La entrega del expediente al juez, golpe a la impunidad: comités de búsqueda

Llaman a la movilización para apoyar acción contra responsables de matanza

Seguiremos peleando hasta que digan dónde están los desaparecidos: Rosario Ibarra

ROBERTO GARDUÑO

La consignación del expediente ante un juez de distrito contra los responsables de la matanza del 10 de junio de 1971 significa un golpe a la impunidad y a la injusticia que la sociedad en su conjunto debe apuntalar mediante la movilización, coincidieron integrantes de comités de búsqueda de desaparecidos. La decisión del fiscal Ignacio Carrillo Prieto fue asumida en su justa medida por Rosario Ibarra de Piedra, Magdalena Gómez, Raúl Alvarez Garín y Félix Hernández Gamundi, al considerarla el inicio del proceso tendiente a conocer el destino de los desaparecidos en el periodo 1960-1970.

Con dureza, la señora Rosario Ibarra anunció que la búsqueda continuará, porque "nosotros no tenemos deseo de venganza, no odiamos. Más bien tenemos lástima de los hombres que ahora son acusados por la terrible vida que llevan. No vamos a aceptar nada de la fiscalía, no vamos a aceptar que se nos diga que es un hecho histórico. ¡Todo puede ser un hecho histórico! La justicia debe ser un hecho cotidiano. Por eso estamos probablemente radicalizadas. Estamos probablemente llenas del anhelo de justicia, que tanta falta nos ha hecho durante tanto tiempo, y vamos a seguir peleando. Vamos a aceptar que sea un hecho histórico cuando sepamos dónde están todos los desaparecidos, cuando sepamos qué hicieron con ellos, cuando hayamos descubierto toda la verdad y cuando esos señores estén cumpliendo la condena. No queremos penas de muerte, no queremos deseos de venganza. No odiamos a Echeverría ni a ninguna gente de ésa".

Al abordar el tema de la actuación del gobierno de Vicente Fox frente a los crímenes cometidos durante la llamada guerra sucia, Rosario Ibarra, promotora del Comité Eureka, recordó que desde el inicio de las acciones de la fiscalía encabezada por Carrillo Prieto los familiares de los desaparecidos decidieron no participar por los pobres argumentos del funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR).

"Ya nos había dañado mucho la PGR, nos había echo muchas groserías. Quiero recordar la falacia de que iba a hacer un censo de indigentes, que porque tenía la idea de que entre ellos iba a encontrar a los desaparecidos. Después dijo el fiscal que iba a buscar en los hospitales siquiátricos y más tarde aseveró que podrían encontrarse en alguna cárcel, y nosotros preguntamos a los medios de comunicación si el gobierno foxista tenía cárceles clandestinas."

Para colmo de males, expresó, los señores del Partido Revolucionario Institucional, los jurisconsultos, los que saben mucho, que son sapientes, entre los que se encuentra Sergio García Ramírez, ha perdido credibilidad porque encabeza al Comité Interamericano de Derechos Humanos y ahora defiende al señor Luis Echeverría. Cómo es posible creerle cuando le llevamos información y se burló de nosotros. ¿Cómo tenerle fe al gobierno de Vicente Fox?, porque en este país la justicia no llega. El gobierno mueve la ley y la Constitución. Hemos ido de un engaño a otro, por eso somos escépticos, no vamos a aceptar nada, y estamos probablemente radicalizados. Nosotros queremos saber dónde están todos los desaparecidos, manifestó.

Falsas amenazas

Por su parte, Raúl Alvarez Garín señaló que la consignación propiciará "una situación muy importante para avanzar en el conocimiento del destino de los desaparecidos"; no obstante, alertó que "para sorpresa de todos han aparecido elementos muy preocupantes, como amenazas de que la situación de la vida política del país puede cambiar. Se mencionan procesos de ingobernabilidad, de inestabilidad, con argumentos que son muy conocidos por todos nosotros, porque fueron los que se utilizaron para las persecuciones en los años 60 y 70".

