 2
Oficina 18 (planta baja)
Colonia Centro
México, Distrito Federal.
¿Qué es la oficina 18? Bueno, allí
funciona la Dirección de Atención y Participación
Ciudadana, a cargo del señor César Cravioto, cuyo deber,
precisamente, es responder a las peticiones de la gente que a su escritorio
acuda. ¿Y cuál sería nuestra solicitud? Bueno, que
reúna todas las cartas que le lleguen de parte del Plan de los 3
Puntos y cuando éstas formen una montaña de sobres y palabras,
airadas palabras de quienes rechazan la injusticia que está por
consumarse, las muestre a la prensa y, acto seguido, atraviese con ellas
el Zócalo, en uno o varios tráileres, y se las lleve, él
sí, a Mariano Azuela Güitrón.
Quienes acudan a depositar personalmente su carta podrán,
de paso y si gustan, firmar un texto de 16 cuartillas en letra minúscula
y a renglón seguido, que constituyen el cuerpo del juicio de amparo
que están impulsando ya los abogados del PRD. Para ello, colocarán
mesas a la sombra de los portales donde usted podrá ser atendido.
Pero ésa es una iniciativa del PRD, no del Plan de los 3 Puntos,
y cada quien la tomará como desee.
La ventaja de escribirle una carta de protesta al presidente
de la Suprema Corte es que pueden acometer esa sencilla y apasionada tarea
todas las personas que crean conveniente hacerlo por el bien de la salud
pública del país. No se necesita para ello ser habitante
del Distrito Federal, de modo que todas aquellas personas que viven fuera
de la capital e incluso del país y hagan suya esta propuesta, no
enfrentarán impedimento legal ninguno y además quedarán
en absoluta libertad -no sujetas al corset de los lenguajes leguleyos-
de manifestarse con sus propias palabras, exponer sus razones y sentimientos,
y exigir lo mismo que se pretendía lograr a través de los
amparos: justicia, alto al atropello que están a punto de cometer
Vicente Fox, Santiago Creel, Rafael Macedo de la Concha, Roberto Madrazo
Pintado, Luis Felipe Bravo Mena y los diputados del PRI y del PAN, es decir,
los golpistas, los atrabiliarios, los vándalos que con tal de sacar
a López Obrador de las elecciones de 2006, están dispuestos
a destruir el sistema electoral de México y provocar un baño
de sangre de consecuencias incalculables.
El segundo mensaje para los confabulados en el Plan de
los 3 Puntos es que, a partir de la semana próxima, quedará
abierto en la red un foro cibernético con ese nombre (ya tenemos
el dominio y la página está en construcción), pero
de momento, si están de acuerdo, difundan la iniciativa de las cartas
al presidente de la Corte a través de los tres espacios de Internet
en donde el asunto actualmente se discute: el foro http://www.dinero.tv
(del generoso Enrique Galván Ochoa), el foro http://mx/
yahoogroups.com/group/No_al_desafuero/ (a cargo
de don Manuel Sahagún Lizárraga) y el foro http://www.plandelacasalamm.150.com
(que fue creado por doña Silvia Muro antes que la Casa Lamm pidiera
el cambio de nombre). Estas son las noticias por el momento, pero el sábado
próximo habrá muchas más. Por lo pronto, a invitar
a todas las personas cercanas a escribirle un millón de cartas a
Mariano Azuela Güitrón, exigiéndole que impida el desafuero
de López Obrador.
Vergüenza en Tlaxcala
Mientras los trabajadores del Seguro Social marcharon
ayer por el Paseo de la Reforma prometiendo que jamás volverán
a votar por el PRI ni por el PAN, los directivos del PRD se hacen bolas
o se hacen guajes con el problemón que les ha creado la pareja gubernamental
de Tlaxcala. Como todos sabemos, el gobernador de aquella entidad, Alfonso
Sánchez Anaya, ha decidido imponer como sucesora en el trono a la
señora María del Carmen Ramírez que, por casualidad
o coincidencia, es también su esposa. Para este par de irresponsables,
el universo, la ética y la política empiezan y terminan en
ese pequeño estado productor de sarapes y los delirios de Marta
Sahagún son cosa que nada les importa.
