ONG señalan pendientes en materia de derechos humanos

Castigo a los responsables de la represión política de los años 60 y 70, promoción de una política de Estado de derechos humanos y esclarecimiento de los asesinatos en Ciudad Juárez constituyen algunos de los pendientes del actual gobierno en materia de garantías individuales, de acuerdo con informes presentados por organizaciones civiles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Una treintena de representantes de ONG se reunió la noche del jueves con expertos de la CIDH, en la que también manifestaron su preocupación por los derechos indígenas y el combate a la inseguridad.

Las organizaciones además instaron al Estado mexicano a que mantenga una política interna coherente con su discurso y actuación internacional en materia de derechos humanos, y que cumpla las recomendaciones de la CIDH.

Edgar Cortez, coordinador de la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, explicó en representación de las ONG participantes en el encuentro que hasta ahora el Estado no ha hecho los cambios estructurales que permitan dar respuesta a esas recomendaciones.

Advirtió, por ejemplo, que en el proceso de elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos no están garantizadas la atención y la promoción efectiva de las recomendaciones, y tampoco la participación de la sociedad civil para alcanzar consensos en la definición de nuevas políticas.

Las agrupaciones también señalaron que las propuestas para enfrentar la delincuencia son violatorias de los derechos humanos, indicaron que falta un adecuado sistema de justicia que contribuya a combatir la inseguridad, y mencionaron como otro problema grave la discriminación hacia las mujeres, particularmente en el caso de Chihuahua.

Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, consideró que se han dado avances, pero con lentitud, y que sigue pendiente una reforma del Estado que coloque los derechos humanos como eje central.

Cortez dijo que manifestaron su inquietud de que los crímenes de la guerra sucia queden impunes a partir de las declaraciones del PRI y de otros sectores. Por ello, insistieron en que se debe tomar en cuenta el sistema interamericano de derechos humanos, el cual ha generado jurisprudencia para que estos delitos sean sancionados.

También se quejaron de la participación militar en actividades que competen a las autoridades civiles; las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, y la falta de una adecuada investigación de las agresiones cometidas contra periodistas.

Además expresaron su preocupación por las reservas y declaraciones interpretativas que se han hecho a instrumentos internacionales, así como la falta de ratificación del estatuto que crea la Corte Penal Internacional.

Cortez indicó que manifestaron su inquietud por que las comisiones estatales de derechos humanos no han logrado ser totalmente autónomas y que además han enfrentado los embates de gobernadores que buscan profundizar el control sobre estos organismos, como los de Querétaro, Veracruz y Puebla.

Entre las agrupaciones que suscribieron la exigencia se encuentran el Centro Fray Francisco de Vitoria, el Centro de Reflexión y Acción Laboral, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

CLAUDIA HERRERA BELTRAN