El integrante del Comité 68 exhortó "a consolidar el golpe. Ya está la acusación, ya están los delitos de que se trata, pero eso no quiere decir que necesariamente termine como todos quisiéramos. El golpe se enfrenta a distintos escenarios negativos que los abogados de la oposición se encargan de alimentar: una cuestión planteada era una campaña de prensa de que la fiscalía no tenía nada en sus manos y se insinúa que con estos elementos no era posible una consignación, y que la fiscalía podría derrumbarse y desaparecer ante su incapacidad profesional ante las dificultades internas que puede tener".

Ante esta campaña de descrédito, manifestó Alvarez Garín, "no tenemos gran cosa qué hacer, excepto observar cómo se está dando y tener la precaución de no alimentar ese tipo de cosas, a pesar de que haya inconformidades con el manejo que se ha dado a un problema u otro.

"Este ambiente de rumores y calumnias, diciendo que no hay nada, a nosotros nos afecta, porque hemos entregado una cantidad de documentos y evidencias que nos parecen suficientes para procesar a esas personas. El problema de máxima prioridad es conocer el destino de los desaparecidos, porque la situación está cambiando cualitativamente. Pensamos que ya está roto o está muy cerca de romperse el tema de la impunidad y de las complicidades."

Sobre el tema del delito de genocidio, el líder del movimiento estudiantil de 1968 consideró que la aplicación de los esquemas represivos en las décadas de 1960 y 1970 se fundamentó en una doctrina represiva estadunidense:

"El genocidio se configura como elemento importante y difícil de probar en órganos judiciales, porque implica intención, propósitos, pero en la cuestión internacional se implica con una doctrina de persecución en la que se instruye a los elementos de las fuerzas armadas a que actúen sin escrúpulos contra los opositores, y esto se encuentra en las doctrinas de seguridad nacional con inspiración estadunidense, relacionada con la Operación Cóndor de Sudamérica. Y lo que es muy grave, es que el priísmo restituyó todo el lenguaje de esa doctrina para su declaración política de apoyo a Luis Echeverría, en contra de los opositores. Una visión optimista es que esto no tiene espacio en la vida democrática del México de hoy, y lo podemos derrotar demostrando el salvajismo y la perversidad que están contenidos, y que podemos actuar porque hoy, en México, la sociedad determina el rumbo del país. Estamos obligando a que se actúe en una dirección diferente derrotando estas concepciones ideológicas."

Un pequeño paso

A su vez, Magdalena Gómez sostuvo que el 22 de julio de 2004 puede pasar a la historia como una burla más en el proceso de búsqueda de la verdad histórica, para que ésta se convierta en verdad jurídica y se asuman las responsabilidades y se deslinden también las mismas, pero también la fecha quedará como evidencia documental de una acusación específica por un delito de lesa humanidad como el genocidio.

"En esta larga lucha podemos considerar que éste es un pequeño paso que puede tener implicación en el siguiente sentido: el estado de derecho en nuestro país no se sostiene más en la óptica leguleya de atenerse a la norma del derecho interno y de cobijarse para destruir la dimensión del derecho internacional, del derecho internacional humanitario, sobre todo de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido. Hemos encontrado un ambiente tendiente a descalificar la lucha por la justicia y por la reivindicación de los derechos humanos, y para que no nos hagamos ilusiones de que vendrá la buena justicia. De acuerdo con el derecho internacional, se cometió genocidio y éste debe ser castigado."

Acusó que algunos medios de comunicación han emprendido una campaña para vender a la sociedad la idea de que el delito de genocidio no se configura, que prescribieron esos crímenes, que las pruebas que testifican los testimonios, los documentos, las revistas, entre otros, tampoco valen.

"Lo que se dio ayer es una gota. El camino hacia la justicia, hacia la verdad, aún es muy largo, pero de alguna manera enfrentar hasta sus últimas consecuencias estos procesos nos va a servir para abrir nuevos espacios en esta lucha por tener en nuestro país un real y verdadero estado de derecho."

Por su parte, Félix Hernández Gamundi recordó que la campaña de la sociedad contra la fuerza del Estado representa "un esfuerzo muy grande. Estamos en una lucha muy desbalanceada, desigual, porque cuando se les pega la gana pueden hacer uso de todos los recursos del Estado. A pesar de que a veces los contrarios nos reclaman y afirman que esta movilización significa cierta presión a la ley y a la justicia, pienso que está muy claro que no hay otra manera de avanzar".