Arguye el incumplimiento del artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB

Presentará el PRD controversia contra canje de bonos Fobaproa

La operación, "el atraco más artero al erario perpetrado por el gobierno de Vicente Fox", denuncia Ramírez Cuéllar El convenio entre el gobierno y los bancos involucrados carece de legalidad, afirma

ROBERTO GARDUÑO

El Comité Ejecutivo Nacional del PRD presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el canje de pagarés Fobarpoa a IPAB convenido entre el gobierno de Vicente Fox y cuatro instituciones bancarias. Los argumentos del sol azteca se fundamentan en el incumplimiento del artículo quinto transitorio de la ley del IPAB que obliga a las autoridades a fincar procesos de responsabilidad administrativa y penal contra los responsables del rescate bancario.

En ese contexto, se confirmó ayer por la tarde que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, comparecerá el próximo lunes 26 de julio ante la Comisión Especial para Investigar el Rescate Bancario en la Cámara de Diputados. La presencia del funcionario en San Lázaro obedecerá a la renuencia de los legisladores del PRD y PT por aceptar el cambio de los pagarés, porque "constituye el atraco más artero al erario perpetrado por la administración de Vicente Fox", manifestó Alfonso Ramírez Cuéllar.

Una semana después de haberse convertido en deuda pública el monto de los pagarés, que el gobierno calcula en 107 mil millones de pesos y el PRD en 223 mil, la dirigencia de ese partido solicitó a sus asesores en la Cámara de Diputados la elaboración de un estudio comparativo entre el mandato del artículo quinto transitorio, el exhorto de la Comisión Permanente para respetar ese precepto y las acciones que llevará a cabo el IPAB como resultado del convenio signado con los bancos.

El artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB señala claramente el mecanismo y las condiciones que se deben cumplir para el canje de pagarés Fobaproa por los nuevos pagarés IPAB, y en dicho mandato se destaca lo siguiente:

"En la medida que las operaciones del fondo sean auditadas, se procederá conforme a lo siguiente: en caso de que la auditoría reporte irregularidades, se procederá inmediatamente a deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar, y los infractores asumirán su plena responsabilidad legal y económica; una vez concluidas las auditorías, las instituciones correspondientes podrán optar por dar por terminados los contratos y cancelar las operaciones que mantenían con el fondo, para lo cual deberán regresar al mismo los títulos de crédito que éste hubiera emitido a favor y a cambio, el fondo les deberá devolver los derechos de cobro de la cartera objeto del Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC)".

El citado artículo establece que, en caso de detectarse créditos ilegales, el IPAB podrá optar por rechazar y devolver los mismos a los bancos, quienes tendrán la obligación de designar otros activos por un monto equivalente al de los créditos devueltos a satisfacción del instituto.

Es decir, el artículo quinto transitorio abre las tres rutas que el gobierno de Vicente Fox está obligado a seguir para firmar el convenio de intercambio de pagarés Fobaproa a IPAB: "la auditoría detecta irregularidades, hecho que implica proceder a deslindar responsabilidades, y los infractores deberán asumir el costo legal y económico de sus acciones; la auditoría determina créditos ilegales, lo que significa que el IPAB puede optar por rechazar los créditos y devolverlos a los bancos, los cuales deberán designar otros recursos para resarcir el daño y, si la auditoría no detecta irregularidades ni ilegalidades, entonces se procederá a canjear la obligación de pago".

El hecho fundamental de la denuncia del perredismo es que en el proceso de análisis de los pagarés de capitalización o compra de cartera, el gobierno federal, vía sus autoridades hacendarias, en concordancia con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el IPAB sólo se ocupó de canjear el pagaré Fobaproa por un instrumento nuevo emitido por el IPAB sin detectar irregularidades. Y también rechazó sustituir o reducir el monto del pagaré aun cuando se encontraron créditos ilegales.

"La tarea que no desempeñaron en Hacienda se refiere a que no se deslindaron responsabilidades legales y económicas, entendiéndose que esto podría implicar una reducción en el monto de los nuevos pagarés, porque las auditorías sí encontraron irregularidades", sostuvo el analista financiero Mario di Costanzo.

Por tales razones, los perredistas concluyeron en que el convenio celebrado entre la Secretaría de Hacienda y los bancos carece de legitimidad y transparencia en virtud de no haberse respetado las consideraciones del exhorto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en relación con el conflicto de intereses de los promoventes, Jonathan Davis y Luis Mancera Arrigunaga. El canje no incluyó el análisis y procesamiento del documento elaborado por el órgano interno de control del IPAB el 20 de marzo de 2002, donde se concluye la existencia de beneficios irregulares a Banamex, Bancomer y Bital por 36 mil 989 millones de pesos, producto de la venta de cartera con todo e intereses moratorios, perdón sobre reservas, esquema de incentivos y créditos relacionados no identificados por Mackey.

Por lo que hace a la transparencia, existe documentación que prueba las consultas para recibir asesoría de parte del diputado Manuel Pérez Cárdenas, presidente de la comisión investigadora del rescate bancario, a los abogados de los bancos referidos, Jorge Gaxiola y Luis Robles Mieja. Y se refiere que el convenio no atiende la ley del instituto porque no revisa las operaciones irregulares, sino sólo los créditos contenidos en el PCCC.

De tal forma que el costo financiero, insiste el PRD, implica una transferencia de deuda a los contribuyentes de más de 250 mil millones de pesos.