No negociaremos delitos del pasado, asegura Creel

Zapopan, Jal., 25 de julio. "El gobierno federal no negociará los delitos del pasado ni dejará de investigarlos", prometió el secretario de Gobernación, Santiago Creel. El funcionario afirmó que la apelación que el fiscal Ignacio Carrillo Prieto presentará a la resolución del juez César Flores fortalecerá el estado de derecho. "Es muestra de un país democrático y de la gobernabilidad hacer uso de todas las instancias", dijo, tras reiterar que las investigaciones y las violaciones a los derechos humanos no son negociables. El funcionario se manifestó en contra de todo lo que sea un arreglo fuera de las instituciones. "Estoy en contra de una negociación política que se rija sobre cuestiones de derecho, eso no debe siquiera estar a discusión", agregó. El secretario de Gobernación reconoció que existen riesgos políticos, y aunque no especificó cuáles, advirtió a quienes piden la negociación de los delitos del pasado "no conocen el panismo".

Detrás de la decisión, un pacto inconfesable, dicen PRD y PT

El fallo no implica que Echeverría no sea culpable de genocidio: PAN

MARIANA CHAVEZ Y ENRIQUE MENDEZ CORRESPONSAL Y REPORTERO

La directiva del Partido Acción Nacional (PAN) afirmó que la decisión del juez César Flores Rodríguez de negar la orden de aprehensión contra el ex presidente Luis Echeverría estuvo apegada a derecho, pero acotó que "eso no quita que Echeverría y quienes lo acompañaron" en la decisión de reprimir y matar a estudiantes en 1971 "son asesinos y deben ser castigados por genocidio".

El Partido Revolucionario Institucional refrendó, por su parte, el "aplauso" al juez Flores Rodríguez por "no dejarse utilizar para agredir a los adversarios del régimen", y en ese sentido, el ex dirigente nacional del tricolor, Mariano Palacios Alcocer, argumentó que con la determinación del juez "las intentonas de revanchismo político del gobierno de (Vicente) Fox no prosperaron".

En cambio, los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados denunciaron que detrás de la resolución judicial hay un "acuerdo inconfesable" entre PAN y PRI para que el tricolor apruebe las reformas de Fox "a cambio de impunidad, de que el ex presidente se regodee, libre y sin el peso de la zozobra de ser juzgado".

Muchos indicios apuntan hacia un "arreglo en lo oscurito", dijo el diputado Miguel Alonso Raya, presidente de la Comisión de Seguridad Social, quien la semana pasada alertó sobre una negociación PRI-PAN para evitar la consignación de Echeverría si los priístas se comprometían a aprobar la reforma a la Ley del Seguro Social.

"Hay un ambiente enrarecido, y en la medida que la reforma se discuta en un periodo extraordinario encontraremos más elementos de ese acuerdo entre los dos partidos", señaló.

En ese sentido, el coordinador de la diputación del PT, Gonzalo Yáñez, insistió en el "intercambio de impunidad por la contrarreforma neoliberal al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y que en los hechos demuestra que México está gobernado por mafias en los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial".

Y, como la política nacional "se amafió, Luis Echeverría está más campante que antes, porque ya no le pesa la angustia de poder ser llevado a tribunales. Ahora quizá sólo quede el juicio de la historia, pero yo apelaría a que el país no se revuelque en el lodazal de la ignominia y la desvergüenza", dijo Yáñez.

El vocero de los diputados perredistas, Inti Muñoz Santini, consideró "un pésimo precedente en la búsqueda de justicia" la decisión del juez César Flores, porque no sólo constituye un paso atrás en la lucha contra la impunidad, sino que agrega un punto más a las sospechas sobre una negociación entre la cúpula del PRI y el gobierno federal "a cambio de que los priístas apoyen las reformas económicas y de seguridad social del presidente Fox".

Una vez más, expuso, se han conjuntado los intereses de la derecha y el pasado represivo del Revolucionario Institucional, y "ambos constituyen un obstáculo para la transición a la democracia y la construcción de un México diferente".

Por su parte, el diputado del PRI Alberto Aguilar Iñárritu, integrante de la Comisión de Defensa Nacional, consideró "natural" la resolución del juez, porque -argumentó- las acusaciones contra Echeverría y el ex secretario de Gobernación Mario Moya "se fundaron en el marketing político, en el uso del escándalo judicial como arma electoral".

Sostuvo que si bien los asesinatos de estudiantes el 10 de junio de 1971 constituyeron "hechos muy graves y dolorosos para una sociedad que exigía libertades y recibió la terrible respuesta de la muerte, la represión y el autoritarismo", reabrir esa herida no contribuye a la vida actual del país. Hay que aprender, dijo, los aspectos "positivos" de esa lucha, por ejemplo que el uso de las armas no soluciona nada.

Mientras, en Querétaro, el secretario general del PAN, Manuel Espino, consideró que "más allá de lo que se establezca en el estado de derecho es importante distinguir que la decisión del juez no implica que Echeverría o Moya no hayan cometido genocidio y que no sean asesinos".

Por su parte, el coordinador de los senadores del PAN, Diego Fernández de Cevallos, consideró que se debe apelar la resolución, porque la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) ha manifestado públicamente que existen los elementos suficientes para que se lleven a juicio a los presuntos responsables.

Agregó que "nadie puede negar que aquellos hechos fueron realmente dolorosos, injustos, que representaron acciones de gobierno absolutamente en el ámbito de la barbarie, pero eso no quita que los procedimientos legales deben de normarse por las leyes y que son el fiscal especial y el juez de la causa quienes tienen que decir la última palabra".