La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) -el llamado "club de los ricos", al cual México pertenece por capricho del salinismo- dio a conocer en su informe Health Data 2004 que en los últimos cinco años, en sus 30 estados miembros, hubo un aumento significativo en el gasto en salud. Sin embargo, nuestro país ocupó el penúltimo lugar en ese rubro por habitante, al igual que en medicamentos y en prevención; es decir, es, junto con Turquía y República Eslovaca, el país que menos ha invertido a ese respecto.

No obstante, la OCDE recomendó en su estudio Rumbo a sistemas de salud de alto rendimiento reducir el gasto público en salud, reforzar los controles administrativos en el sector, analizar la posibilidad de transferir parte de los costos de los servicios médicos a los usuarios y privilegiar una mayor participación de la medicina privada en la atención a los habitantes. Cabe subrayar que en ambos documentos el organismo no se refiere a "inversión", sino a "gasto".

A la luz de estas últimas recomendaciones, queda claro que las políticas de seguridad social del gobierno foxista y de los que le antecedieron guardan absoluta congruencia con el proyecto neoliberal global encaminado a privatizar los servicios médicos, empezando por "moderar" el impacto en el presupuesto del gasto en salud.

En este proyecto encajan las reformas a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que actualmente impulsan en el Congreso PRI, PAN, PVEM y Convergencia, para prohibir que las cuotas obrero-patronales se utilicen para financiar las pensiones de los trabajadores, con la supuesta intención de paliar la crisis financiera que enfrenta el instituto, pero que en los hechos tendrá efectos demoledores para los actuales pensionados y trabajadores en activo afiliados al IMSS, cuyo derecho a recibir una pensión digna, una conquista laboral histórica, quedará vulnerado por la vía de una reforma legal. De concretarse, la iniciativa de marras se sumará a las que impulsó el gobierno de Ernesto Zedillo en 1995 y 1997 para el repliegue del Estado de su responsabilidad de proveer de servicios de salud a la población y garantizar seguridad social a los trabajadores.

Los efectos del recorte al presupuesto en el rubro de salud, constatado por la OCDE, están hoy a la vista de todos: abrupto deterioro de los servicios que presta el IMSS, desabasto de medicamentos, carencia de personal médico para atender a los derechohabientes y pensiones de miseria, entre otros. Efectos que el gobierno federal y los patrocinadores de la nueva reforma al instituto pretenden ahora atribuir a vicios y desórdenes administrativos. Pero, mientras el Ejecutivo y la mayoría en el Congreso avanzan en la estrategia para asestar un golpe al IMSS a fin de cumplir así con los compromisos del gobierno con los organismos financieros internacionales, cada vez más mexicanos carecen de un régimen de seguridad social y se impone la lógica neoliberal de que sólo quienes puedan pagar podrán acceder a los servicios de salud y, dada la situación de estancamiento económico y aumento del desempleo, cada vez son los menos.

Con los niveles de pobreza y desigualdad social existentes en México, el repliegue del Estado en el ámbito de la seguridad social, como recomienda la OCDE para los países ricos, no sólo es irresponsable, sino criminal. El Congreso tiene en sus manos la responsabilidad histórica de frenar este proceso privatizador.

A partir de hoy, lunes 26 de julio de 2004, este diario incrementa su precio de portada a 10 pesos por ejemplar. La casa editora de La Jornada se halla consciente del impacto negativo que esta medida tiene en el bolsillo de los lectores, especialmente en el enrarecido entorno económico presente, caracterizado por los síntomas de recesión y el repunte del desempleo.

Por ello se buscó postergarla todo el tiempo que fue posible y se procuró absorber por otras vías los incrementos de los insumos utilizados en la elaboración del diario, de los salarios de sus trabajadores y de los costos fijos del periódico.

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