Después de imponer a su consorte como candidata
del PRD a la jefatura del Poder Ejecutivo estatal, Sánchez Anaya
realizó una consulta telefónica entre sus parientes y amigos
y descubrió que el "pueblo", la masa informe de sus fieles vasallos,
desea que continúe en el poder hasta el último día
de su mandato para que le cuide la campaña electoral con suficientes
recursos y proteja antes, durante y después de los comicios a la
mujer que lo acompaña en la vida, en la cama, en la mesa y en el
trono.
¡Qué inmoralidad! Ahora que doña Eme
se ha replegado (mediáticamente) en espera de mejores vientos para
remprender el viaje de Los Pinos hacia Los Pinos, el dúo tlaxcalteca
le dice, con actitudes inequívocas, que no desmaye, que no desista,
que retome sus ilegítimas pretensiones dinásticas. Pero la
directiva nacional del PRD, encabezada por Leonel Godoy, tampoco ha demostrado
ser capaz de situarse a la altura de las circunstancias. Quién sabe
cuánto dinero reciba esa organización del gobierno de Sánchez
Anaya, o cuánto percibirá cuando sea coronada la reina de
opereta Maricarmen I de Apizaco. Lo cierto es que por ese plato de lentejas,
los perredistas parecen dispuestos a hundirse -más aún, mucho
más aún- en el plano nacional frente a la elección
presidencial de 2006. Cuauhtémoc Cárdenas tampoco ha ejercido
su autoridad simbólica al respecto.
Por mero instinto de supervivencia, ya no hablemos de
dignidad, de altura de miras o de grandeza, el PRD está ineludiblemente
obligado a expulsar al matrimonio Sánchez-Ramírez sin importar
el costo económico o las prebendas que sus burócratas dejen
de percibir. A cambio, se cubrirían de gloria al echar a patadas
a esos dos militantes indeseables, ingratos, avorazados, inmorales y canallescos.
¡Expúlsenlos ya!
Döring desde las tinieblas
Aunque está muerto para los efectos para los que
fue gestado, el caso Ahumada tendrá un nuevo episodio con la súbita
y misteriosa reaparición de Gustavo Ponce, el ex jefe de Finanzas
del GDF que en sus horas libres trabajaba como lavador de dinero
de procedencia ilícita y desconocida al servicio del empresario
adicto al chantaje y a los sobornos, que todavía conserva una relación
de estrecha complicidad con Rosario Robles.
Quince días atrás -eso está plenamente
confirmado-, la ex presidenta nacional del PRD visitó de nuevo a
su supuesto amante en el Reclusorio Norte con el único fin visible
de pedirle que incluyera en su lista de visitantes a un conocido periodista
amarillo de la televisión marginal. Gracias a esta intervención,
el comunicador pudo entrevistar a Ahumada en su celda y poner su grabadora
a las órdenes de la estrategia jurídica de éste, ayudándolo
a reiterar que fue "torturado" en Cuba, para desvirtuar el testimonio de
más de 40 horas, debidamente videograbadas, que ofreció a
las autoridades de La Habana.
Pero mientras Ahumada trata de conquistar la piedad de
la opinión pública y Ponce regresa al escenario de sus tristes
éxitos, el diputado panista Federico Döring, el mandadero de
Diego Fernández de Cevallos, intenta abrir otro frente de batalla
manipulando una información relacionada con Martí Batres
que nadie había tomado en cuenta. En agosto de 2000, después
de ser elegido como diputado federal perredista, el actual subsecretario
de Gobierno del GDF entregó la presidencia de la Asamblea Legislativa
(ALDF) capitalina a un triunvirato conformado por René Arce, del
partido negro y amarillo; Manuel Aguilera, del PRI, y Miguel Hernández
Labastida, del PAN.
Faltaban dos meses para que la nueva legislatura chilanga
los sustituyera pero, aprovechando ese momento de transición, Arce,
Aguilera y Hernández manejaron a su antojo un paquete presupuestario
de 56 millones de pesos, de cuyo uso y aplicación no dejaron huella
alguna. Hasta ese momento era costumbre que la ALDF no rindiera cuenta
de sus dineros y, apelando a esa tradición, el triunvirato citado
se despachó con la cuchara grande. Ahora, a través de medios
informativos siempre dispuestos a colaborar con el golpe en contra de López
Obrador, Döring está agitando las aguas con el cuento de que
ese dinero se lo robó Martí Batres, cuando la verdad es que
debería exigir que se investigue tanto a Arce y Aguilera, como a
Hernández Labastida, que trabaja en la Secretaría de Gobernación
bajo la batuta de Santiago Creel.
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