Enrique Calderón Alzati

A propósito de Tlaxcala

En mayo de 1998, el triunfo del candidato del PRI a la gubernatura de Tlaxcala parecía inevitable, por varias razones. Primero, porque era el candidato impuesto por el gobernador en turno; segundo, porque Tlaxcala era un estado donde el PRI había dominado y seguía dominando por amplio margen a los partidos de oposición, y tercero, porque las encuestas publicadas por los diarios locales aseguraban su triunfo indiscutible, a dos meses de las elecciones.

Había un pequeñísimo prietito en el arroz: la esposa del candidato priísta había revelado en una entrevista radiofónica que su esposo la golpeaba y la encerraba, cuando andaba pasado de alcohol, lo cual sucedía con frecuencia. De hecho, buena parte de la población parecía estar bastante enojada con el candidato, no sólo porque le pegara a la esposa sino por sus desfiguros constantes de origen etílico.

La organización Alianza Cívica de Tlaxcala realizó entonces un estudio de opinión con resultados sorprendentes, en los que se podía observar que el candidato Sánchez Anaya estaba a un paso de alcanzar al priísta en las preferencias electorales. La dirección del PRD, a cargo de López Obrador en aquel momento, no dio importancia a tales resultados, pero cambió de opinión algunas semanas después, cuando una nueva encuesta de Alianza Cívica mostró que el candidato Sánchez Anaya tenía oportunidades reales de ganar la elección.

Para el PRD el triunfo de Sánchez Anaya fue un regalo, porque ante las pobres expectativas que la elección de Tlaxcala les ofrecía, había orientado todos sus recursos a apoyar a los candidatos de Zacatecas y Oaxaca.

Sin el apoyo del PRD, la competencia de Sánchez Anaya se daba en condiciones muy difíciles, por lo que la participación de Alianza Cívica de Tlaxcala resultó decisiva, con el solo hecho de observar las elecciones y denunciar las anormalidades detectadas. La aplicación de una encuesta de salida, organizada por la misma alianza con apoyo de la Fundación Rosenblueth, y la difusión oportuna de sus resultados, impidió la comisión del fraude final, y así el candidato del PRD pudo finalmente ganar la elección.

El agradecimiento del PRD y de Sánchez Anaya hacia la Alianza Cívica de Tlaxcala y su reconocimiento a la organización fue enorme y bien conocido en la entidad.

La organización civil adquirió gran relevancia en el estado, el nuevo gobierno la contrató para realizar diversos estudios de opinión; la relación se mantuvo en muy buenos términos durante más de dos años, para luego enturbiarse a partir del momento en que el gobernador propuso la candidatura de su esposa al Senado de la República.

Para Alianza Cívica, la iniciativa del gobernador era inaceptable, implicaba el abuso del poder y era incompatible con los principios democráticos por los que la organización trabaja; allí se terminó la amistad y la relación de trabajo, pero las cosas no pararon allí.

Nuevas acciones de autoritarismo y de nepotismo fueron denunciadas por la Alianza Cívica de Tlaxcala, en la medida que el gobernador maniobraba para obtener consensos y creaba el entorno para la candidatura de su esposa a la gubernatura, con el apoyo de la dirección del PRD, por conducto de Jesús Ortega, primero, y de Carlos Navarrete después.

Un capítulo extraño de la historia fue el asalto y la destrucción total de las oficinas privadas de la coordinadora de la Alianza Cívica de Tlaxcala, hecho que nunca fue esclarecido.

Hoy, el gobernador Sánchez Anaya no está en condiciones de negar que la candidatura de su esposa es una total hechura suya, en la que usó todos los recursos y palancas de poder a su alcance. Por su parte, el PRD no puede alegar su desconocimiento del proceso, rasgándose las vestiduras ante lo que ahora parece inevitable, cuando en su momento dejó que las cosas pasaran, sin prestarles la atención debida.