La guerra sucia, reflejo de que la impunidad domina en el sistema mexicano

Aplicar la ley y la justicia, promesa incumplida de los 6 gobiernos recientes

Ningún crimen quedará sin ser esclarecido en mi sexenio, ofrecimiento de Fox en 2001

Los últimos seis presidentes de la República -de Luis Echeverría a Vicente Fox- han prometido aplicar "la ley y la justicia", así como castigar a los responsables de asesinatos como el de Digna Ochoa, Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu; los crímenes de jueves de Corpus y las matanzas de indígenas en San Juan Lalana, Oaxaca; Pantepec, Puebla; Aguas Blancas, Guerrero y los de Chiapas:Acteal y El Bosque.

Pese a los compromisos, todos son expedientes abiertos y forman parte de una larga lista de hechos violentos que se han perpetrado en el país en los pasados 34 años y, hasta el momento, se mantienen impunes ante la opinión pública.

En plena campaña electoral de 2000, el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia de la República se sumó al cúmulo de promesas al asegurar que de llegar a Los Pinos no "habría impunidad" y que se castigaría a quien resultara responsable -incluyendo a jefes de Estado- por la "violencia y la brutalidad" habidos en los años de la guerra sucia.

Siendo ya Presidente de México Vicente Fox, la abogada Digna Ochoa fue encontrada muerta (19 de octubre de 2001) con un disparo de arma de fuego calibre .22, en un despacho de la colonia Roma que compartía con las también abogadas Pilar Noriega y Bárbara Zamora.

Reaparecieron las promesas presidenciales: "ningún crimen quedará impune en mi gobierno". El presidente Fox admitió que era un asesinato político, pero hasta el momento la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y la Procuraduría General de la República han negado que la investigación esté llena de irregularidades, tal y como lo ha confirmado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Como candidato y ahora como Presidente de la República el tema de los asesinatos en serie de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, ha sido un tema que persigue a Vicente Fox en sus giras por México y en sus constantes viajes al extranjero. Su promesa se repite: "mi compromiso con la búsqueda de la verdad y el castigo de los responsables es tan fuerte como el agravio que estos homicidios nos han provocado".

Fox, al igual que los cinco presidentes de la República que lo antecedieron, hizo suya la promesa de lograr el esclarecimiento de la guerra sucia. En varias ocasiones, el mandatario ha hecho pública su voluntad de investigar lo ocurrido en las matanzas de 1968 y 1971, y ha asegurado que todo el pasado debería quedar "clarificado en la medida de lo posible".

Sólo las 3 mil páginas que documentan los 532 casos denunciados de personas desaparecidas entre 1970 y 1980 presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en noviembre del 2001 hicieron reaccionar al mandatario federal para que cumpliera su palabra.

Se opuso a crear una comisión de la verdad y propuso que la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) se hiciera cargo de las investigaciones.

Las promesas presidenciales para resolver los hechos violentos que marcaron los gobiernos de los pasados 34 años se iniciaron con el ex presidente Luis Echeverría, hoy acusado de genocidio por la matanza de jueves de Corpus en 1971.

El gobierno de Luis Echeverría también impulso la represión en el campo. En 1975, elementos del Ejército mexicano asesinaron a diez campesinos.

Durante el sexenio de José López Portillo fueron descubiertos los cadáveres de varios narcotraficantes colombianos arrojados al canal del desagüe de la ciudad de México, que posteriormente aparecieron en el río Tula. En 1981, coordinado por Francisco Sahagún Baca, un grupo de agentes especiales de los llamados jaguares de la policía de la ciudad de México, participó en el múltiple homicidio de 11 colombianos dedicados al tráfico de cocaína y un taxista mexicano. Es otro caso que se mantiene impune.

En el gobierno lopezportillista también quedaron impunes diversos hechos violentos registrados en el campo: el asesinato de 29 indígenas en San Juan Lalana, Oaxaca; el homicidio del dirigente campesino Pedro Beltrán, el 4 de abril de 1978; la muerte de 21 agricultores en Tehuipango, Veracruz; la ejecución de 26 campesinos en Tlacolula, Veracruz, y en 1981 ocurrió la masacre de campesinos en Pantepec, Puebla.

Pero sin duda fueron en los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo cuando se registró el mayor número de asesinatos políticos y se realizaron las peores matanzas en las zonas indígenas del país.

En los seis años del salinismo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) documentó que 600 de sus militantes y simpatizantes fueron asesinados. Entre ellos Francisco Xavier Ovando, coordinador de la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, y su acompañante Román Gil Heraldez.

A la historia de desapariciones y matanzas se sumó la impunidad con que actuaban las fuerzas de seguridad del gobierno. El 6 de mayo de 1990 ocurrieron dos enfrentamientos entre campesinos y elementos de la Policía Judicial Federal en el poblado Aguililla, Michoacán, con un saldo de ocho personas muertas.

Otro caso nunca resuelto fue la matanza de siete agentes de la Policía Judicial en Tlalixcoyan, Veracruz, que perseguían a los ocupantes una avioneta procedente de Colombia que transportaba 370 kilogramos de cocaína pura. Los victimarios fueron elementos del Ejército Mexicano.

Casi al final del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el asesinato de dos conocidos políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) provocó un cisma en el sistema mexicano.

El 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, Tijuana, fue asesinado el candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Es un crimen que las autoridades no han querido o podido esclarecer.

La mañana del 28 de septiembre de 1994, al salir de una reunión con diputados de su partido, en La Fragua número 3, ciudad de México, José Francisco Ruiz Massieu, entonces secretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), también fue ultimado a mansalva. Al igual que el de Colosio, el de Ruiz Massieu es un caso cerrado para la Procuraduría General de la República.

El periodo presidencial de Ernesto Zedillo se caracterizó por una serie de hechos de sangre que consternaron a la opinión pública nacional e internacional. Los acontecimientos más violentos se registraron en Guerrero y Chiapas.

El 28 de junio de 1995, en las afueras de la comunidad Aguas Blancas, en el municipio Coyuca de Benítez, fueron emboscados miembros de la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS). Un grupo de 200 policías estatales acribillaron al contingente que se dirigía a Atoyac para manifestarse contra el gobierno de Rubén Figueroa y exigir el suministro de insumos agrícolas. Murieron 17 personas y 19 resultaron heridas.

El 23 de diciembre de 1997 ocurrió una matanza sin precedente en la historia de México. Unos 200 paramilitares miembros del Partido Revolucionario Institucional asesinaron a 45 niños, mujeres y hombres de la etnia tzotzil que se encontraban refugiados en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, en el estado de Chiapas.

El 10 de junio de 1998, paradójicamente, mil elementos del Ejército Mexicano apoyados por policías judiciales federales y estatales se internaron en el municipio autónomo El Bosque, en Chiapas. Se trataba, aseguraban los gobiernos estatal y federal, de una persecución contra presuntos miembros del EZLN, que "asolaban a los habitantes de la región". Los indígenas del lugar rechazaron la incursión militar y tras un enfrentamiento murieron ocho campesinos.

Ninguno de estos hechos violentos se han esclarecido. Forman parte del expediente de las promesas presidenciales nunca resueltas en su totalidad.

DE LA REDACCION